La covid disparó una protesta de recolectores de residuos

En una asamblea, denunciaron que a los contagiados no les pagaban los días sin trabajar. Conciliación obligatoria.

QUITE DE COLABORACIÓN. Los trabajadores realizaron la asamblea en la puerta de la sede de la firma.  QUITE DE COLABORACIÓN. Los trabajadores realizaron la asamblea en la puerta de la sede de la firma.
21 Enero 2022

Las complicaciones que está generando la tercera ola de coronavirus se sumó ayer a una serie de reclamos de los trabajadores de la recolección de residuos sólidos urbanos y terminó derivando en una medida de fuerza que dejóa San Miguel de Tucumán, cuanto menos durante media jornada, sin la prestación de ese servicio público.

La protesta fue protagonizada por empleados de la Empresa de Transporte 9 de Julio, quienes celelbrar una asamblea frente a la sede de la empresa en la avenida de Circunvalación. Durante esa deliberación resolvieron declarar el quite de colaboración con la firma. Determinaron, además, que no volverían a prestar servicios hasta que no se resolvieran sus demandas. Es decir, la medida era por tiempo indeterminado. Solamente la intervención estatal, que derivó en el reconocimiento de algunas de las demandas que reivindicaban los trabajadores, destrabó el conflicto horas después.

Las demandas

Con los camiones parados como escenario de fondo, los recolectores de residuos esgrimieron, como reclamo principal, que la empresa, presuntamente, no estaba pagándoles a los trabajadores con diagnóstico de covid-19 los siete días de aislamiento que deben guardar, durante los cuales, por supuesto, no prestan servicios.

Precisamente, Javier Chávez, delegado de los trabajadores de la firma, manifestó en diálogo con LA GACETA, que entre “las numerosas demandas” por las que protestaban, “la más importante es la situación de los empleados con diagnóstico clínico de covid que se ven obligados a asistir a trabajar porque como la empresa se niega a pagarles por los días que se encuentren en aislamiento, si no se presentan no cobran”.

Chávez subrayó, además, que esa situación, que calificó que injusta con los que se han contagiado de coronavirus, entraña un riesgo latente para aquellos que no se han infectado.

“A la gente que está positiva con covid, la empresa la está mandando a trabajar lo mismo. Con lo cual nos exponemos todos y nuestras familias”, afirmó.

“La empresa, además de desconocer los nuevos casos de coronavirus y los protocolos de aislamiento para el personal, ignora los certificados que confirman que los trabajadores han contraido la enfermedad, inclusive cuando se trata de los (documentos) que han sido expedidos por los hospitales públicos. La situación con la que nos enfrentamos es que si hoy el Siprosa te da un comprobante, con el sello del del hospital y del médico, en la empresa te contestan que es una mentira. Hay compañeros a los que les dijeron: ‘ese papel lo puede hacer cualquiera’ y no se los hacen valer”, aseveró.

“Los muchachos con todos los síntomas están trabajando. Si no, lo se les paga -insistió Chávez- Un compañero en mi sector presentó (el miércoles) un certificado que dice que tenía covid y le contestaron que sólo le justificaban un día de inasistencia”.

Los otros reclamos que hicieron públicos los trabajadores de la 9 de Julio en la asamblea son en contra de la escasez de elementos de seguridad e higiene, la falta de acondicionamiento y sanitización de los camiones, y la falta de mejoras en sus lugares de trabajo.

Chavez afirmó que no había “buen diálogo” con la empresa y que él, personalmente, había recibido “amenazas y aprietas” por la realización de la asamblea. “Queremos que se solucione el problema porque nosotros queremos cuidarnos y a nuestras familias”, subrayó.

Intervención estatal

Durante la asamblea, los trabajadores aseguraron que habían elevado un petitorio a la empresa el pasado miércoles 12 por lo que, al momento de la protesta, había pasado más de una semana sin que obtuvieran una respuesta.

A partir de la medida de fuerza, la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria. Se resolvió que la empresa aceptará los certificados de covid expedidos por el sistema público y pagará a los contagiados los siete días de aislamiento. (Producción periodística: Paula Cavanna)


La Municipalidad evalúa si debe multar a la empresa

El director de Higiene Urbana de la Municipalidad de la Capital, Jorge Pérez Musacchia, aseguró que están en su cartera se encuentran analizando si la Empresa 9 de Julio ha incurrido en incumplimiento de sus obligaciones, como consecuencia de la medida de fuerza de los trabajadores que paralizó la recolección de residuos sólidos urbanos durante la mañana de ayer. “No nos vamos a involucrar en ese conflicto, ajeno a la municipalidad. Lo que vamos a hacer, si evaluar si estamos ante un caso en que la empresa no ha cumplido con los servicios correspondientes. De ser así, se aplicará una multar, como corresponde”, manifestó el funcionario, consultado por LA GACETA. Pérez Musacchia aseguró que “los servicios de la municipalidad no se han visto resentidos porque desde la Dirección de Higiene Urbana se contempló la situación. Se actuó con operatividad propia”.

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