Por Santiago Re
07 Enero 2022
HUBO AUSENTES. Uno de los acusados no pudo presenciar la audiencia por haber dado positivo a Covid.
Como si se tratara de inicios del 2020, cuando la pandemia llegaba a nuestro país, la Covid-19 volvió a ser protagonista de una audiencia judicial.
La circunstancia ocurrió el miércoles, cuando un acusado por tentativa de robo agravado planteó que se postergara la reunión por Zoom hasta que el otro acusado estuviera en condiciones de presenciar el debate.
Luego de escuchar a las partes, la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci rechazó el planteo y ordenó que Walter Fabián Zelaya y Ariel Rodrigo Vizcarra continúen detenidos por 60 días más y a la espera de que la investigación finalice.
Planteo preliminar
Zelaya presenciaba la audiencia desde una oficina de la seccional 13ª, pero Vizcarra no participó porque, según le informaron a la Justicia los efectivos de la seccional 6ª, dio positivo de Covid y permanecía aislado.
La magistrada pidió primero a las partes que plantearan su postura sobre si consideraban necesario postergar la audiencia.
Francisco Galindez, auxiliar de la Unidad Fiscal de Flagrancias de Feria, a cargo de Carlos Saltor, manifestó que era necesario proceder con la audiencia fijada sin la presencia del segundo acusado porque se cumplían los plazos de la prisión preventiva y necesitaban solicitar una prórroga de 90 días para dar por concluida la etapa investigativa y solicitar la apertura de juicio.
La defensora oficial Anabella Maza Villalba, entendiendo la situación, no se opuso a que la audiencia se desarrollara.
La jueza finalmente resolvió que la audiencia continúe y argumentó las razones ente una posible apelación.
El denunciante, José Ávila, no pudo seguir el debate del caso por cuestiones laborales.
Robo en las vías
El 7 de octubre de 2021, a las 1.40 horas, la víctima circulaba en su motocicleta por calle Castro Barros 2.700 y, al llegar a la intersección de ese camino con las vías del ferrocarril (altura diagonal Alejandro Heredia), fue interceptado por dos delincuentes que circulaban en otra moto.
Según la acusación, Vizcarra fue quien descendió del rodado mientras Zelaya lo esperaba al volante para agilizar el escape. El primero le pegó a la Ávila con un arma de fuego exigiéndole todas sus pertenencias. La víctima, que no iba cargado de cosas de valor, le entregó la billetera en la que llevaba $ 2.000 y los papeles de la motocicleta.
Por razones ajenas a su voluntad, los ladrones no lograron su objetivo porque al instante apareció una patrulla policial que recorría esa zona y comenzó a perseguir a los delincuentes. Durante la persecución, los agresores habrían hecho una mala maniobra por la que terminaron cayeron al suelo.
Según se informó, Zelaya, que en ese momento tenía el arma de fuego, corrió e intentó guarecerse dentro de una vivienda pero fue derribado y aprehendido por uno de los efectivos. Por su parte, Vizcarra fue arrestado a los pocos metros portando cinco municiones de arma de fuego. Ambos fueron imputados en octubre por tentativa de robo agravado por el uso de arma de fuego.
La pistola, las municiones y la moto en la que se movilizaban quedaron secuestradas y los elementos sustraídos devueltos a la víctima.
Galindez también detalló que el 6 de diciembre, la jueza Ana María Iácono había dado lugar a la prórroga de la preventiva por 30 días para ambos acusados, entendiendo que aún persistían los riesgos de fuga y entorpecimiento. El auxiliar fiscal también remarcó que en el caso de Vizcarra ya existe una condena previa. Por esos motivos, y explicando las limitaciones que existen durante la feria de enero, pidió 90 días más de arresto.
La defensora Maza Villalba hizo hincapié en que los acusados ya habían pasado 90 días detenidos y que los riesgos de entorpecimiento de la investigación ya no existían, por lo que solicitó medidas de menor intensidad señalando el arresto domiciliario como la coercitiva recomendable. Zelaya, por su parte, no declaró durante la grabación.
Luego de escuchar los fundamentos de las partes, Apás Pérez de Nucci resolvió extender la prisión preventiva que pedía la Fiscalía, pero por el plazo de 60 días.
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