Hace 20 años: el miedo se adueñó de las calles

Hace 20 años, el Servicio Meteorológico Nacional había pronosticado jornadas climáticas inestables para la provincia. Esa inestabilidad que combinaba jornadas de agobiante calor, tormentas y rápidos descensos de la temperatura máxima, tranquilamente podía compararse con lo que sucedía en las calles. El humor social se alteraba con el correr de los minutos a raíz de las restricciones económicas que adoptada el gobierno de Fernando de la Rúa; la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) decretaba un paro por 48 horas y las parroquias desbordaban de personas que se acercaban para pedir un plato de comida.

El 19 de diciembre, por disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) los ahorristas de todo el país habían quedado habilitados para extraer $ 500 extras de sus cuentas bancarias. Dieciséis días antes ya se había aplicado el “corralito” que limitaba la extracción de $ 250 (por semana) o $ 1.000 (por mes) en los cajeros.

Ante este contexto económico, el economista Víctor Elías aseguró que la provincia contaba solo con la mitad del dinero en efectivo que necesitaba. De acuerdo a su estimación el dinero circulante había caído de $ 280 millones a $ 230 millones, en cuestión de meses. Y de ese total, solo 28% -equivalente a $ 64 millones- constituía dinero efectivo, porque el resto eran papeles. En medio de este clima, el sector comercial había experimentado notables bajas en sus ventas. Comerciantes del microcentro capitalino llegaron a manifestar que el dinero en efectivo representaba apenas el 10% de sus ingresos mensuales en ventas.

Tucumán no era ajeno del escenario nacional y ante la creciente tensión social, que se evidenciaba con los primeros saqueos en provincias como Santa Fe y Mendoza, las autoridades del Gobierno provincial se reunieron el 18 de diciembre con empresarios supermercadistas para analizar la implementación de un Programa Alimentario Adicional. La iniciativa, con la que el gobernador Julio Miranda buscaba evitar escenarios de violencia y confrontación entre la ciudadanía, se implementaría desde enero de 2002, en forma paralela a los planes sociales. “La crisis nos golpea a todos. Pero este gobierno viene trabajando hace tiempo con planes sociales en comedores infantiles y escolares. De todas formas, creemos que esa ayuda no es suficiente y por eso estamos trabajando en esta nueva opción. También les solicitamos a los empresarios que contribuyan con un precio especial en la compra de alimentos, con el objetivo de llegar a un mayor número de gente con los mismos recursos”, enfatizó en ese entonces el secretario de Desarrollo Social, Hugo Cabral. Desde Buenos Aires, el presidente De la Rúa expresaba que los ataques a cadenas de supermercados no debían ser motivo de alarma.

Los primeros focos de conflicto que se registraron durante estos días, tuvieron como escenario las rutas 38 y 329. En el sur provincial, trabajadores del ingenio La Trinidad cortaron el tráfico para exigir el pago de sus salarios adeudados desde septiembre.

Noche de tensión

La noche del 19 de diciembre fue agitada. En el ámbito político sobresalía la renuncia del ministro Cavallo y en las calles la presión era cada vez mayor. Entre las 18 y las 20 de ese día se saquearon una decena de comercios de la capital, Banda del Río Salí y Tafí Viejo. En algunos casos se observó a familias con sus hijos, y en otros, jóvenes encapuchados y armados con piedras, palos y armas blancas. Ante los hechos de violencia, la Policía intervino con gases y balas de goma y detuvo a un numeroso grupo de personas. Al caer la noche, 400 efectivos de Gendarmería sitiaron el microcentro.

El gobernador Miranda se pronunció al respecto y con un mensaje en el que intentó transmitir tranquilidad, garantizó la propiedad  y la seguridad de los ciudadanos. Y advirtió que los actos de violencia iban a ser reprimidos. “Entre todos debemos preservar la paz social”, enfatizó.

Por la escalada de violencia en las calles, el Gobierno Nacional tomó una de sus últimas medidas: Decretó el estado de sitio por 30 días en todo el país. Pero, lejos de calmar a la población, el ruido de las cacerolas se adueñó del espacio público y la situación empeoró.

Durante esas horas, en Tucumán reinó el caos. “Hordas de indigentes y de activistas convirtieron a la capital tucumana en un campo de batalla, donde las piedras y los balazos partían indistintamente de las filas policiales y de los empleados de los comercios, así como también de los grupos revoltosos”, relató una de las crónicas que publicó LA GACETA en la edición del 20 de diciembre.

Uno de los enfrentamientos más cruentos se registró en un supermercado de avenida Brígido Terán al 700. Empleados, vigilantes privados y policías resistieron la embestida de más de 300 personas que lograron ingresar a un galpón y sacar mercadería. Escenas similares se repitieron en otros establecimientos comerciales de la ciudad.

La salida

“¡Que se vayan todos!”, gritaba las gente en las calles y el 20 de diciembre se conoció la salida del poder de Fernando de la Rúa. Mientras tanto, las oleadas de saqueos y enfrentamientos se diseminaron por todo el país. Aquí se registraba una nueva jornada de violencia que tuvo como principal víctima a los comercios de la periferia.

Para resistir los embates de los revoltosos, los puesteros del Mercofrut se armaron. Con escopetas, revólveres y pistolas en sus manos impidieron saqueos e hirieron a tres personas. Todo esto ocurrió ante la mirada de gendarmes y policías. La tensión que se vivía por aquel entonces en las calles generó que vecinos de distintos barrios armaron barricadas o se subieran a los techos de sus casas para protegerse de posibles ataques ante las amenazas.

Ese día hubo asaltos en estaciones de servicio; unas 20 personas también intentaron saquear el Hospital Avellaneda; se registraron ataques a automovilistas y hasta en la intersección de Salta y Santiago del Estero llegó a verse a un grupo de remiseros que detenían colectivos para hacer descender a los pasajeros y obligarlos a subirse a sus autos.

Después de recibir en Casa de Gobierno un detallado informe sobre los incidentes, el gobernador Miranda manifestó que esos actos delictivos eran “encabezados por grupos aislados” y remarcó que hasta ese entonces, la fuerza de seguridad había detenido a centenares de personas. “Estos son momentos en los que debemos sustraernos de la cuestión política y actuar en función de las necesidades de la comunidad”, dijo el mandatario y remarcó que el agotado sistema económico nacional había marginado a miles de familias argentinas. Los fatídicos días de diciembre de 2001 terminaron con unas 600 personas detenidas, todas ellas producto de los saqueos, en distintas dependencias y 70 hospitalizados en la provincia.

La noche del 20 de diciembre, las calles de San Miguel de Tucumán lucían desoladas. Por el miedo que generaron la violencia y la incertidumbre, los vecinos se resguardaron en sus casas. El silencio sepulcral se rompió poco después de la medianoche cuando una multitud, emulando lo que sucedía en Capital Federal, se acercó hasta las esquinas de Plaza Independencia para manifestarse y entonar las estrofas del Himno Nacional.  

Comedores a la deriva

El mantenimiento de los comedores infantiles y la ayuda a las personas más vulnerables quedaron, prácticamente, en manos de la comunidad. Cáritas, que ese año había lanzado su colecta anual bajo el lema Campaña bajo el lema “para el hermano, un lugar en tu pesebre”,  admitió que las parroquias están desbordadas por los pedidos de la gente. Y casos como el del comedor Don Bosco, dependía en un 90% de las donaciones particulares. El Estado solo destinaba $ 450 para alimentar a 300 chicos, y la Caja Popular había suspendido los subsidios.

Jorge Chicó, uno de los referentes de la organización religiosa, afirmó que en las parroquias donde se reparten medicamentos (San roque, San Gerardo y Santísimo Sacramento) las filas de personas que van con sus recetas superas las dos cuadras. “Las parroquias tienen que agudizar la imaginación para satisfacer la demanda de la gente”, apuntó.

48 horas de paro

El 18 de diciembre, rectores de 36 universidades públicas, nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), intimaron al ministro de Economía Domingo Cavallo a que regularice de forma inmediata el pago de los sueldos de noviembre. Desde la entidad se le pidió al titular de la cartera económica no recortar en el Presupuesto 2002 los fondos destinados a la educación superior. En esa oportunidad, el Consejo también eligió a Mario Marigliano, rector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), como su presidente. Por su parte, los gremios docentes de la casa de altos estudios se sumaron a la protesta de 48 horas a la que convocó la Conadu “en defensa de la educación pública”.