Todos los argumentos están sobre la mesa. El primer fiscal en ser llevado a juicio oral por presunto encubrimiento agravado en la investigación que él mismo hizo del crimen de Paulina Lebbos dice que luchó con “obstáculos insalvables” y repartió acusaciones a otros magistrados y al sistema; y el fiscal Gerardo Salas le endilgó que actuó para eludir a la Justicia y que “tiene un cero en perspectiva de género”. También lo dijo la abogada querellante, Soledad Deza, en representación de la hija de Paulina. “Dejó morir pistas”, aseveró, para ampliar que “esta provincia huele a muerte y a sangre”. Estos argumentos van a pesar en los jueces que deben decidir en esta quincena el destino del fiscal que en el primer día del juicio oral, el martes 23 de noviembre, dijo que la noche anterior no había dormido bien. “Es la misma sensación de rendir un examen”, describió. ¿Esta explicación liviana es un signo de estos tiempos líquidos, o encaja en el diagnóstico que hizo de él la perito Cecilia Arrien Zucco, cuando dijo que era egocéntrico, narcisista, con baja tolerancia a la frustración y con dificultad para desarrollar el insight y hacerse cuestionamientos sobre su conducta? Advirtió, eso sí, que estaba bien cuerdo y que podía “darse cuenta de las normas esperables socialmente”.

Como sea que haya servido la evaluación psicológica sobre el ex fiscal llevado a proceso en el tercer juicio que se hace en la investigación del crimen de Paulina, este proceso no ha sido un examen, sino otro acercamiento duro a una tragedia que enloda a esa provincia sacudida por este asesinato que ya lleva 15 años sin que se haya llegado a la verdad total, que es saber quién la mató.

Este “examen” volvió a rondar alrededor del encubrimiento -tal como fue el primer proceso oral, en 2013, cuando fueron condenados tres policías de Raco (habían llegado acusados por este mismo fiscal Albaca, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y resultaron condenados -dos de ellos por encubrimiento agravado y uno por falsedad ideológica-)- y el segundo, de 2019, en el que ya no recibieron sentencia empleados menores sino jerarcas: un ex secretario de Seguridad y cuatro ex policías, entre ellos un jefe y un subjefe policiales y un encargado de área. Condenados también por encubrimiento.

Espejo poderoso

Ahora es un ex fiscal, que tenía potestades de mando sobre todos los otros que resultaron condenados. Las acusaciones fueron subiendo de categoría, ya en el límite de las prescripciones con un alargamiento silencioso y exasperante de los tiempos judiciales, que nadie ha sabido explicar. No obstante, Alberto Lebbos, padre de la víctima, piensa que las cosas están de algún modo encaminadas. “Creo que todos tienen un espejo poderoso donde mirarse, que es el juicio anterior, donde a personas como (el ex secretario de Seguridad) Eduardo di Lella, que no tenían tanta responsabilidad como el fiscal, recibieron la máxima condena”.

Si en esta investigación se fue avanzando en el desentrañamiento de esa cadena de encubrimiento que ha enmarañado toda la investigación, la cuestión ha sido dificultosa y lenta. Los empleados de la Fiscalía II, que estuvo a cargo de Albaca, dieron la impresión de ser quienes menos saben del caso Lebbos en Tucumán. El ex secretario Emilio Salazar dijo que no recordaba nada (enfrenta ahora una acusación por falso testimonio) y otros dos prosecretarios dijeron que no tuvieron acceso a la causa.

La pericia perdida

Las bioquímicas forenses Lilia Amelia Moyano y Graciela Daives explicaron su papel en las pericias a la prueba fundamental del pelo hallado en el cuerpo de la víctima, pelo que fue examinado siete años después de haber sido hallado, cuando ya se encontraba “en estado de putrefacción”, como describió Moyano. De eso también hablaron tres expertos policiales -Miguel Ángel Gómez, Hugo Rafael Cabezas y César Agüero-, quienes tuvieron a su cargo un “informe reservado” sobre toda la causa (que hicieron a pedido del mismo Albaca en 2013 cuando, según describe Lebbos, ya se veía acorralado).

Este informe reservado es curioso: su existencia se conoció en 2019 cuando dio testimonio Cabezas en el anterior juicio y relató que lo tenía en su computadora. El tribunal de ese juicio le pidió que fuera a buscarlo. Se lo habían entregado al fiscal pero no por mesa de entradas. No figuraba en ninguna parte de la causa. Al parecer, el análisis que hicieron de la causa les sirvió para que hicieran recomendaciones para profundizar líneas investigativas en pericias de teléfonos y de ADN.

Un análisis similar de la causa hizo un año después Bernardo Lobo Bugeau -a mano, con birome y papel, con la reticencia de Albaca- y sirvió para que se avanzara en la decisión de quitarle la causa al fiscal. “Mi conclusión es que no había ninguna razón legal para que el homicidio no sea esclarecido”, dijo Lobo Bugeau al declarar en el actual juicio.

Pero de las presentaciones en las audiencias de las bioquímicas, de los peritos de Buenos Aires y de los tres policías del “informe reservado” no se pudo avanzar para saber por qué el pelo no fue peritado antes. ¿Era tan malo el sistema en 2006? ¿Nadie fue responsable por la mala conservación (eje de la defensa de Albaca)? No se profundizó esta inquietud. No obstante, todos los peritos consultados coincidieron en que las muestras genéticas debieron tomarse cuanto antes, no siete años después del hecho.

Todos los fiscales que intervinieron de un modo u otro en las investigaciones sobre la muerte de Paulina -Alejandro Noguera, Marta Jerez de Rivadeneira, Mariana Rivadeneira, Diego López Ávila-, citados a testimoniar, lo hicieron por escrito, al igual que el ex gobernador José Alperovich, que se aferró a sus fueros de senador nacional (dejó de serlo el 10 de diciembre).

Lebbos dice que las limitaciones que Albaca afirmó que lo condicionaban fueron superadas después por López Ávila, que es quien hizo la investigación que llevó a las condenas en el segundo juicio.

Albaca, en su misma defensa, mostró una distancia que no corresponde a un funcionario de la categoría que tenía, al relatar que el día del hallazgo del cuerpo en la zona de Tapia él pasó y vio las irregularidades que se estaban cometiendo, ya que no se había preservado la escena. Había un delito en flagrancia, dice Lebbos, y él era fiscal presenciándolo.

Así como del segundo juicio surgió el “informe reservado” que se examinó en este proceso, también hubo un acercamiento a uno de los escenarios mencionados en la investigación de la muerte de Paulina, que es El Cadillal, donde el ex secretario privado de Alperovich, el ex gendarme Alberto Kaleñuk, tuvo una casilla en un camping montado en un predio usurpado. El confeso usurpador, Luis Olivera, dio su testimonio sobre la cabaña y tras sus declaraciones en las que reveló que se había entregado una veintena de predios para cabañas se sugirió que se lo podría procesar por la usurpación.

Ejes de la investigación

Kaleñuk falleció en 2016. Su hijo, Sergio Kaleñuk, precisamente, es desde el segundo juicio, uno de los ejes de la investigación del crimen. Según describió en marzo pasado el fiscal Carlos Sale, la estudiante habría sido asesinada por su pareja, César Soto, quien era amigo de Kaleñuk en la barra brava de Atlético Tucumán. Este era subsecretario de la Gobernación y habría ayudado a Soto. Esto habría desencadenado el gigantesco encubrimiento. “Si alguien pregunta quién es Soto para que le den tanta protección, yo pienso que Kaleñuk lo ayudó y la maniobra fue para protegerlo a él, no a a Soto”, dice Lebbos. El padre de Paulina relata que apenas se supo del crimen él llevó a Soto a Investigaciones, dijo que era sospechoso y que poco después Albaca, cuando quedó a cargo de la causa, le quitó a él el rol de querellante y se lo dio a Soto en su condición de ex pareja de Paulina.

El cuarto juicio por el crimen está todavía en la nebulosa, por medidas procesales. Soto declaró ante el fiscal Sale, Kaleñuk no. También se espera que se realicen procesos contra más de 40 acusados de falso testimonio en el segundo juicio -muchos miembros de la Policía y hasta el mismo ex gobernador Alperovich- “Eran falsos testimonios cometidos en sala de juicio, delitos en flagrancia. No sé por qué aún no se han investigado”, analiza Lebbos.

¿Y los homicidas?

“Tal vez nunca se identifiquen a los autores. Esto es de una gravedad inusitada para un funcionario público encargado de luchar contra la impunidad. Albaca despreció la confianza depositada en él por la sociedad y por la familia Lebbos”, dijo en su alegato el fiscal Gerardo Salas. El defensor de Albaca puso énfasis en los “obstáculos insalvables. No hay vuelta posible si ha sido maltratada la escena del crimen”, dijo el defensor Macario Santamarina, que remarcó que “Albaca no le encontró el pelo al huevo en este caso, pero López Ávila tampoco. Él hizo las medidas que recomendaron los policías en 2013 por pedido de Albaca, pero no halló a los homicidas”.

El ex fiscal se enfrenta a una pena de seis años de prisión por encubrimiento agravado -llegó acusado de once delitos- y “un año de prisión preventiva”, al decir del acusador Salas-. Si fuera condenado, se quedaría encerrado en su casa, porque ya cumplió 70 años. Eso es lo que espera de este “examen” que no lo dejó dormir en la noche previa al juicio oral.

Más allá del fallo, pegan fuerte en nuestro medio las palabras de la abogada querellante cuando describió que la hija de Paulina, que pasó su vida bajo la presión de una lucha casi infructuosa en busca de la verdad, quiere cambiarse de apellido para dejar de sufrir. “El Estado omitió castigar a los responsables. Omitió enjuiciarlos. Esta provincia huele a muerte y a sangre para siempre”, dijo.

Lebbos, pese a todo piensa que se avanza, aunque el esfuerzo es enorme. Ya van 15 años en búsqueda de la verdad. y se va hacia otro proceso. “Mi expectativa es que estos tipos se quiebren y hablen”, remarca, como desde el primer día.

Comentarios