La Casa Rosada mira con preocupación al Congreso Nacional. Las últimas elecciones han dejado al Gobierno frente a una sola alternativa: sentarse a negociar con la oposición cada vez que necesite la sanción de leyes. El presidente Alberto Fernández ya no podrá gobernar en base a Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), sin que el Parlamento cuestiones con fuerza algunas medidas que considere inoportunas. El Poder Ejecutivo necesita imperiosamente del aval legislativo para avanzar, por ejemplo, en acuerdos que hacen a la gobernabilidad de una Argentina en crisis. Mañana mismo, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tendrá que defender ante la comisión de Hacienda de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto para 2022. El programa económico plurianual, prometido por el propio Presidente para estos días, deberá esperar hasta fines de mes. El Palacio de Hacienda tiene esperanzas en cerrar un nuevo acuerdo por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes que se cierre este 2021. El contrapunto entre Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marca una luz de alerta en ese sentido. “El FMI ha vivido condicionando a la democracia Argentina”, había dicho la presidenta del Senado durante el acto por el Día de la Democracia. “Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que signifique poner en compromiso el crecimiento”, respondió el jefe de Estado. En medio de esta puja, el economista Martín Redrado, a quien se lo vio cerca de la Rosada, salió a opinar respecto de este contrapunto de la cúpula del Frente de Todos. “Aprendí a mirar los hechos y no tanto los discursos y las palabras. No me distraería tanto en los discursos (por el acto del Frente de Todos), sino en los hechos”, dijo. El economista no tiene dudas de que, más allá de la dialéctica, “los accionistas de la coalición gobernante todos quieren un acuerdo con el Fondo. Los intereses convergen, por más que es algo no deseado, pero saben que tienen que enfrentar esto”.
¿Cómo pueden repercutir esas divisiones internas en el Congreso? Según el analista político Sergio Berensztein, aquellas divisiones internas del oficialismo, y también de la oposición, no deberían comprometer el funcionamiento del Parlamento. “No ponen en riesgo la unidad de las coaliciones predominantes, aunque hay que ver cómo será el comportamiento que tendrán en temas específicos como el acuerdo con el FMI”, plantea en una charla con LA GACETA.
El consultor observa que habrá mucha paridad en las futuras votaciones en el recinto. “Será difícil que se aprueben leyes sin el consenso suficiente porque habrá más halcones que palomas dispuestas a ceder cuando se pida la sanción de tal o cual iniciativa”, señala. Berensztein resalta que se viene una composición con muchos actores y actrices en roles protagónicos, “un capital humano significativo de líderes que regresan o de dirigentes que intentan posicionarse para candidaturas ejecutivas”. Como ejemplo apunta a la próxima visita de Guzmán a Diputados. “Si fuera él, me prepararía al peloteo que tal vez realicen Javier Milei o Ricardo López Murphy por el Presupuesto. Hay un agujero de unos U$S 12.000 millones en esa iniciativa que nadie sabe cómo se va a cubrir tomando en cuenta que los organismos internacionales no creen que pondrán ese dinero”, expone. Y sentencia: “aquellos que piensan que puede ser sencillo deben hacerse la idea de que el Congreso no será una escribanía del Poder Ejecutivo, sino que todo tendrá un arduo debate previo y no se permitirán ya la toma de decisiones discrecionales por parte de la Casa Rosada”. “Así -agrega-, el Gobierno estará obligado a hacer política, más allá de que siempre esté latente la tentación de gobernar por decreto”. Con todo esto, Berensztein vaticina que 2022 será un año de plena gestión parlamentaria porque el Congreso entrará otra vez en terreno electoral en 2023.
Los dos escenarios
El analista político Carlos Fara puntualiza que el Congreso nacional presenta un escenario de corto plazo que se extenderá hasta marzo. En ese período, indica el consultor a LA GACETA, el Ejecutivo necesitará que el Parlamento le apruebe el Presupuesto, el programa económico plurianual y el acuerdo con el FMI. “Todo esto va a salir, pero el interrogante que se abre es si será por votación amplia de las dos principales coaliciones o si Juntos por el Cambio dará quórum, pero se abstendrá de votar”, expresa. Eso replanteará otra cuestión: el relacionamiento con el Gobierno nacional. En ese aspecto, Fara indica que hay dirigentes como Elisa Carrió que plantea un principio de responsabilidad, pero también hay otros como Patricia Bullrich, que exteriorizan que no es conveniente quedar pegados al Ejecutivo. Más allá de estas posiciones, el analista político puntualiza que hay dos caminos que se le presentan al Congreso:
• Un Parlamento donde haya pocos, pero sustanciosos consensos sobre algunas cuestiones particulares, como ha sucedido con la Ley de Etiquetado, que venía precedido por un trabajo previo entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio.
• Un Congreso freezado, en el que la oposición no querrá ser tan colaborativa con el Gobierno, como tampoco el Ejecutivo querrá darle una tribuna (dentro del recinto de sesiones) para que los opositores despotriquen contra la gestión.
Según Fara, el final de la historia que escribirá el Parlamento es abierto, porque no se evidencia un proceso de unificación dentro del oficialismo, como tampoco en Juntos por el Cambio, que tiene siete bloques dentro de la coalición, un escenario al que hay que sumarle el conflicto desatado dentro del radicalismo.
