EN ACCIÓN. Los policías de la Digedrop en una casa de Santa Ana.
Las palabras del vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Osvaldo Jaldo generaron sorpresa en el Poder Judicial. Anunció que no claudicará hasta que entre en vigencia la ley de Narcomenudeo en la provincia. “En esta tarea naturalmente, vamos a coordinar acciones con las fuerzas y la Justicia federales para que haya un ataque integral contra el narcotráfico”, enfatizó.
El funcionario realizó esas declaraciones luego de que se conociera un informe de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. En Tucumán, las fuerzas de seguridad secuestraron más de 28 kilos de droga, además de autos, dinero y armas de diferentes calibres, en distintos procedimientos efectuados durante el último mes. Como consecuencia de estos operativos, cinco personas fueron detenidas y permanecen con prisión preventiva dictada por la Justicia Federal.
El titular de la repartición Carlos Driollet, manifestó que las estuvieron enmarcadas en las instrucciones del ministro Eugenio Agüero Gamboa de trabajar de forma coordinada con la Justicia Federal de Tucumán. El último procedimiento se realizó en Santa Ana, donde los hombres de la Dirección General de Drogas Peligrosas, al mando del comisario Jorge Nacusse desbarató un quiosco de venta de cocaína y marihuana en Santa Ana.
“Hay una decisión política de avanzar contra el narcotráfico y erradicar el narcomenudeo que tanto daño hace a generaciones de tucumanos. Este tipo de actuaciones de la fuerza policial no hacen más que robustecer la política que adoptamos en materia de seguridad. Vamos a llegar hasta el hueso, caiga quien caiga”, insistió Jaldo en una entrevista con LA GACETA.
El titular del PE agregó: “Respaldo y felicito la labor desarrollada por el Ministerio y por la Policía que no hacen más que dar muestras de que estamos cumpliendo con la palabra empeñada hacia la comunidad de que vamos a dar una lucha frontal contra el narcotráfico y colaborar también con la Justicia Federal”.
Sin sorpresa
Jaldo fue uno de los principales impulsores de que la provincia se encargara de hacerse cargo de la lucha contra el narcomenudeo. Al día siguiente, en los estudios de LG Play solicitó que se modificara esa norma para que se la pusiera en vigencia cuanto antes. En cuestión de semanas, la Cámara aprobó por mayoría la provincialización de lucha contra el microtráfico de la droga.
Pero como sucedió con la ley que se había aprobado durante la gestión del ex gobernador José Alperovich, la norma nunca se puso en marcha porque el ministro Fiscal, Edmundo Jiménez, a través de una medida cautelar, frenó su entrada en vigencia.
A su criterio, el Poder Judicial no estaba preparado para hacerse cargo de combatir este delito. Argumentaba que en Tucumán no había laboratorios, fiscales y jueces suficientes para combatir el narcomenudeo.
La ley que se aprobó y promulgó Jaldo debería haber entrado en vigencia el 1 de enero de 2020, pero por diferentes problemas no se puso en marcha y, días antes, la cámara prorrogó su aplicación para el 1 de septiembre. El 28 de agosto de ese año, los vocales Daniel Leiva, Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse, la Corte Supreme de Justicia frenaba su aplicación por ser una norma inconstitucional. Se volvió a prorrogar su puesta en marcha, para el 15 de abril, pero la historia se repitió.
La nueva Ley de Narcomenudeo disponía la creación de una comisión integrada por un vocal de la Corte, el ministro Fiscal, el ministro de la Defensa, los ministros de Seguridad y de Gobierno, el presidente de la Comisión de Seguridad de la Legislatura y tres parlamentarios (dos por la mayoría y uno por la minoría).
Ese grupo, según el proyecto aprobado por mayoría en la Legislatura, con un plazo de 15 días hábiles (tres semanas) debía crear una Mesa de Coordinación Ejecutiva, para que cada uno de sus integrantes propusiese un cronograma de actividades, reformas, adquisiciones y acciones que correspondiese realizar en sus respectivas áreas para que la Ley entrase en vigencia. Pero todo quedó en la nada.
En el Poder Judicial se mostraron sorprendidos por el nuevo intento de poner en marcha esta ley. “Antes de sentarnos a hablar, hay que ver qué cantidad de fiscales y jueces especializados se nombrará. Además, se necesitan laboratorios y capacitar al personal de la fuerza y lo más importante, que haremos con los detenidos”, se preguntó una alta fuente de la Corte.
