En el sector público tucumano, la cifra del personal político sigue siendo un misterio

Las elecciones internas no hicieron más que desnudar y poner nuevamente en foco el sistema de contratación del personal político en el sector público. Particularmente, eso se observó en la disputa que se dio entre los bloques legislativos del manzurismo y del jaldismo. Las cifras del Presupuesto exponen, por ejemplo, que el número de cargos permanentes en el Estado tucumano difiere del que se registra en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Al cotejar los datos presupuestarios con los que el Gobierno declara para efectuar los aportes, surge una diferencia de unos 12.000 puestos laborales que bien podría tratarse del personal contratado o político, es decir, aquellos que se desempeñan por un período temporal.

En la Casa de Gobierno se admite que la Provincia cuenta con una dotación de unos 112.000 trabajadores en todos sus niveles, incluyendo comunas rurales e intendencias. Así, también, el proyecto de Presupuesto 2022, que está en tratamiento en la Legislatura, establece un total de 92.911 cargos en planta permanente, pero no toma en cuenta la dotación de la Legislatura, que suele incorporarse cuando la discusión de la Ley de Leyes está avanzada. Desde que Osvaldo Jaldo se hizo cargo del Poder Ejecutivo, en 2015, la cantidad de cargos permanentes ha subido de 925 (la herencia que le dejó el actual gobernador en uso de licencia Juan Manzur) a 1.446 puestos declarados para el ejercicio vigente. Es decir, un aumento de 521 cargos. Sin embargo, al menos la mitad de esos empleos no están cubiertos, señalan voceros del Poder Legislativo. Entonces, ¿dónde está la disputa que, en su momento, realizó el bloque manzurista de Lealtad Peronista al jaldista Peronismo Verdadero? Esa pelea preelectoral ha permitido establecer que en la Legislatura hay al menos 2.500 empleados contratados o personal político que depende de cada uno de los legisladores que integran el cuerpo. “Llegan con ellos y se van con ellos”, señala como un mantra otra fuente de la Cámara consultada por LA GACETA.

Para el año que viene, la iniciativa girada por el Poder Ejecutivo a la Legislatura ha establecido unos $ 171.532 millones como Gasto en Personal, es decir, el dinero que se destina para cubrir las 13 obligaciones salariales del sector público (12 salarios y dos medios aguinaldos). El incremento de esas erogaciones respecto de lo proyectado originalmente para este año está en línea con la inflación (alrededor del 47%) que, en parte, ha sido compensada con el pago de un bono extraordinario de $ 40.000 por agente y en tres cuotas. El gasto salarial se lleva cerca del 49% de las erogaciones totales de la provincia.

La planilla salarial a septiembre pasado totaliza unos 10.576 millones (incluyendo los aportes patronales). De ese total, las principales partidas salariales son las siguientes:

• Cerca de $ 2.264 millones mensuales corresponden al pago de las remuneraciones brutas del personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

• Alrededor de $ 1.525 millones mensuales se destinan al pago de los sueldos docentes.

• Unos $ 1.396 millones mensuales se destinan al pago de los salarios de los empleados del Poder Judicial.

• Otros $ 1.358 millones mensuales se destinan al pago de sueldos del personal encuadrado en el Escalafón General.

• Unos de $ 1.215 millones mensuales corresponden a las obligaciones salariales del personal de seguridad

• Alrededor de $ 980 millones mensuales se destinan al pago de los sueldos de los empleados del Poder Legislativo.

• La planilla salarial bruta de los obreros de Vialidad llega a los $ 54 millones, mientras que los sueldos del personal superior y/o jerárquico roza los $ 50 millones mensuales.

• La planilla salarial se completa con el resto de las reparticiones del sector público provincial a los que se destinan unos $ 235 millones, según cifras oficiales.