La Corte vota y se ponen en juego internas e instituciones

Los vocales definirán las autoridades del tribunal hasta 2023.

Hoy, antes del mediodía, la Corte Suprema de Tucumán habrá elegido a sus autoridades para los próximos dos años. Aunque la renovación de la mesa de conducción es un acontecimiento periódico, previsto en la Ley Orgánica de Tribunales y en la propia Constitución de la Provincia, no se tratará de un trámite rutinario. Al consagrar a quien desempeñará la presidencia de la cúpula judicial, los vocales también están determinando quién se desempeñará como presidente de la Junta Electoral Provincial en 2023. Y esa cuestión reverbera en la decisión que deben tomar los jueces cimeros.

Precisamente, el papel de quien desempeña la Presidencia de la Corte en el órgano de control electoral también empodera a quien vaya a desempeñar el papel de vocal decano del máximo estrado. Toda decisión de la Junta Electoral Provincial que sea cuestionada judicialmente, en caso de llegar al superior tribunal, no puede ser tratada por el titular del cuerpo judicial, porque ya se ha pronunciado en la JEP. Entonces, la Corte queda presidida por el vocal de más antigüedad. Y este es solamente uno de los aspectos que rodean la elección convocada para hoy a las 9.

La faz jurisdiccional no será una cuestión menor . La implementación del nuevo Código Procesal Penal, que desde septiembre del año pasado rige para toda la provincia, ha puesto en marcha una reforma de estructura del fuero penal que recién está dando sus primeros pasos. Por caso, entre el volumen de causas acumuladas y el impacto de la pandemia en la tarea judicial durante 2020, es casi un hecho que el Fuero Conclusional no podrá completar su tarea en los dos años que le habían sido asignados originalmente. De modo que el proceso de las causas penales abiertas con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo digesto procesal deberá ser prorrogada.

La relación del Poder Judicial con los otros poderes del Estado también se presenta compleja. En primer lugar, porque los poderes políticos del Estado enfrentan una inédita transición: Juan Manzur es jefe de Gabinete de la Nación y ha pedido licencia como titular del Poder Ejecutivo provincial. A cargo de la gobernación ha quedado el titular de la Legislatura, Osvaldo Jaldo. Pero hasta ahora, el desplazamiento sólo ha sido de los funcionarios: la Casa de Gobierno sigue siendo territorio manzurista; y la Cámara, terreno jaldista.

En segundo lugar, durante este electoralísimo año que termina, la inseguridad ciudadana ha estado al tope de las encuestas como uno de los problemas que la sociedad reprocha a la dirigencia. Y los políticos no ham hesitado en coparticipar a la Justicia este drama. La “puerta giratoria” de los Tribunales ha devenido paradigma semántico en los “diagnósticos” referidos al recrudecimiento del crimen.

La tensión. La Constitución de 2006 creó el Jurado de Enjuciamiento, que en sus primeros 14 años sólo destituyó, en 2020, al entonces juez de Ejecución de Sentencia, Roberto Guyot. Sólo este año echó a tres: ayer, a Orlando Stoyanoff Isas; la semana pasada, a Juan Francisco Pissa; a comienzos de año, a Enrique Pediconne. Justamente, el caso “Pedicone” planteó una profunda división en la Corte. Hubo vocales que se excusaron de intervenir en planteos del ahora ex juez respecto de su denuncia contra el vocal Daniel Leiva, como Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos; y otros que sólo se apartaron cuando los recusaron, como Claudia Sbdar (actual titular de la Corte) y Daniel Posse.

Durante el fin de semana hubo incesantes “tanteos” entre vocales refereidos a “aspiraciones” personales, y respecto de espacios a ocupar (el CAM, el Jurado de Enjuiciamiento, la Junta Federal de Cortes, la Oficina de la Mujer y la de Violencia Doméstica). Hoy se pondrán los votos en el los platillos y la balanza, finalmente, se inclinará.

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