En la edición de LA GACETA de fecha 12/11/21, el lector Fernando Franco, en el espacio de opinión del diario (“Choque de dos proyectos”), expone la necesidad de una ley de Acceso a la Información Pública, resolución que a su criterio se encuentra monopolizada por uno de los poderes del Estado. Como la pregunta está dirigida a mi persona, por la presente procuraré aclarar al menos tangencialmente sus inquietudes, advirtiendo al lector Franco que por medio de este espacio, en tres oportunidades (“Poder territorial”, LA GACETA, 01/03/20; “Uso de los dineros públicos”, 09/03/20; y “Nepotismo, la otra pandemia”, 08/05/20), anticipándome 19 meses y tres días a su pregunta, advertí sobre la necesidad de contar con una norma legal que transparente el manejo de los fondos públicos; por ende con solo consultar los archivos de LA GACETA el lector podrá corroborar la veracidad de mi respuesta. Personalmente considero que por el escenario político actual, la diferencia entre un hipotético monopolio estatal y un monopolio privado, al que el lector hace referencia, está en el hecho de que al primero lo confiere el voto popular, a través de las mayorías legislativas; en tanto que el segundo es la resultante de la confabulación entre la ambición en los negocios y la política, para aumentar las ganancias, limitándole al consumidor su poder de compra y de paso debilitar políticamente al gobierno de turno.
José Emilio Gómez
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