Por Luis Duarte
12 Noviembre 2021
Una de las casillas allanadas por Gendarmería.
Tres adolescentes y una niña fueron rescatadas entre el martes y el miércoles, en el marco de una investigación por posible explotación sexual. En esos días, personal de Gendarmería Nacional concretó allanamientos en dos casillas ubicadas en la zona de El Baden, en el departamento de Juan Bautista Alberdi, y detuvo a una pareja sospechada de someter a las cuatro víctimas. Eran nietas de la principal investigada por este delito.
Efectivos del Equipo Antitrata de Personas de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales, que pertenece a la fuerza de seguridad federal, llegaron al lugar tras la denuncia de la Fundación “María de los Ángeles” por un aparente caso de explotación sexual de menores.
Según los primeros datos de la pesquisa, las adolescentes y una niña, de entre 11 y 15 años, vivían en una vivienda bajo duras condiciones y vulnerabilidad. El hombre y la mujer, quienes mantenían una relación amorosa, utilizaban de manera abusiva de ellas: las ofertaban a trabajadores rurales de ese sector para mantener relaciones sexuales.
Los empleados las retiraban de la vivienda una vez pactado el pago “por el servicio” y las llevaban a módulos habitacionales para poder consumar los ataques a la integridad sexual de las chicas. Al lugar llegaban hombres de hasta 60 años.
A partir de la denuncia, el Juzgado Federal 1, a cargo de Fernando Poviña, con la intervención de la Fiscalía Federal 2, dirigida por Agustín Chit, dispuso el arranque de la investigación y ordenó los allanamientos en las casillas identificadas en la zona rural, cerca de la ruta provincial 308. En esos sitios se secuestraron teléfono celulares y otros documentos que serán analizados en los próximos días.
Luego, las menores fueron albergadas en un hogar bajo la responsabilidad de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (Dinayf), que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
El Estado (no) presente
Lo registrado entre el martes y el miércoles, sin embargo, no es un hecho propio o aislado en el sur tucumano. Atrás hubo un precedente que pudo haber advertido un desenlace como este o de otras condiciones graves.
Hoy se confirmó que la mujer había sido imputada a principio de este año, dentro de una causa penal radicada en el Centro Judicial Concepción, por promoción y facilitación de la prostitución contra otra nieta, de 16 años. Es más, el caso ha sido elevado a juicio oral ante el requerimiento del titular de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Héctor Fabián Assad, y ahora se aguarda la confirmación de la fecha del debate oral y público. En ese proceso el fiscal había solicitado la prisión preventiva de la acusada hasta el inicio del juicio, pero fue rechazada.
El año pasado, la tía de la adolescente había denunciado a la abuela. De acuerdo con la instrucción, se conoció ahí que la sospechosa tenía la guarda de esta víctima y de las hermanas menores después de la muerte de la madre.
La acusación fiscal expuso que la imputada obligaba a la adolescente a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero; la ofrecía y contactaba a hombres mediante las redes sociales con cuentas falsas. En esas comunicaciones, la pariente enviaba fotos y acordaba las “citas”, publicó el portal web Infoaguilares.com. A diferencia del último hecho, los abusos se llevaban adelante en lugares públicos o en la casa de los hombres, según surgió de la Cámara Gesell.
“Teniendo en cuenta los antecedentes de este caso, una vez más se evidencian las falencias de los organismos estatales que tienen la obligación de tutelar los derechos, intereses y la integridad de nuestras infancias. La situación de estas adolescentes y niñas, de acuerdo con la investigación, era claramente conocida no solo por toda la gente de la zona, sino también por la Dinayf”, dijo hoy Bettina Laguna Mendoza, abogada de la Fundación “María de los Ángeles”.
La representante hizo hincapié en que en este organismo “ya habían tomado contacto” con las niñas rescatadas esta semana. “Es alarmante que, a pesar de encontrarse procesada en la Justicia ordinaria, la abuela haya continuado a cargo del cuidado de las adolescentes yniñas. De no haber realizado el procedimiento con la celeridad la Justicia Federal, las víctimas aún hoy se encontrarían padeciendo la explotación”, enfatizó.
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