Por Gustavo Rodríguez
22 Octubre 2021
PARQUE 9 DE JULIO / ARCHIVO LA GACETA
El conductor de un transporte de niños, jóvenes y adultos con algún problema de discapacidad que fue sorprendido abusando de una adolescente de 19 años seguirá detenido al menos cuatro meses más por orden de la Justicia. Pero al mismo tiempo, se investigará si el sospechoso, de 51 años, cometió otros ataques de este tipo, según confirmaron fuentes judiciales del Ministerio Público Fiscal.
Alrededor de las 12.30, un uniformado se acercó a un Renault Kangoo que estaba estacionada en el parque 9 de Julio. Descubrió que el conductor se estaba poniendo la ropa y, en el interior del utilitario, halló a la joven desnuda. El conductor, al darse cuenta de que había sido descubierto, intentó huir, pero lo detuvieron a los pocos metros. Los efectivos intentaron hablar con la chica, pero nunca pudieron averiguar qué le había ocurrido, porque no respondía ni hablaba.
Al requisar sus papeles, lograron comunicarse con la madre, quien llegó al lugar a los pocos minutos y explicó que su hija sufre de retraso madurativo y autismo. Indicó además que el hombre era el transportista que la llevaba todos los días al centro terapéutico para que realizar su tratamiento. Lo denunció por abuso sexual y fue aprehendido por orden de la fiscala Estela Giffoniello que está subrogando la Fiscalía de Integridad Sexual III.
Ayer a la mañana se realizó la audiencia correspondiente. La fiscalía lo acusó de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda provisoria. En la audiencia, el acusado habría negado su participación en el hecho. Los investigadores descubrieron que el imputado trabajaba en negro hace unos cuatro años para una empresa de transporte programado. Se trata de firmas que se encargan de llevar y traer a niños y adultos con alguna discapacidad. Normalmente, este tipo de servicio es realizado por personas que ofrecen sus servicios a las obras sociales.
El juez Rafael Macoritto escuchó a todas las partes y aceptó la acusación presentada. También le dictó la prisión preventiva por cuatro meses al sospechoso para que se avance con el expediente. La fiscalía habría solicitado al responsable de la empresa que le brinde un listado con el nombre de todas las personas que trasladaba el acusado para determinar si hizo lo mismo con otras personas.
Fuerte impacto
El caso generó conmoción. Los más afectados fueron los padres que utilizan ese servicio. “La mayoría ni sabemos quiénes son las personas que transportan a nuestros hijos. No tenemos opción: son las obras sociales que tienen tercerizados los traslados. Ellos son los que los contratan y supuestamente tienen el control de sus choferes”, explicó María Luisa Rey.
Por su parte, Juan Carlos Fuentes indicó que "cada vez son menos los dueños de estas empresas que cumplen con esta tarea". "Ellos contratan choferes para que hagan los recorridos. Por suerte, en mi caso, llevo tres años con la misma persona, pero como ve eso no es ninguna garantía”, señaló.
Luciana Juárez agregó: “si es difícil que un chico normal no cuente lo que le sucedió, imagínese una criatura que no habla y que hasta le cuesta ser atendido por señas. Estos casos nos parten el alma y se transforma en un duro cachetazo porque terminamos de entender su estado de vulnerabilidad”.
“Ese infeliz me hizo revolver el estómago. Se me partió el alma al saber que a mi hijo con TEA le puede pasar lo mismo. Me la agarré con el transportista preguntándole si todos sus choferes estaban en regla. El hombre me mostró todo y entendió la situación por lo que generó este caso”, concluyó Juan Pablo Toscano.
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