Los agravios del ministro no pueden quedar impunes

Los engranajes de la democracia se pusieron en marcha y desde un amplísimo arco social, político y dirigencial se consensuó un repudio unánime a los agravios vertidos por el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, contra el dibujante y humorista Nik (Cristian Dzwonik). A un tuit crítico de las políticas socioeconómicas implementadas por el Gobierno nacional, el funcionario respondió con un mensaje que involucró a la familia de Nik y en la que hizo gala de la información a la que tiene acceso. Información sensible, atinente a la órbita privada de los ciudadanos. Por eso el caso va mucho más allá de la censura o de los ataques a la libertad de expresión, reiterados y con el blanco en la prensa independiente. Aquí se trató de un agravio tan peligroso como inadmisible, un clarísimo abuso de poder que no sólo es merecedor del repudio y de la denuncia generalizada. De ninguna manera el episodio puede quedar sin una sanción efectiva por parte del Presidente de la Nación.

Hasta aquí, Alberto Fernández ha optado por aceptar las manifestaciones del ministro, apenas una defensa de su argumentación que de ningún modo puede considerarse una disculpa. La estrategia apunta a que las aguas se calmen con el correr de los días. Pero tratándose de un profesional del Derecho el Presidente no desconoce la gravedad del tema: Nik anticipó su intención de llevar el caso a la Justicia. “El ministro que debe dar seguridad a todos los argentinos acosa al que piensa distinto. Tengo miedo”, sostuvo el dibujante.

El mensaje de Aníbal Fernández, en su crudeza intimidatoria, remite a prácticas que parecían anuladas por el ejercicio de casi 40 años de democracia. Queda claro que no es así y es en este punto donde se espera que, a partir de la reflexión, el Presidente obre en consecuencia, con la certeza de que un falso ensayo de disculpa equivale a tapar el sol con la mano.

Tampoco puede alegarse un error comunicacional, tratándose de uno de los funcionarios más experimentados del Gabinete. El ministro negó enfáticamente haber amenazado a Nik y mucho menos haber involucrado a la familia del dibujante en el tuit que le dedicó. “Para mí, los hijos, la casa y las mujeres son templos”, sostuvo. Pero hay que remitirse al contenido del tuit contra Nik para comprobar que este descargo de Aníbal Fernández navega entre lo insólito y lo cínico. Claramente se explicita allí una referencia al colegio al que asisten las hijas de Nik y el lenguaje empleado, su tono y la construcción de las frases, evidencian lo amenazante del mensaje.

Afortunadamente el hecho no pasó inadvertido. Todo lo contrario. Numerosas instituciones lo condenaron -con aquellas que velan por los derechos a la libre expresión, como Adepa y Fopea, a la cabeza- y dirigentes de los más diversos espacios se pronunciaron rápidamente. Incluso figuras del Gobierno, como Juan Manzur y Leandro Santoro, le brindaron su apoyo a Nik, aunque es cierto que en un tono más cercano a un malestar por las palabras del ministro que a un necesario compromiso sancionatorio.

Lo que ha sucedido es de extrema gravedad, una violación a derechos fundamentales de los ciudadanos; un abuso de poder preocupante; una puerta para que se reinstalen métodos intimidatorios que la Argentina ya había dado por superados. Conductas agraviantes merecen sanciones a la misma altura.