26 Septiembre 2021
En octubre de 2016, el entonces gobernador Manzur y su vice Jaldo, se comprometieron ante la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), a adherir nuestra provincia a la Ley Nacional N° 27275 de Acceso a la Información Pública. Hoy el señor Jaldo es Gobernador de Tucumán y espero que cumpla con lo que prometió en su momento - cabe recordar que el 28/09 es el Día Mundial de Acceso a la Información Pública. La historia nos enseña que desde la antigüedad quienes gobiernan han buscado centralizar y controlar la información, ya que les confiere poder e impunidad sobre el resto de la comunidad. La transparencia y el derecho de acceder a la información pública son los cimientos constitutivos de un sistema de gobierno democrático -republicano. El acceso a la información hoy es reconocido como un derecho humano. Estos derechos son bienes básicos y esenciales que incluyen a toda persona, por el solo hecho de su condición humana. Una democracia con aspiraciones de crecimiento y desarrollo sustentable implica el reconocimiento y las garantías para el ejercicio pleno de los derechos humanos. El acceso a la información pública es uno de ellos y este carácter ya no se discute desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Claude Reyes Vs. Chile”, el 19/09/2006, lo reconoció como derecho humano, como parte del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. En el mismo fallo se reafirmó la obligación que tiene el Estado de suministrarla. Están también contemplados en el Pacto Internacional de Lima (año 2000). Tucumán parece ser que no pertenece a una república democrática, ya que este derecho se nos niega de modo deliberado, usando argumentos insostenibles. Cada día que pasa parecemos más súbditos y siervos de un régimen absolutista monárquico que ciudadanos. Lo más grave: las instituciones públicas con competencia en la defensa de los derechos humanos que funcionan en Tucumán, permanecen sordas, ciegas y mudas ante esta situación. La falta de transparencia de los actos de gobierno favorece la corrupción (la combatimos o somos cómplices). Además, la transparencia permitiría a los ciudadanos juzgar la actuación de sus representantes y hacerlos responsables de los perjuicios que provocan. Parece que quienes tienen el poder de decisión público se niegan a ver la realidad y solo responden a los intereses personales, sectoriales, ideológicos y/o partidarios y que como ciudadanos no exigimos lo que nos corresponde.
Juan Francisco Segura
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