Por segunda vez envían a juicio a un juez de Paz acusado de amenazar a su ex

Al límite de la prescripción de la acción penal, la fiscala Adriana Reinoso Cuello cerró la investigación abierta en 2018 contra el juez de Paz de El Chañar, Santiago Montilla Zavalía, y solicitó por segunda vez su juzgamiento por la supuesta comisión del delito de amenazas agravadas por armas de fuego. Según el dictamen, hay pruebas de que el funcionario público habría amedrentado a su ex esposa, la abogada Natalia García Salemi, en el estacionamiento del Club de Veraneantes de Tafí del Valle. La causa había regresado a la etapa de la instrucción hace dos años luego de que el ex camarista Enrique Pedicone anulara la elevación a juicio dispuesta por el juez de Monteros, Mario Velázquez.

Consultado al respecto, Montilla Zavalía reiteró que los hechos eran falsos y que iba a probar su inocencia con la ayuda de su hija, que ya es mayor de edad y que vive con él. En el requerimiento firmado el 3 de septiembre consta que García Salemi había endilgado supuestos hechos de violencia en numerosas oportunidades al juez de Paz sin que las causas avanzaran.

El expediente con requerimiento de juzgamiento se remonta a la denuncia policial de García Salemi de que su ex marido la habría amenazado de muerte con una pistola en la mano delante de los dos hijos de ambos en el estacionamiento del Club en la noche del 18 de enero de 2018. Dos días después hubo otro encuentro conflictivo en Tafí del Valle: García Salemi relató que sus hijos estaban comprando panchuques cuando su padre los abordó y los intimidó. A continuación, aquella pidió y obtuvo una medida de restricción de acercamiento, e informó que su ex marido llevaba el arma consigo o en el vehículo en el que transitaba.

Reinoso Cuello apuntó que había practicado todas las pruebas solicitadas por el imputado y precisó que el funcionario de 44 años había solicitado un careo con una testigo favorable a la posición de la denunciante, la niñera Fátima Azucena Maza, pero que ni aquel ni su defensor se habían presentado a la cita.

La solicitud de juzgamiento incorpora un informe de la presidenta del Club de Veraneantes, Lucía Terán, quien manifestó que, si bien el estacionamiento de la entidad donde habrían ocurrido los hechos está reservado para los socios, a este espacio accedían eventualmente también quienes no lo eran. Otra testigo, Mariana Norry, ratificó el relato de García Salemi acerca de que el juez de Paz habría intimidado al hijo de ambos antes de abordarla en la zona de los autos. “Llegamos al estacionamiento a eso de las 23 (del 18 de enero de 2018) y, cuando íbamos ingresando, veo que discutían un señor y García Salemi. Daba la sensación de que estaba alcoholizado: parecía amenazante. Le decía ‘sos una hija de puta, te voy a cagar la vida, conmigo no te metas, te voy a matar’. Yo presencié (la escena) desde la moto: él la amenazaba y los chicos lloraban”, refirió por su parte el testigo Gustavo Ariel Racedo. Tanto este como Maza expresaron que Montilla Zavalía tenía un objeto en la mano semejante a un arma, pero ninguno de los dos pudieron asegurarlo de un modo contundente debido a que estaba oscuro.

Revés para la denunciante en la Corte

Al declarar como imputado, el juez de Paz subrayó que el allanamiento de su casa había dado negativo y afirmó que él no poseía armas. Montilla Zavalía catalogó a García Salemi como una “denunciante serial”, y observó que entre Maza y García Salemi había una relación de subordinación, y que no era razonable que alguien que no estaba familiarizado con un arma pudiese reconocerla.

“Al ser el acusado la ex pareja de la víctima resulta menester adoptar una perspectiva de género al momento de interpretar los hechos ocurridos, valorar las pruebas y fundamentar este requerimiento. La violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de sus derechos: corresponde al poder del Estado el asumir una perspectiva de género y sancionar aquellas conductas contrarias a la normativa”, meditó Reinoso Cuello. El requerimiento de la fiscala debe ahora ser analizado por Raúl Cardozo, juez de Instrucción del régimen de conclusión de casos del antiguo Código Procesal Penal.

El 25 de octubre de 2019, Pedicone había ordenado profundizar la investigación desplegada por ex fiscal Jorge Carrasco (hoy juez de Impugnación de Concepción y Monteros). “El fiscal y el juez (Velázquez) omitieron hacer un análisis acabado de las pruebas que hay en la causa”, había expresado el ex camarista destituido en febrero. Y manifestó que hacían falta más fundamentos para avanzar. En particular, el ex magistrado de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción refirió que había que indagar acerca de lo ocurrido antes del altercado en el estacionamiento. Pedicone observó que el hijo de las partes no había intervenido en el proceso mediante la Defensoría de Menores ni había sido citado a declarar en una Cámara Gesell. Esa prueba, en principio, no habría sido practicada por la fiscala Reinoso Cuello, según surge del requerimiento de juicio oral.

Un informe de los Tribunales provinciales corrobora asimismo que había numerosas denuncias previas contra el funcionario. En octubre de 2015, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán descartó que las anomalías invocadas por García Salemi justificaran la apertura de un sumario administrativo y consideró que otros cuestiones que aquella planteaba respondían a la esfera privada. En esas actuaciones, Montilla Zavalía expresó que era objeto de una campaña difamatoria y que ninguno de los procesos penales por supuestos malos tratos había prosperado.