ESPERANDO EN EL LUGAR. Policías y bomberos de la fuerza dialogan sobre la tragedia ocurrida en el lugar. LA GACETA / FOTOS DE RODOLFO CASEN
Macarena Maylen Salinas (25 años) fue condenada en marzo a seis años y ocho meses de prisión por robo agravado. Al no haber cupo en la cárcel de Mujeres, fue trasladada a la Brigada Femenina de Concepción. La joven, madre de una niña de cinco años y con severos problemas de adicción, inició una protesta que generó un incendio en el que falleció ella y otras tres compañeras de encierro. También resultaron con lesiones al menos siete efectivos que intentaron rescatarlas.
El humo rápidamente comenzó a extenderse durante la tarde por la primera cuadra de la calle Las Heras de Concepción, al tiempo que gritos desgarradores estremecieron a la vecindad. Fue exactamente a las 17.30 cuando un incendio de proporciones se desató en el interior del estrecho edificio policial.
La gente de la zona alertó a los bomberos voluntarios y al personal de la comisaría sobre el episodio. Pero cuando actuaron nada pudieron hacer. Las llamas impidieron que abrieran el calabozo. Los uniformados terminaron con principio de asfixia por haber intentado socorrerlas.
Salinas, domiciliada en el sur de la capital, según las primeras averiguaciones, había realizado una protesta por la mañana. A la tarde, habría solicitado a los guardias que le entreguen una hoja de afeitar, pero se la negaron, arrojó un objeto al foco de la celda que originó un cortocircuito y el posterior incendio.
En la Brigada, un viejo edificio que no está preparado para albergar detenidas, estaban arrestadas cinco mujeres. La única que logró sobrevivir es una procesada por drogas. Además de Salinas, fallecieron Yanet Yaqueline Santillán, que estaba acusada de maltrato infantil en Concepción y las condenadas por robo Micaela Rocío Mendoza (no trascendió la pena en el sur de la provincia) y María José Saravia (sentenciada a tres años en la capital).
Sin lugar
La Corte Suprema de Justicia, amparándose en normas nacionales e internacionales, hace varios años dictó una acordada en la que se prohibía mantener en las comisarías a las personas procesadas y condenadas. Pero por la crisis carcelaria, no se cumple con esa orden.
Fuentes judiciales confirmaron que en la cárcel de mujeres ya no hay cupo. Tampoco hay espacios en las seccionales de la capital y por ese motivo Salinas y Saravia se encontraban en Concepción. Otro dato: las cuatro cordobesas que fueron detenidas por la causa de las estafas telefónicas, estuvieron alojadas en los arrestos de la seccional 11a, en la que también hay hombres, violando todas las normas vigentes.
El ministro de Seguridad Claudio Maley, al cierre de esta edición, esperaba los informes definitivos sobre lo que había ocurrido en el sur de la provincia. “Más allá de lo que digan las pericias, ya se inició una investigación administrativa para establecer lo sucedido.
Actualmente, en las comisarías de la provincia hay más de 1.100 alojados, cuando en realidad tienen capacidad para 400. En tanto que las unidades carcelarias, que cuentan con capacidad para 1.300, están superadas en más de un 20%. El Gobierno anunció hace meses la construcción de una alcaldía para 500 reclusos.
Testimonios
“Escuché unos gritos que venían desde la Brigada. Cuando salí a ver lo que sucedía observé una humareda espesa que emergía desde el edificio. Hablamos a los equipos de emergencia. Después llegaron policías que intentaron ayudar, pero al final terminaron intoxicados. Los bomberos sofocaron las llamas en poco tiempo”, contó un vecino que solo se identificó como Raúl.
“El fuego que se fue extendiendo por los cables. Luego hizo combustión con colchones y otros elementos. La situación se les hizo incontrolable y quedaron atrapadas entre las llamas”, comentó un uniformado.
El humo y la falta de elementos de seguridad para actuar en la ocasión, imposibilitaron el rescate de las reclusas. La detenida que se salvó fue porque se encontraba en otra celda.
“El lugar es reducido, estrecho y apenas sirve para albergar a no más de cuatro reclusas. De todos modos a veces se llegó a tener ahí hasta 10 procesadas”, aseguró una policía jubilada que cumplió servicio en esa dependencia.
En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal de Graves Delitos del Centro Judicial de Concepción, a cargo del fiscal Miguel Varela.
Planteo: una magistrada pidió que trasladen a los condenados
Horas antes de que se desencadene la tragedia, la jueza de Ejecución Alicia Merched solicitó al jefe de Policía Manuel Bernachi que organice el traslado de todas las personas que hayan sido condenadas en el ámbito de los centros judiciales de Concepción y de Monteros a la Unidad N° 3. Como ya había realizado el mismo planteo a las autoridades del ministerio de Seguridad sin conseguir una respuesta favorable, la magistrada intimó al jefe de la fuerza para cumpliera la orden en siete días. La medida alcanzaba a hombres y mujeres, según confirmaron fuentes judiciales.
Otro caso: dos muertes que visibilizaron la crisis en 2015
El 30 de junio de 2015, en un calabozo de la Brigada de Yerba Buena, los detenidos prendieron fuego un colchón que generó las muertes de Francisco Gallardo y de Mateo Boris Visa. Por ese hecho, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila lograron que se acepte un hábeas corpus a favor de los detenidos, policías y vecinos de las comisarías. Allí quedaba al descubierto lo que luego se conoció como la crisis carcelaria. A semanas que se cumplan seis años de haber realizado ese planteo, fallecieron cuatro detenidas en un intento de motín en una dependencia policial de Concepción.
