NO DABA MÁS. La acusada Jesica Osores se acomoda como puede en un momento de la audiencia junto a su abogado Aníbal Paz. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Se sabía que este sería un juicio que generaría polémicas, pero jamás se pensó que tendría una insólita derivación. El caso: una mujer fue acusada de haber asesinado a su pareja en un contexto de violencia de género. Las perspectivas: que se la condene a ocho años de prisión por homicidio simple o que se la absuelva por haberse defendido de un ataque. El escándalo: se produjo antes de que se diera a conocer el fallo cuando hubo una fuerte discusión entre los dos jueces de un tribunal.
Jessica Osores está siendo enjuiciada por estar imputada por el homicidio de Javier Vizcarra, en un hecho ocurrido el 20 de septiembre de 2020 en una vivienda del barrio San Cayetano. La mujer está embarazada y tenía programada una cesárea para el domingo.
En un primer momento, ella les pidió a los jueces estar presente en la audiencia del lunes donde se daría a conocer la sentencia. Pero después informó que hasta ayer no le habían realizado los estudios pre-quirúrgicos, pese a que los magistrados habían ordenado a través de la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) que pidiera a la Policía que la buscaran de su casa -está con arresto domiciliario- para cumplir con ese trámite.
El conflicto
La jueza Carolina Ballesteros pidió uso de la palabra para solicitar que tanto el personal de la OGA como los miembros de la fuerza reciban algún tipo de sanción por no haber cumplido con la orden.
Pero al mismo tiempo, explicó que era necesario un informe de un médico para que determine si estaba en condiciones de estar presente cuando se diera a conocer el fallo.
En ese momento, el presidente del tribunal Dante Ibáñez interrumpió para indicar que se definiría el final del debate cuando tengan en sus manos la opinión del profesional que debía atenderla para despejar todas las dudas.
“No sea autoritario señor Ibáñez”, le dijo Ballesteros a su colega. “No doctor, no me cierre la palabra. Usted es un autoritario y un guarango”, agregó la jueza mientras Ibáñez anunciaba que la audiencia se había levantado. Luego el magistrado se incorporó de su asiento y, antes de salir de la sala, le respondió: “no todos tenemos problemas médicos como usted”. “Usted es un guarango”, repitió la magistrada.
Ballesteros, que siguió el debate a través de zoom y que en medio de la audiencia debió medicarse por ser insulina dependiente y haber sufrido un problema, agregó: “quiero dejar aclarada mi postura. No puedo tolerar que a una mujer que sale de una sala de parto se la traiga a una audiencia o se la conecte de manera virtual. Ese no es el trato que debe darle el Poder Judicial a una mujer”.
Ibáñez, casi inentendible, ordenó a la OGA que después de que se conociera la opinión de los médicos se definiría como continuaría el juicio.
La auxiliar fiscal Luz Becerra, que representaba en esos momentos al fiscal Carlos Sale que se encontraba participando en otra audiencia, el defensor de la acusada Aníbal Paz y el defensor oficial Pablo Cannata que representa a la querella, se mantuvieron en silencio y, sorprendidos, observaron sin moverse, la pelea verbal de los magistrados.
Isabel Méndez, la tercera integrante del tribunal, puso paños fríos a la situación. “Pido disculpa a todos por lo que han presenciado”, señaló. El incidente generó un enorme revuelo en todo el Poder Judicial y no se descarta que la Corte Suprema de Justicia tome cartas en el asunto.
El final
Todo el juicio tuvo un alto voltaje emotivo y la mayoría de las audiencias se desarrollaron con la presencia de mujeres de distintas organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y que luchan en contra de la violencia de género. Todos estos días se manifestaron para exigir su absolución.
Sale mantuvo la acusación de un primer momento de homicidio agravado, pero reconoció que se debía aplicar el atenuante porque el hecho se produjo en un contexto de violencia de género.
“Soy un ferviente defensor de los derechos de las mujeres, pero en este caso debo considerar, por las evidencias recolectadas a lo largo de la investigación, que la violencia era mutua y que fue una muerte planificada”, señaló y luego solicitó que se la condenara a ochos años de prisión.
El representante del Ministerio Público fiscal solicitó que la pena se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, ya que tiene a su cargo un recién nacido y otro hijo con síndrome de down. Cannata, representante de la familia de la víctima, adhirió a lo solicitado por el MPF.
“Debe ser absuelta porque ella se defendió. Durante años fue víctima de violencia de género y no puede ser condenada por haber reaccionado para salvar su vida”, señaló Paz, que cuestionó la investigación de la fiscalía.
La resolución se conocerá, en principio el lunes, siempre y cuando la acusada esté en condiciones de participar de la audiencia. Debe dar las últimas palabras y luego el tribunal deberá reunirse para debatir la resolución. La pelea entre los magistrados no debería entorpecer su tarea. Si por alguna razón alguno de los tres jueces se opone, el juicio debería hacerse de nuevo.
“Espero que el incidente, que nos sorprendió a todos los presentes, no afecte la imparcialidad que deben guardad y terminen perjudicando a una inocente”, concluyó Paz.
