Las pulseras electrónicas fueron protagonistas de dos historias de violencia de género. En uno de los casos, el problema fue la falta de estos dispositivos duales para garantizarle una tranquilidad a la víctima de que el acusado cumpliría con su arresto y no se le acercaría. En la otra audiencia, se le dio prisión preventiva a un joven por haber roto la prohibición de acercarse a la denunciante.
Ambos casos se resolverían este viernes con un juicio abreviado.
“Quiero que esto pare”
En la primera audiencia de ayer, el auxiliar Enzo Abdo, de la Unidad Fiscal de Violencia de Género I, planteó la situación de un acusado al que se le vencía la prisión preventiva por un hecho de desobediencia a una orden judicial de protección a la mujer que lo denunciaba (los nombres se preservan para proteger a la víctima). El imputado no contaba con una tobillera de rastreo al momento de la infracción.
Abdo le planteó a la jueza María Alejandra Balcázar que estaba todo encaminado para que la causa concluyera este viernes mediante un juicio abreviado, en el que resolvería el juez que trató la causa desde un principio. La defensora oficial Nicole Cortez Zamar también mencionó eso y la representante del cuerpo de abogado para las víctimas, de apellido Godoy, reconoció que habían hablado con la denunciante y que la mujer aceptaba que llegar pronto a una condena podía ser positivo para su tranquilidad.
El representante del ministerio Público Fiscal pidió cinco días de arresto domiciliario para el encartado, para garantizar su presencia en el abreviado. “Creemos que una medida de menor intensidad no nos garantizaría llegar a este pronto acuerdo, Señoría. Sin embargo, debo advertir que gestionamos la posibilidad de aplicarle una pulsera o tobillera a A.R.V. (el acusado) y lamentablemente no hay disponibilidad. Por ello le solicito además que la prisión domiciliaria sea monitoreada por una consigna policial”, detalló el auxiliar.
La defensa prestó conformidad al pedido fiscal.
La magistrada, antes de resolver, le preguntó a la denunciante qué opinaba de todo lo que había escuchado en la audiencia, y J.G. reflejó lo que padecen habitualmente este tipo de víctimas: “me sorprende un poco todo esto. Esta semana estuve acudiendo a una psicóloga por todo esto. Sólo pido que él pare con todo esto, pero eso ya no va a depender de la Justicia, sino de la cabeza de esta persona (por el imputado). Trato de sacar fuerzas para seguir adelante, pero ya no puedo”.
Balcázar finalmente dio lugar a la medida que le habían pedido; también les indicó a las partes que debían haber averiguado primero por la disponibilidad de una consigna para solicitar la medida domiciliaria. También le advirtió al acusado que la desobediencia podría salirle caro. “De usted depende, señor A.V. no regresar al penal de Villa Urquiza. Usted está ahora con prisión domiciliaria y no puede salir de su casa. Desobedecer esta medida le costaría volver a un calabozo”, remarcó la magistrada.
Rompió dos dispositivos
En otra audiencia, la Justicia trató la situación del joven J.R.F., cuya situación también se resolvería este viernes, con un juicio abreviado.
“Son cuatro los hechos que se le atribuyen al acusado, Señoría. Dos amenazas simples, una de ellas en concurso real con violación de un domicilio, y dos desobediencias judiciales”, empezó mencionando Natalia María Carabajal, auxiliar de la Unidad Fiscal de Violencia de Género I.
Carabajal puso en contexto de la situación a la jueza Carolina Ballesteros. La víctima de este hecho es la ex pareja del acusado, con quien tiene una hija en común. “Hay una causa en el fuero civil también, y se había ordenado una prohibición de acercamiento y de realizar actos turbatorios en protección de la señora Y.C. A su vez se había ordenado la colocación de un dispositivo dual para monitorear el cumplimiento de la medida”, detalló.
“Las amenazas habían ocurrido en mayo, cuando el imputado le dijo a Y.C. que la iba a matar y a prenderle fuego la casa”, explicó Carabajal, que aclaró que consiguieron el dispositivo dual a comienzos de junio.
“El 21 de junio el acusado fue aprehendido por el 911 porque se había cortado la pulsera electrónica y se había acercado al domicilio de la denunciante. Ese día se le dio el cese de aprehensión y se le colocó un nuevo dispositivo, atento a que planteó que le habían robado el dispositivo. Sin embargo, ese segundo dispositivo fue nuevamente quitado por el acusado el 13 de julio; por ello solicitamos su inmediata detención”, enfatizó.
En esas circunstancias, la auxiliar pidió la prórroga de la prisión preventiva por cinco días, dado que el viernes se llegaría a una condena. “Todo lo mencionado nos hace pensar que estando en libertad J.R.F. no se someterá a la Justicia, porque se le han dado reiteradas oportunidades para que acatara medidas de menor intensidad, y sin embargo nos ha demostrado ser una persona reticente a las normas judiciales. Está claro que las medidas de menor intensidad no surtieron efectos disuasivos”, concluyó Carabajal.
La defensora, Florencia Ciotola, no se opuso al planteo.
Con esas cartas sobre la mesa, la jueza Ballesteros aceptó la aplicación de la medida, pero se mostró preocupada con la situación de esta causa. “Daré lugar a los cinco días de preventiva, hasta que se realice el juicio, pero luego de escuchar este caso, mínimamente me permito aconsejar que tengan en cuenta, al momento del abreviado, que este muchachito no entiende que no se puede acercar a la denunciante. Dos veces se sacó la pulsera, evidentemente tampoco entiende que una orden judicial se tiene que cumplir”, subrayó la magistrada.
El acusado, al presentarse, se había reconocido adicto a la pasta base.
La defensoría y la fiscalía prometieron intentar ser lo más claras posibles con el imputado y tener en cuenta las desobediencias previas a la hora de acordar una resolución.
Tras escuchar todo, J.R.F. acotó: “nunca más haré cosas que no debo hacer. Ya sé que estuve mal”. Y la jueza lo aconsejó por última vez: “si no entiende terminará preso, y usted es muy joven para terminar así”.
