“La verdadera discusión es cómo garantizar la calidad del servicio de internet”

“Es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque digo que internet es un servicio público... ¡que se enojen!”, planteó el lunes pasado el presidente Alberto Fernández en la presentación de un plan de capacitación en programación para jóvenes. De esta manera, el mandatario volvió a poner sobre la mesa el debate sobre internet y la posibilidad de declararlo como un servicio público.

La discusión no es reciente. El año pasado, el propio Fernández declaró por decreto de necesidad y urgencia a la telefonía móvil, internet y la televisión paga como servicios públicos con el principal objetivo de contener los aumentos en el marco de la pandemia. Pero en la reciente exposición, el mandatario pareció redoblar la apuesta: “vamos a hacer de internet un servicio público para que llegue a todos los argentinos y las argentinas y que no nos estafen ni nos roben con las tarifas”, aseguró.

Sin embargo, aún no se conocen detalles de dicho proyecto. Las posibles definiciones pueden remitirse a los alcances que tuvo el decreto anterior que, según especialistas, no tuvo mayores transformaciones para los usuarios de dichos servicios.

“La verdadera discusión gira en torno a cuál es la manera más efectiva para garantizar la calidad del servicio”, sostiene el doctor Agustín Espada, director de la Maestría en Industrias Culturales en Universidad Nacional de Quilmes y especialista en economía política de las comunicaciones. En diálogo con LA GACETA, el investigador analizó el posible impacto del anuncio de Fernández en un mercado signado por la inseguridad para las empresas pero también por la desigualdad para los usuarios.

-¿Cuáles fueron los alcances que tuvo el decreto de necesidad y urgencia que el año pasado declaró a internet y a la telefonía móvil como servicios públicos?

-Ese debate lo puso en agenda el propio gobierno con un decreto de necesidad y urgencia que salió con muy poca información, incluso pocos funcionarios del gobierno del área de comunicaciones tenían en claro sus alcances y fue medio de sorpresa. Desde entonces, estamos discutiendo con distintas organizaciones judiciales si corresponde o no declararlos como tales y cómo hacerlo. En ese momento, en medio de la pandemia, había aflorado la esencialidad de estos servicios, por eso, la declaración como públicos tenía el objetivo de colaborar con el acceso, las mejoras y en los controles estatales de la prestación de esos servicios. Básicamente se puede entender que la medida tenía una cara de comunicación y otra cara económicopolítica porque en ese momento los servicios de comunicación significaban una parte importante de la inflación mensual y estaba siendo un tema/problema, como lo es hoy, en la política económica del gobierno. Pero la realidad es que con ese decreto se consiguieron pocos resultados, porque rápidamente la medida se judicializó y si bien se terminó el segundo semestre con aumentos controlados, rápidamente salieron fallos favorables para las empresas que dejaron al decreto en letra muerta.

- Si bien la nueva intención aún no tiene un proyecto sobre el cual debatir, ¿cuál podría ser la reglamentación de una medida como tal? ¿Qué experiencias hubo en otros países en los que se haya declarado a internet como servicio público?

En Colombia hoy mismo se está discutiendo la necesidad de declarar como servicio público a la conexión a internet y estuvo planteado en el debate de otros países como Francia, Canadá y si no recuerdo mal también en Estados Unidos. Pero todo tiene que ver con buscar las mejores formas de controlar y asegurar las prestaciones del servicio como universales, es decir que no discrimine a ningún tipo de ciudadano. Esta es la principal diferencia cuando esto se produce desde el Estado y no desde el sector empresarial, ya que no se piensa al usuario como cliente sino como ciudadano. Recordemos que otro argumento que se esgrimía el año pasado era que las empresas de comunicaciones encabezaban las listas de reclamos ante Defensa del Consumidor. Entonces a nivel mundial, yo diría que casi no hay una diferencialidad del servicio de conexión a internet. Los argumentos que tuvo Alberto Fernández el año pasado son los argumentos que sostienen los organismos internacionales para garantizar el acceso. Lo que sucede es que la verdadera discusión gira en torno a cuál es la manera más efectiva para garantizar la calidad del servicio. Otro punto importante que hay que aclarar es que acá no está la discusión de la estatización de los servicios. Esta semana se malinterpretó y creo que el Presidente también se expresó muy mal en torno a la gratuidad de los servicios. El DNU de 2020 no lo establecía así, es decir, nunca se planteó que el Estado fuera el prestador del servicio público, ya que siempre se consideró la libre competencia para que existan diversos prestadores en el mismo segmento. De hecho, en el mundo no son muchos los casos de monopolio estatal sobre la prestación de internet o telefonía móvil. La segunda diferencia en esta discusión es que no es del todo acertada la comparación con los servicios de gas o de luz. Porque la red de conexión a internet de banda ancha y la telefonía móvil necesitan constante inversión. No basta con tender la red y prestar el servicio, ya que esa red necesita un constante mantenimiento y una constante inversión para ampliar su capacidad. Eso tiene que ver con que cada vez hacemos más cosas con internet y por lo tanto ese servicio de conexión tiene que contar cada vez con más capacidad. Estos altos niveles de inversión hacen que el Estado tenga que hacer atractivo para las empresas participar de este sector económico.

-¿Este aspecto hace comprensible que las empresas estén en contra del congelamiento de precios y de la dificultad para invertir en la infraestructura?

-Es entendible en cuanto a la lógica, porque si yo no sé cuánto voy a tener de ganancias, no voy a saber cuánto voy a poder invertir. Por eso se vuelve en algún punto una inversión insegura. Pero lo cierto también es que cuando vos corroborás el discurso que las empresas plantearon cuando el gobierno de Mauricio Macri liberó tarifas, los números no muestran grandes inversiones. Pero en síntesis, te diría que es lógico que a las empresas privadas les genere inseguridad, porque además cuando la letra chica de una regulación queda en manos del Poder Ejecutivo posibilita que el gobierno pueda jugar con esa letra fina, por ejemplo con el porcentaje de aumento de acuerdo a la coyuntura política y económica. Por lo cual en este debate yo no veo una figura de buenos y malos.

-¿Cuál es hoy el nivel de accesibilidad a dichas tecnologías en Argentina y en qué sentido ese mapa daría argumentos para una declaración de internet como servicio público?

-No tengo las estadísticas a mano, pero te diría que Argentina no está ni muy mal ni muy bien. Sí estamos en una situación en la que se digitalizaron un montón de hábitos, desde mirar películas hasta usar internet para la prestadora de salud o hasta para una consulta médica. Eso hace que se necesite equiparar la calidad de conexión de las grandes ciudades con los distintos puntos del país. Por eso, pienso que el Estado debería tener una buena política de ejecución del Fondo Fiduciario de infraestructura, que tiene por objetivo garantizar, entre otros aspectos, la accesibilidad a la telefonía móvil en todo el país. Ahí hay un gran debate de qué se va a hacer con ese dinero en este gobierno para ver si podemos tener un país un poco más federal.