La madrina de Rocío no habría tenido autorización judicial para cuidarla - LA GACETA Tucumán

La madrina de Rocío no habría tenido autorización judicial para cuidarla

El crimen de la niña ocurrió a los pocos días de que le dieran intervención a un Juzgado de Familia.

05 Jul 2021 Por Santiago Re
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LA MADRINA. Amalia Carolina Graneros fue acusada por el crimen de Rocío. No habría contado con autorización judicial para cuidar a la niña de 4 años.

“La madrina (Amalia Carolina Graneros) no tenía autorización judicial para cuidar de la niña (Rocío). Al menos este Juzgado de Familia no le otorgó nunca ese poder”, aclaró la jueza Claudia López, del Juzgado de Familia de VI nominación. La magistrada aclaró que no puede profundizar en detalles del expediente por razones de protección a las víctimas.

El 1 de Julio, Rocío desapareció del barrio La Chabela. La investigación que lleva adelante la Justicia Penal indica que a la niña la habrían asesinado Graneros, su pareja Hernán Edgardo Cano y su yerno Mauro Veliz. Los tres fueron detenidos por un crimen sin precedentes.

López explicó que según la documentación que enviaron a su fuero, el 5 de abril Graneros acudió a una comisaría y denunció a la madre de Rocío por malos tratos. Según se desprende de esa primera actuación, la acusada del crimen señaló que se había quedado con la niña y con su hermanito, de apenas un año, para protegerlos de la progenitora.

Una fiscalía Penal inició una investigación al respecto y, el viernes 25 de junio le pidieron intervención al Juzgado de Menores que está a cargo de López. Ese día, según explicó la jueza, llegaron las actuaciones pertinentes para que el fuero de Familia iniciara una investigación sobre el entorno en el que vivía la niña.

“Le di intervención inmediata al defensor de Niñez y a la Dirección de Familia, a quienes le pedimos que hicieran un abordaje integral de la situación, además de la que ya venía evaluando un juez penal sobre los maltratos denunciados. El 30 de junio les llegó el oficio a la Dirección en el que les pedíamos que informaran en qué estado estaban los chicos. Realmente la causa acababa de llegar cuando estalló todo esto. Hay algunas actuaciones que si llegaron a hacerse por orden del fuero Penal, como algunos informes socioambientales, desde Niñez ya habían pedido que se escuchara a los chicos en una cámara Gesell”, indicó la magistrada en una entrevista con LA GACETA.

La jueza señaló además que en el fuero de Familia existe otro expediente referido a una causa que tiene como damnificadas a las hermanas mayores de Rocío, quienes permanecen al cuidado de familiares paternos. “La madre de las niñas tiene una prohibición a acercarse a ellas. Yo no tengo ningún registro en el expediente en el cual ella haya pedido la devolución de los chicos. Ella fue notificada y ante mí no se presentó nunca”, argumentó.

López subrayó que el proceso para que la Justicia le otorgue a una persona el cuidado de un niño lleva su tiempo y es meticuloso. “Todo se inicia con un trabajador social que debe presentarnos un informe de la situación. Sacar a un chico de un hogar es la última opción y eso se ordena después de evaluar a los padres y al núcleo familiar”, detalló. Por otro lado mencionó: “cuando hay derechos vulnerados, se requiere una intervención primaria del Poder Ejecutivo (a través de la Dinayf) que es el encargado de realizar una reparación por parte del Estado, porque el Ejecutivo es el que dispone de los fondos para políticas públicas y gastos sociales”.

Por otro lado, y ante la consulta de nuestro diario, López señaló: “hemos tenido reuniones con la Dinayf, el Ministerio de Desarrollo y la Corte Suprema de Justicia planteando que a la Dirección de Familia le faltan recursos, le falta personal para llegar a todos los casos. Tribunales se modernizó y aligeró los procesos judiciales, pero la Dirección se quedó en el viejo sistema. El Ejecutivo debe darle los recursos y el presupuesto para que mejore la respuesta del Estado”.

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