¿Cómo parar esta violencia?

La pregunta se repite con cada emergencia en esta sociedad atenazada por la violencia: ¿es posible tener seguridad en Tucumán? La respuesta es una yunga de senderos que se bifurcan: o se habla de la perdida calma en las calles céntricas (al acecho de los motoarrebatadores como los de 24 de Septiembre y Salta) o se habla de la inquietud de los barrios asolados por los ladrones, o se trata del narcomenudeo vinculado a crímenes como el triple homicidio de los “Gallos finos” de Alderetes, o hay bandas mafiosas policiales que secuestran gente como los del episodio de Necochea y Santa Fe. O bien se habla de una sociedad que tiene altos índices de violencia de género y de espeluznantes niveles de abandono de niños, sometidos a todo tipo de violencias, como la tragedia de Rocío en Lules. ¿De qué seguridad se está hablando?

Realidad inescrutable

Esa pregunta se hacen las autoridades y su respuesta es ambigua, reactiva. Como se trata de una realidad compleja, por ahora inescrutable, se trata de contestar que se han nombrado 351 agentes, que se montarán 500 cámaras de vigilancia, que se extienden los cuadrantes de patrulla, que se detiene a cada vez más gente (las cárceles y las comisarías están desbordadas, hacinadas, se les caen los presos y se les escapan) y que se va a poner énfasis en la prevención. Respuestas que dio el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, que actúa casi como un funcionario de Seguridad, en su presentación el miércoles pasado en el programa “Panorama Tucumano” de LA GACETA. Pero no explican por qué se encuentra esta provincia asolada y cuándo se avizorará una salida.

El concepto de seguridad de los funcionarios es proteger del peligro que ha crecido por “razones inexplicables”. Es un concepto reducido exclusivamente a la propiedad, que considera la inseguridad derivada de la intención de robo y motivada por lucro o por problemas de droga. En la mirada policial impera la idea de que toda la violencia se deriva de la intromisión del narcotráfico, lo cual podría explicar la acción de muchas bandas cuasimafiosas que operan en la periferia y en las calles urbanas, pero no la violencia de género ni las agresiones interpersonales. Para estas no hay explicaciones.

Por esto han proliferado las custodias a negocios (tarea en que se impone el servicio policial de vigilancia adicional) y las guardias personales como respuestas a las agresiones. A los casi 10.000 policías que hay en la provincia se agregan los guardias municipales que han proliferado por todas partes (deben ser unos 1.500 en toda la provincia) y también los guardianes privados. Estos deben ser casi 8.000, distribuidos (según explica Marcial Escobar, titular de la Cámara de Agencias de Vigilancia Privada) en 1.800 legales (en 30 agencias), 2.000 informales, 2.000 clandestinos, 1.000 aventureros y 600 barriales. ¿Tener casi 20.000 personas dedicadas a la protección no alcanza? No, evidentemente, lo cual explica que además proliferen las alarmas y los botones antipánico que instalan las municipalidades. La capitalina ya va entregando 5.000 botones y en Concepción hubo hace un mes una fuerte polémica (todavía no resuelta) porque la Municipalidad sureña y el presidente del Concejo están otorgando alarmas y dos concejales y un legislador están suministrando botones, y se pelean por eso.

Escudriñando en las tareas, se observa que la Policía está más bien ocupada en custodias de presos y de personas, en traslado de expedientes y en un sistema como el 911 que es puramente de reacción (correr hacia donde ocurran cosas) y muy poco en prevención (apenas los hombres de las patrullas de cuadrantes). Hay agentes con pistola dando números en los bancos o certificados de buena conducta y miles haciendo servicio adicional. Además, según explicó el mismo subsecretario de Seguridad, José Ardiles, más de 1.000 agentes (no se sabe bien cuántos) están afectados a realizar custodias de víctimas de violencia de género.

En realidad los que están haciendo mejor prevención son los guardias municipales, que además son vecinos de los municipios donde trabajan. No se sabe el efecto de su tarea, pero no hay muchas noticias de inseguridad en Tafí Viejo o en Banda del Río Salí ni en muchos sitios del interior (lo cual es positivo en cuestiones de seguridad). Pero bien señala el experto Federico Pelli que la falta de una norma que unifique el funcionamiento de estos guardianes da lugar a caos, a confusión y a irregularidades en las contrataciones. Algo similar pasa con la informalidad que prolifera en la seguridad privada. Toda esa gente que opera de modo irregular sabe cosas de los vecinos. Menos la Policía, ocupada en otras cosas.

¿Qué sabe la Policía? No se sabe qué sabe. A raíz del episodio del secuestro del comerciante en Necochea y Santa Fe, a manos de dos policías provinciales y un federal, se supo que no había control sobre las tareas que cumplían estos efectivos. Se habló de que buscaban drogas y dinero. Bien parece que se hubiese tratado de operaciones de prestamistas que actuaban con confianza de estar impunes. También este frustrado secuestro hizo recordar el trágico operativo policial irregular del año pasado en Monteagudo, donde fue asesinado el trabajador rural Luis Espinoza. ¿Hay otras bandas operando dentro de la fuerza de seguridad sin ser detectadas por la leve sección de Asuntos Internos?

Sistema saturado

Lo que sabe la Policía es muy poco; no sabe del impacto que tiene el crecimiento del narcomenudeo en la periferia, que se intuye en manos de bandas mafiosas de poca monta pero de alta peligrosidad y que parecen visibilizarse en episodios trágicos, como el triple crimen de Alderetes. La explicación es que se trata de clanes “sospechados de manejar redes de narcotráfico”, algunos de los cuales, como los Reyna, reciben condena. Pero siguen operando, como dijeron los vecinos de “La Bombilla”.

En cuanto a la Justicia, mientras la Policía se esmera en detenciones, los jueces se congratulan con el nuevo Código Procesal y tratan de condenar y castigar más rápidamente y así están las cárceles y comisarías saturadas, en un sistema inhumano de hacinamiento de personas. ¿Ha hecho esto disminuir la violencia en esta sociedad? No. Aunque se detecte un nivel menor de homicidios que en el primer semestre del año pasado, con los 64 asesinatos de enero a junio la provincia se mantiene en un período de suba de la violencia criminal en el último lustro.

Las 500 cámaras anunciadas y los 351 hombres nuevos de la fuerza no son una respuesta frente a una realidad lacerante. Son la misma reacción de siempre, la de hace 20 años, cuando se pedía más hombres, más armas y más tecnología para superar la crisis de inseguridad. Tampoco es una explicación el crecimiento de la crisis económica y de la marginalidad, aunque sí lo es el abandono del Estado de extensos sectores sociales arrojados a vivir como puedan. Eso podría explicar el crecimiento no mensurado del narcomenudeo.

Pero no tenemos -aunque se las anuncia con cierta frecuencia- estrategias basadas en evidencias, información que contenga estadísticas completas, sin cifra negra. Por eso los hombres nuevos que entran a la fuerza rápidamente se pierden en su impronta ausente. No tenemos estrategias de reducción de violencia ni del delito callejero, ni estudio de efectividad de la política de seguridad. Sólo respuestas a cada situación crítica. La Policía necesita una reingeniería, y la sociedad necesita saber cómo se parará la violencia que la inunda.