DEPENDENCIA ESTATAL. La Justicia Federal investiga si el Departamento Técnico del Siprosa funcionó como centro de acopio de drogas para una banda.
La pesquisa por la línea narco que vincula a empleados del Siprosa con el tráfico de drogas está paralizada. Pero pasan los meses y cada vez se conocen más detalles de un expediente que está lleno de sorpresas y vinculaciones políticas. Un caso que no deja de generar polémicas en una provincia que se está acostumbrando a este tipo de hechos. Estas son algunas de las respuestas que se pueden dar sobre la causa:
1- ¿Cómo se originó este caso?
- El 26 de octubre, en Isca Yacu, Santiago del Estero, a unos 75 kilómetros de San Miguel de Tucumán, la Policía de esa provincia detuvo a una pareja de tucumanos en un control de rutina. Los uniformados requisaron con autorización judicial el vehículo y encontraron 120 kilos de marihuana.
Mabel Costilla y Jesús Busto fueron arrestados por orden del juez federal santiagueño Guillermo Molinari. Luego, la fiscala federal Indiana Garzón confirmó que el joven arrestado con la carga trabajaba en el programa “Tucumán te cuida” que se dedicaba a vigilar las fronteras en los tiempos más duro de la pandemia. Se sospecha que utilizó esa figura para poder ingresar drogas a la provincia.
2- ¿Y qué tiene que ver esa causa con la que se conoció después?
- Cuando aún continuaba la polémica por la detención de Busto, salió a la luz otra pesquisa que se estaba desarrollando en la Justicia Federal. Según una investigación iniciada en 2016 por la Agencia Antidrogas Tucumán de la Policía Federal, “Liro” Andrade, “Hombre Lobo” Cardozo y “Leke” Suárez, podrían ser los cabecillas de una organización que se habría dedicado al tráfico de drogas (marihuana y cocaína).
Según fuentes judiciales, los sospechados podrían haber utilizado los depósitos del Departamento Operativo Móvil, que funciona en Italia y Alberti, para depositar allí la droga y luego distribuirla en distintos puntos de la capital y del interior de la provincia. Los investigadores sospechan que podrían haber sido seis las redes de narcomenudeo a la que proveían.
3- ¿Cómo se inició esta pesquisa?
- La investigación comenzó por una denuncia anónima. La persona que llevó el caso a las autoridades informó que los investigados ingresaron de manera irregular al Siprosa, puesto que presentaron certificados de buena conducta, pero en realidad tendrían varias causas abiertas en la Justicia ordinaria, aunque ninguna condena.
También indicó que había presentado varias denuncias a las autoridades de salud, pero que nunca fueron investigadas. Además los vinculó como miembros de ATSA y como empleados para trabajar en las campañas políticas del concejal José Luis Coronel y del legislador Reneé Ramírez, ambos oficialistas.
4- ¿Se terminó confirmando esa versión?
- Sí. “Hombre Lobo” Cardozo y “Liro” Andrade fueron cesanteados en enero y febrero, respectivamente, acusados de haber presentado certificados de buena conducta falsos y ahora enfrentan una causa de falsificación de instrumento público en la justicia ordinaria. El caso de “Leke” Suárez es diferente, puesto que hasta el momento no presentó la documentación que se les exige a todas las personas que ingresan a trabajar en alguna repartición pública.
Esta situación salió a la luz por un informe que el legislador radical José Ascárate le pidió al gobernador Juan Manzur en noviembre pasado. El titular del PE provincial solicitó que el Siprosa realizara una inmediata investigación. El encargado de este trabajo fue el secretario del Siprosa Luis Medina Ruiz, que en menos de tres meses firmó la cesantía de los tres sospechosos.
5- ¿Quién fue el responsable de haber permitido el ingreso de los sospechosos?
- “Ellos ingresaron de la mano de Oscar “Tonga” Heredia, que era el director de la repartición. Presentaron los papeles como cualquier otro empleado y como tenían sellos oficiales, se los recibía de buena fe”, señaló Juan Carlos Flores, ex director de Recursos Humanos del Departamento Operativo Móvil.
El ex funcionario, en una nota emitida en “Panorama Tucumana”, el programa televisivo de LA GACETA, indicó que los mencionados no cumplían con las tareas para las que habían sido designados. También indicó que no se presentaban a trabajar en la repartición porque cumplían funciones en ATSA. “Denuncié todas esas irregularidades y terminaron castigándome”, indicó el hombre, que fue desplazado de su cargo y trasladado a un CAPS de una “zona roja” como administrativo. Actualmente su caso está siendo ventilado en la Justicia.
6- ¿Por qué se habla de contactos políticos?
- Porque todos los mencionados tuvieron algún tipo de vínculo con Coronel y con Ramírez, además de ser parte de la estructura de ATSA. El concejal fue el único que habló y desmintió categóricamente esa versión, pero sí reconoció que podrían haber colaborado con él en la campaña de 2019. El legislador, en cambio, jamás aceptó ser entrevistado por LA GACETA desde que el caso salió a la luz.
“Todos los acusados o señalados por los medios de comunicación no forman parte de la comisión directiva, ni tampoco integran el cuerpo de delegados de ATSA. Si bien algunos de ellos son afiliados, nos es imposible conocer las actividades personales de los más de 15.000 afiliados que tiene nuestro gremio”, dice un tramo del comunicado que emitió la entidad sindical durante esos días agitados. Semanas después, “Leke” Suárez reconocía en una entrevista con LA GACETA que era imposible que Ramírez no lo reconociera, si él había sido Secretario de Deportes del gremio.
Ambos dirigentes también negaron conocer a Bustos, el empleado que llegó al Siprosa a través de una adscripción y que fue cesanteado luego de que fuera descubierto trasladando los 120 kilos de marihuana. Sin embargo, la madre del detenido, Celia Sánchez, indicó que su hijo estaba vinculado a ATSA. “Con mis propias manos y las de mi familia preparamos la comida que se sirvió para la fiesta de fin de año”, dijo la mujer en una entrevista con nuestro diario.
7- ¿De qué se trata la causa en la que están acusados los ex empleados del Siprosa?
- “Conforme con el análisis de la información, la prevención estima que se podría estar frente a seis organizaciones o gavillas bien constituidas, claramente narco-criminales y dedicadas a la adquisición, acopio, transporte, reparto, venta, fraccionamiento y distribución de estupefacientes. Estas gavillas, por separado constituyen clanes familiares dedicados al narcotráfico”, se puede leer en el expediente que llevó adelante la Justicia Federal en el que aparecen mencionados “Liro” Andrade, “Hombre Lobo” Cardozo (foto) y “Leke” Suárez, todos empleados del Siprosa que actualmente se encuentran suspendidos mientras se investiga su situación, ya que se sospecha que hubo irregularidades en su nombramiento en el sistema.
Según la teoría que manejaron los pesquisas, el grupo habría comprado marihuana en Corrientes y cocaína en Bolivia para trasladarlas a la provincia. Sospechaban además que el grupo podría haber escondido la droga en el Departamento Operativo Móvil del Siprosa, ubicado en Italia y Manuel Alberti y después haberla distribuido en distintos puntos de la provincia.
La Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) también había presentado actuaciones para solicitar autorización para investigar esta línea narco, pero en la Justicia Federal les avisaron que ya había una investigación abierta y que los datos que presentaron servirían para engrosar el expediente que ya estaba abierto.
Entre los supuestos compradores de la banda aparecían una tal “Coco”, “Gorda Mabel” y los miembros de los clanes Los Romero y Los Serrano. Al mismo tiempo, en base a la investigación que realizaron, aparecieron otros proveedores identificados como “Petiso” y “Richard”, este último de nacionalidad boliviana. También habría sido investigada una tal “Gorda Noelia”, que fue protagonista de varias causas por drogas.
8- ¿Qué papel habría cumplido la sede del Departamento de Operativos Móviles?
- La teoría de los pesquisas era que ocultaban la droga que traficaban en ese gigantesco predio, que tiene decenas de depósitos, muchos de ellos sin usar, y que están lejos de las miradas de los curiosos y, obviamente, del personal antidrogas.
Según la investigación que desarrolló la Justicia Federal, la organización de empleados del Siprosa podría haber utilizado las ambulancias o cualquier otro vehículo oficial para trasladarla. “El problema es muy grave. Estamos ante una organización que en principio utilizaba los recursos del Estado para desplegar la actividad ilícita”, señaló el legislador Ascárate a LA GACETA.
9- ¿Por qué la muerte de una sospechosa generó tanto ruido?
- En abril de 2019, la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó un megaoperativo para desarticular “quioscos” de venta de drogas en diferentes puntos de la capital, de Monteros y de Alberdi. Una de las medidas se desarrolló en la casa de la tal “Coco”, la misma que estaba en la mira de los federales.
Según la versión oficial, la mujer, al ver ingresar a los efectivos, se tragó varias dosis de cocaína para eliminar la prueba que había en su contra. Durante el procedimiento, “Coco” pidió ser trasladada a un hospital puesto que comenzó a sentirse mal. Fue llevada al Padilla, donde falleció horas después.
Su muerte generó consternación en la Justicia Federal, ya que ella ocupaba un lugar preponderante en la investigación. Según la información, la mujer habría sido la encargada de recibir importantes cantidades de droga y dirigir la distribución a los otros grupos.
10- ¿Qué pasó con la investigación?
- En mayo de 2019, el fiscal federal Carlos Brito solicitó al ex juez federal I, Daniel Bejas, más de 50 allanamientos para desarticular la banda. Uno de los lugares donde debían ingresar los federales era la repartición del Siprosa. Meses después, en diciembre de ese año, el magistrado rechazó la medida y ordenó que se la profundizara. Pero el equipo que había desarrollado ese trabajo fue desmantelado, ya que varios de sus integrantes pasaron a retiro o fueron trasladados hacia otros puntos del país cuando cambió el gobierno nacional.
