Por Gustavo Rodríguez
25 Junio 2021
GUARDA SECRETOS. La camioneta que utilizaron los investigadores estaba siendo requisadas por hombres de Gendarmería Nacional.
“Si esa camioneta hablara…” El comentario del investigador se refiere a que en el vehículo que utilizaron los tres policías y el civil para secuestrar a un taxista hay varios elementos que servirían no sólo para esclarecer el hecho, sino para demostrar que el grupo podría haber tenido una lista de personas para privarlas de su libertad a cambio de un rescate en dinero o de drogas.
Franco Lizárraga (31 años) circulaba junto a su pareja Tania Noelia Paredes y un bebé de nueve meses hacia su hogar, ubicado en el Barrio Oeste II. En Necochea al 800, fue abordado por personas que se desplazaban en una Ford EcoSport de la cual descendieron dos hombres armados. Lo amenazaron con pistolas y lo obligaron a subir a su vehículo. La mujer, desesperada, comenzó a pedir ayuda a las personas que se encontraban en el lugar. Los pocos que reaccionaron fueron frenados por los hombres, que les advirtieron que eran policías y que se trataba de un operativo que realizaba personal de la ex Brigada de Investigaciones. Luego partieron raudamente hacia el este.
Los integrantes del grupo fueron detenidos en pleno Barrio Norte. Intentaron hacer creer que la persona que tenían esposada en el asiento trasero había sido detenida en un operativo antidrogas. Pero no les creyeron porque no tenían ninguna documentación que respaldara sus dichos.
El fiscal Ernesto Salas López ordenó que el policía federal Gonzalo Gabriel Lagoria (32), el oficial de policía provincial Jonathan Gabriel Díaz (27), el agente Luciano Ramón Campos (25) y el civil Ángel Luis Medina (26) quedaran aprehendidos. Después de que se les dictara la prisión preventiva por tres meses, el caso pasó a manos de la Justicia Federal.
Y el cambio se debe a que se confirmó que se trató de un secuestro extorsivo, porque se demostró que los captores lo privaron de su libertad para llegar hasta un tal Carlos Ovejero, supuesto transa de la zona oeste de la ciudad, cuya mujer es prima de la esposa de Lizárraga. Le habrían pedido una suma de dinero o dos kilos de drogas para que lo dejaran en libertad.
Con miedo
Lizárraga, la víctima, no se fugó ni se escondió. Por temor a que le suceda algo, decidió cambiar de hábitos y refugiarse en la casa de un familiar. Mientras tanto, mantiene contactos con un abogado que lo asesora. El letrado no descarta que en las próximas horas se presente ante el fiscal federal Pablo Camuña para asumir el rol de querellante en la causa que está en su poder.
El taxista, según comentaron sus allegados, no varió ni una coma en sus dichos. Insiste que lo privaron de la libertad por error. Que él no tiene relación con Ovejero o con cualquier otra persona que esté vinculado al narcotráfico.
Sí trascendió que estaría dispuesto a brindar más detalles sobre lo que sucedió en la madrugada del domingo.
Entre otros datos, diría que Lagoria, además de amenazarlo, golpearlo y ponerle la pistola en la boca, le mostró una carpeta en la que aparecían varias personas, entre ellas el rostro de Ovejero.
Los investigadores creen que esos rostros podrían haberse tratado de personas elegidas para ser víctimas del mismo delito.
El grupo habría tenido un modus operandi claro: buscar allegados de los transas o narcos para secuestrarlos y cobrarles un rescate. ¿Podrían haber cometido otros hechos similares? Es una pregunta que por ahora no tiene respuesta y más aún cuando se trata de un tipo de delito que no se denuncia para evitar tener problemas judiciales.
Sí podrían conocerse más indicios sobre esta situación cuando se terminen de analizar todos los celulares que se encontraban en el interior de la EcoSport secuestrada. Al cierre de esta edición, los miembros de Gendarmería Nacional requisaban la camioneta que estaba estacionada en la ex Brigada de Investigaciones.
Contactos
Hasta el momento se presume que Lagoria sería el líder de la organización que podría haber conseguido datos de las posibles víctimas en los tribunales federales, donde prestaba servicios. Díaz, el oficial de mayor rango de la fuerza, podría haberse encargado de la logística, ya que como integrante del servicio 911, tenía acceso a la información de los movimientos de la fuerza. En tanto que Campos habría cumplido el rol de ejecutante de los planes del grupo.
No estaba claro qué papel jugaba Medina, ya que era el único civil que formaba parte del grupo. Sin embargo, en las últimas horas surgieron detalles que complicarían su situación procesal. Tendría parientes integrando las filas de las fuerzas antidrogas de la Policía Federal en esta provincia y Termas de Río Hondo. Los miembros de estas fuerzas son, justamente, los encargados de vigilar a los sospechosos de traficar o comercializar estupefacientes. Son ellos también los que elaboran fichas similares a la que le mostraron a Lizárraga.
Los detalles de la investigación
Los integrantes de la banda, por su condición de miembros de fuerzas de seguridad, tendrían información clave para actuar.
El grupo habría elegido a allegados de narcos o transas para secuestrar y luego exigirles que les paguen un rescate en efectivo o en drogas.
Hasta el momento, los pesquisas no pudieron establecer si los detenidos habrían tenido que ver con otros hechos similares.
Lo que se encuentre en el interior de la camioneta utilizada en el secuestro del taxista será clave para esclarecer el hecho.
Lo más popular
