Un funcionario reconoce que no se puede alojar más reos - LA GACETA Tucumán

Un funcionario reconoce que no se puede alojar más reos

En la Justicia estiman que hasta fin de año deberían ingresar 1.300 personas al sistema carcelario, que ya está colapsado.

17 Jun 2021 varios autores
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NÚMERO BAJO. En los últimos cuatro años se incrementaron 394 plazas en el penal de Villa Urquiza con dos remodelaciones que se hicieron.

La crisis carcelaria se profundizará con el correr de los días. Con 1.300 detenidos en las comisarías (más del triple de los 400 que pueden albergar) y con 1.350 reos en los penales de la provincia (con la capacidad superada en un 30%) se supo que hasta fin de año deberían ingresar al sistema otras 1.300 personas como mínimo, por lo que no habrá lugar para alojarlos y tampoco existe una solución a corto plazo.

“Se ha formado un cuello de botella y de seguro habrá más detenidos. Por eso estamos trabajando con prisa para preparar nuevas estructuras que sirvan para alojar más detenidos”, dijo el secretario de Seguridad, Luis Ibáñez.

La implementación del nuevo código procesal penal de la provincia significó un cambio en el sistema judicial. Desde el 1 de setiembre hasta el 31 de mayo se dictaron 791 prisiones preventivas, es decir, acusados que terminaron ocupando lugares en los calabozos de las comisarías. Por mes, el promedio era de 88. Pero ese número, al ir acomodándose la aplicación del nuevo digesto, fue creciendo.

Según las estadísticas que maneja el Poder Judicial, en mayo fueron 220 personas las que terminaron tras las rejas. De ese número, a unas 170 se les dictó la prisión preventiva; las 40 restantes fueron condenadas por el régimen conclusional y a otras 10 con el nuevo código. A este ritmo, hasta fin de año los calabozos de la provincia tendrían que alojar a unas 1.300 personas más. “Esa cifra no es la real porque nos quedan los meses más complicados del año y con una crisis económica y social que están en alza y que seguramente harán que esos números aumenten”, advirtió una fuente judicial.

En otras palabras: el sistema carcelario de la provincia está colapsado con los 2.600 detenidos de la actualidad. Y hasta fines de año se estima que se incorporarían otras 1.300 personas, lo que representa un 50% más en la población carcelaria. Y estos números sólo corresponden al Centro Judicial Capital, dejando de lado los procesados de los tribunales de Concepción y de Monteros, que podrían aportar entre un 20 y un 30% más de presos.

Consultado por estos números, Ibáñez respondió: “No entrarían en las dependencias que tenemos hoy. Cumpliendo con todas las leyes, estamos con la cobertura justa de la capacidad en el servicio penitenciario, pero no así con la cantidad que tenemos alojados en las dependencias policiales. Por eso estamos haciendo las gestiones para ampliar ambos lugares”.

Más datos

De acuerdo a un informe reservado que se conoció en las últimas horas, en todas las dependencias policiales hay hacinamiento de detenidos. En la mayoría de las seccionales hay más del número permitido, pero existen situaciones extremas. Por ejemplo, la seccional 11ª, donde se fugaron cuatro presos el domingo, y cuyos arrestos habían sido clausurados hace varios años por su pésimo estado, alojaba 23 personas, cuando tiene capacidad para 10.

El otro extremo: hace menos de dos semanas se inauguró la nueva sede de la seccional 10ª con capacidad para 20 detenidos, pero actualmente hay 40. El edificio de la ex Brigada, ubicado en Barrio Norte, tiene arrestos para no más de 50 reos, pero alberga a unos 100. La antigua comisaría de Yerba Buena, donde el martes a la madrugada hubo un intento de motín, es la única que puede alojar a 10 personas en esa ciudad, pero tiene 20.

Reacciones

El informe publicado ayer por LA GACETA generó diferentes reacciones. “Esta es la consecuencia de no haber tomado los recaudos necesarios. Se advirtió que con el nuevo digesto se resolverían las causas de manera más rápida, pero evidentemente no nos escucharon”, indicó una fuente del Colegio de Jueces. Los magistrados advirtieron que no dejarán de aplicar la ley por esta situación. “Los delitos se incrementan al igual que su gravedad. Lo vemos todos los días”, agregaron.

En el Ministerio Público Fiscal también advirtieron que no cambiarán la política criminal porque no haya lugar para alojar a los detenidos. “Ese no es nuestro problema y en los últimos años se venía advirtiendo de esta situación”, señaló un alto funcionario.

El jefe de Policía Manuel Bernachi reunió el martes a la plana mayor de la fuerza para explicarle las gestiones que se están haciendo para descomprimir la situación en las dependencias. También les pidió que se hicieran mayores controles para evitar nuevas fugas de detenidos.

En tanto que los legisladores republicanos Ricardo Bussi y Horacio Vermal presentaron un pedido para que el ministro Claudio Maley informe cuál es la capacidad de alojamiento de personas detenidas y cuál es la cantidad de reos que se encuentran en las comisarías, cuántos son los condenados que no han pasado al penal y cuánto es el tiempo de demora para que se concreten los traslados.

En emergencia

En septiembre, se cumplirán cinco años desde la declaración de emergencia por la inseguridad y por la crisis carcelaria. Con aquella norma se pretendía dar una respuesta a los cambios que exigía la Corte Suprema de Justicia de la provincia para solucionar los problemas que habían planteado la ex fiscala Adriana Giannoni y el fiscal Diego López Ávila al presentar un hábeas corpus a favor de los detenidos en las comisarías, del personal policial que debía cuidarlos y de los vecinos de las dependencias policiales.

En el marco de esa norma, en abril de 2017, cuando Regino Amado era ministro de Justicia y Seguridad de la provincia, se inauguró la Unidad 10 del penal de Villa Urquiza. Se trataba de un nuevo pabellón que aportó 192 cupos a la cárcel. De ahí en adelante no se hizo ninguna otra reforma utilizando las facilidades que otorga una ley de emergencia, que permite realizar obras sin licitaciones, entre otras situaciones. Sólo hubo anuncios sin que se concretara ninguno por ahora (se informa por separado).

En 2018, y ante la falta de respuestas, se decidió crear una comisión interpoderes formada por representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Impulsadas por este cuerpo, se logró inaugurar tres pabellones nuevos (con capacidad para 192 reclusos, que ya está cubierta), dos escuelas (al estar cerradas se utilizan para aislar a los reos que tuvieron contacto estrecho con enfermos de covid), se remodelaron los baños y un hospital para internar a los reos infectados.

Otra mirada: “La cantidad de detenidos no genera problemas en la seguridad”, dijo Ibáñez

Las normas internacionales indican que cada detenido debería haber dos cuidadores. Si se tiene en cuenta esos estándares, para custodiar a los 1.300 reos alojados en las comisarías de la provincia, sería necesario contar con 2.600 hombres, cuando la fuerza cuenta con poco más de 9.000 efectivos.

Si bien no se utiliza esa cantidad de efectivos, sí se destina en cada comisaría uno o dos  que cumplen con la función de carcelero. Al mediodía y a la tarde son más los efectivos que se involucran, ya que lleguen los familiares a entregarles la comida. También son los hombres de la fuerza los que deben trasladarlos por algún problema de salud para que sean atendidos.

“La cantidad de detenidos en las comisarías no genera problemas en la seguridad, ya no afecta la tarea de prevención y la detención de personas en flagrancia que hacen nuestros hombres”, explicó el secretario de Seguridad Luis Ibáñez.

Un problema de años

En 2015, los fiscales Adriana Giannoni y Diego López Ávila denuncian que había poco más de 400 detenidos en las comisarías, hoy son 1.300.

En 2016 se declaró la emergencia carcelaria. Desde ese día y hasta ahora se amplió a 384 cupos nuevos en el penal de Villa Urquiza.

Actualmente el sistema carcelario está colapsado. Las comisarías tiene más del triple de reos de su capacidad. La cárcel tienen un 30%.

El Poder Judicial estimó que, con el nuevo código, hasta fin de año, aportarían más de 1.300 detenidos al colapsado sistema carcelario.

Números claves

- 2.650 personas se encuentran actualmente detenidas.

- 1.300 serían los reos que sumarían al sistema hasta de fin de año.

- 700 son los procesados que están alojados en las comisarías.

- 120 condenados están en dependencias policiales.

- 2 policías se necesitan para cuidar a cada reo.

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