Sin conmiseración impositiva

Si la inflación carcome el bolsillo, los impuestos terminan dándole un empujoncito al poder adquisitivo de la sociedad para que sigan cayendo por el barranco. La voracidad fiscal es tal que no hay contribuyente que escape a la necesidad de financiamiento de un Estado que requiere más dinero para sustentar toda su estructura. Es cierto, los impuestos se hicieron para pagarse y no admiten más discusión que esa, dirían los profesores de la materia en cualquier universidad. Aún más, las tasas municipales están sustentadas en una contraprestación de servicios. Al menos eso es lo que dice la teoría impositiva. Las empresas sienten que llevan una sobrecarga fiscal que, en tiempos normales, tal vez hubiera sido llevadera y hasta absorbida en cierta medida. Los asalariados siguen esperando que el Gobierno cumpla su promesa de restituir parte de los recursos que el fisco les retuvo por el solo hecho de pensar que el salario sigue siendo ganancia, con valores desactualizados para gravar la remuneración. Los monotributistas, a su vez, está pegando el grito en el cielo porque se encontraron con una inesperada recategorización dispuesta por el fisco y que le ha generado una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) cercana a los $ 26.000. Pero el Estado es bueno y le da la posibilidad de que puedan saldar el nuevo compromiso en hasta 20 cuotas. En la provincia pasa algo parecido. Un Plan de Regularización de Deudas Impositivas vino a sacarles la soga del cuello a los pequeños y medianos empresarios, a los emprendedores y hasta los simples contribuyentes que tuvieron que sacrificar parte de los costos y de los ingresos para poder cubrir otros que se consideran esenciales.

Un reciente ejercicio efectuado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) ha realizado un cálculo respecto de la pérdida que tuvo el salario en los últimos tres años. Y ha llegado a la conclusión, por ejemplo, que los más perjudicados por el fenómeno inflacionario y por la falta de acompañamiento de los reajustes salariales ha sido el sector privado no registrado (informales) con una pérdida de 6,8 salarios en ese período. Esto equivale al 18,9% de su capacidad de consumo en el trienio (6,8/36 meses). Este resultado se lo puede interpretar de la siguiente manera: un trabajador informal que tiene ahora (marzo pasado) un ingreso mensual de $ 30.000 debería recibir una compensación, por única vez, de $ 204.000 para recuperar el consumo perdido en los últimos tres años. La mayoría de esta franja de asalariados en negro hoy se debate entre estar dentro de la pobreza medida en términos socioeconómicos y en el desempleo, sin un horizonte claro acerca de cuándo volverá a reinsertarse en el mercado laboral.

En el diagnóstico del Iaraf le sigue el sector público con una pérdida de 4,7 salarios, lo cual equivale al 13% de su capacidad de consumo durante los tres años. Y, por último, el sector privado registrado perdió 3,6 salarios, lo que equivale al 10,3% de su capacidad de consumo en el trienio considerado.

A esta carrera desigual se le agregaron los impuestos que, a pesar de los acuerdos y pactos entre Nación y los gobernadores para reducir la carga tributaria en las provincias y reordenar la maraña impositiva que hay en el país, ha decidido postergar porque no hay otra forma de sostener los gastos.

“El Estado recaudador aumenta su voracidad fiscal con un crecimiento de cobro de impuestos del 20% por encima de la inflación, sin aumentar la alícuota de los impuestos. A esto se suma la aprobación en Diputados del pacto fiscal que permitirá a los Estados provinciales subir alícuotas a su antojo”, describe Clemente Babot, economista de la Fundación Federalismo y Libertad. El experto advierte que “los políticos no deben olvidar ni por un momento que el único generador de riqueza es el sector privado. Mientras ahoga a la economía con mayor presión fiscal, lo único que hace es impedir su crecimiento. El sistema impositivo provincial no tiene piedad con los contribuyentes”.

El Gobierno nacional no le encontró la vuelta ni a la inflación ni a la mayor carga impositiva. En términos reales, la recaudación le está ganando al Índice de Precios al Consumidor (IPC), pero nada es suficiente. Los derechos a las exportaciones agrícolas siguen alimentando al Estado y este mes serán Ganancias y Bienes Personales los que sostendrán el ritmo recaudatorio. Por ende, las provincias seguirán siendo las beneficiarias del mayor aporte del sector privado, a través de la coparticipación federal de impuestos.

La Nación acaba de lanzar el programa Súper Cerca, con el que complementará al plan de Precios Cuidados y traspasar las bocas de expendio de supermercados para llegar a comercios de cercanía y barriales de todo el país con 70 productos de consumo masivo que mantendrán su precio fijo hasta fines de año. Las dudas se plantean respecto de que si habrá stock para atender la demanda de alimentos. Será un mecanismo que no soluciona los problemas de fondo, pero no se avanzará, por ejemplo, en la reducción o eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en los alimentos. “La realidad es que estas estrategias de eliminar el IVA a la canasta básica genera un montón de dificultades administrativas y operativas y se termina diluyendo. Lo vimos en la última etapa del Gobierno de Mauricio Macri, donde a pesar de haber eliminado por un período puntual de pocos meses el IVA en los alimentos, la inflación sigue en alza”, comparó ayer el ministro de la Producción, Matías Kulfas. Así, la carga impositiva seguirá en alza, en un país que no encuentra remedio contra el virus inflacionario.