Lo acusaron de que había robado 10 baterías a Telecom y había afectado el servicio de telefonía

Lo acusaron de que había robado 10 baterías a Telecom y había afectado el servicio de telefonía

El sospechoso "causó un perjuicio contra la sociedad", aseguró el representante del Ministerio Público Fiscal.

Tribunales penales de avenida Sarmiento. Tribunales penales de avenida Sarmiento. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
07 Junio 2021

Un hombre de 42 años fue imputado por el Ministerio Público Fiscal (MPF) por el robo de 10 baterías pertenecientes a la empresa Telecom SA. En la acusación, se le reprochó además que, como consecuencia del supuesto delito, sería responsable de haber dejado a un importante grupo de personas sin el servicio de telefonía.

El martes de la semana pasada, la compañía efectuó una denuncia por la sustracción de los insumos tecnológicos perpetrada en Villa Benjamín Aráoz.

Según el informe del MPF, se acusó a un hombre identificado como Jorge David Lizárraga, de 42 años, por los delitos de robo y entorpecimiento del servicio de comunicación telefónica, en calidad de coautor.

El auxiliar de fiscal Rodrigo Bilbao, que actuó en la audiencia por delegación del fiscal Pedro León Gallo (Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II), consignó que el sospechoso y un cómplice, en una fecha a determinar, llegaron en un Renault Twingo hasta el predio de la empresa de telefonía ubicado en el paraje Tanque de Agua, a la altura del kilómetro 54 de la ruta 304, donde se encuentran las antenas de señales pertenecientes a la empresa.

"Es un delito que provoca un gran daño patrimonial a la empresa de telefonía, ya que el monto de los bienes sustraídos estaría estimado en 6.000 dólares, pero sobre todo que causó un perjuicio contra la sociedad, que se vio privada del servicio de comunicación", indicó Bilbao. 

El auxiliar de fiscal destacó la vigencia de los peligros procesales de riesgo de fuga y obstaculización de la investigación, solicitando contra el acusado la prisión preventiva por un mes, al considerar ese plazo razonable para completar la investigación penal preparatoria (IPP) y avanzar a la siguiente etapa. El requerimiento del MPF fue avalado por la jueza penal Judith Solórzano, señala el informe oficial.

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