El Tribunal de Impugnación de Concepción celebrará una audiencia decisiva para la denuncia de supuesto abuso sexual infantil articulada contra Daniel Gustavo Zelaya, concejal que preside el Concejo Deliberante de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca. Soledad Ledesma, la procuradora que acusó al edil, brindó ayer una conferencia de prensa junto a la dirigente del movimiento #NiUnaMenos, Alejandra del Castillo, en la que manifestó que los jueces Edgardo Sánchez, Paul Hofer y Jorge Carrasco “tenían en sus manos la posibilidad de impedir la impunidad de Zelaya”. Este habría solicitado una licencia en el cargo luego de que la denunciante publicitara el caso en Facebook, en abril de este año (Ledesma autorizó la publicidad de su identidad). Las partes comparecerán ante el estrado en un acto virtual previsto para el 15 de junio.
En un contacto con LA GACETA, Ledesma relató que solicitó la investigación de Zelaya en marzo de 2020 por hechos ocurridos en la localidad de La Madrid cuando ella tenía 8 años y el funcionario, 16, pero que, primero el fiscal Fabián Assad, y, luego, el fiscal regional Mariano Fernández, cerraron el proceso con el argumento de que la acción penal había prescripto.
La procuradora (se recibió de abogada, pero tiene el título en trámite) sostiene que el plazo de la prescripción en los delitos de abuso sexual infantil se computa a partir de la presentación de la denuncia. “La posición del Ministerio Público Fiscal es misógina: se trata de otra operación cómplice con el poder político”, expresa el documento distribuido con motivo de la conferencia de prensa.
