Como forma recurrente viene surgiendo la necesidad de que la Provincia cuente con una legislación que transparente las acciones del Estado. Es una materia pendiente de Tucumán y, especialmente, de las gestiones de Gobierno de los últimos lustros.
Cuando durante la administración de Mauricio Macri (2015-2019) se sancionó y se aplicó en el segundo año de su presidencia la ley de la Transparencia y la Equidad (26.571), muchos gobiernos provinciales se subieron a la corriente nacional. Proliferaron las promesas de poner al alcance de los ciudadanos la documentación de todos los actos del Estado; el Poder Ejecutivo local también lo hizo en 2016, afirmando que avanzaría en una propuesta para transparentar el Estado.
Sin embargo, nada prosperó hasta la fecha. Todo quedó en promesas. Sólo hubo varios proyectos legislativos que fueron perdiendo estado parlamentario al pasar más de dos años si que fuesen sancionados. Es evidente que en el Gobierno no existe la intención de concretar una norma que exponga todos los actos administrativos del Estado, en especial todos aquellos que hacen al manejo de los recursos públicos, para que puedan ser observados, escudriñados y analizados por cualquier tucumano. Y, tal vez, puedan descubrir anormalidades en los papeles que sean solicitados.
La pregunta que surge, y las dudas que eso conlleva, es por qué las autoridades políticas temen que sus gestiones queden expuestas al ojo ciudadano. La respuesta es siempre la misma, y por ende los cuestionamientos a los manejos poco transparentes en la función pública: tal vez se quieran ocultar hechos reñidos con la legalidad.
Lo que es lo mismo que apuntar que la deshonestidad marca las conductas humanas de algunos de los que llegan a ocupar cargos públicos de responsabilidad con acceso al dinero público, a las distintos organismo que manejan recursos estatales.
Suele mencionarse con asiduidad que las cajas del Gobierno tienen un destino: facilitar la gestión política, ya que el dinero sirve para disciplinar a los que dependen de la gestión de Gobierno.
En este año eminentemente electoral, donde todo está bajo sospecha en cuanto a las acciones administrativas, es cuando más los funcionarios deberían exponerse ante la sociedad y rendir examen de sus actos al frente de las diferentes estructuras estatales, o de los ámbitos de poder, Ejecutivo y Legislativo.
Mientras no alumbren propuestas de leyes destinadas a transparentar el funcionamiento del Estado, toda la clase dirigente que conduce los destinos de los tucumanos va a estar bajo sospecha. Esa sola condición debería ser un acicate para animarla a concretar esa normativa hoy ausente. Fortalecería significativamente a las instituciones.
Sería un paso adelante de calidad en la gestión, pero sobre todo una muestra de que hay voluntad de que las cosas cambien, de que no hay temor a que sean expuestas las acciones de gobierno relacionadas con el dinero público; y más que nada una demostración de honestidad, una conducta que la sociedad exige.
En este aspecto la responsabilidad es compartida entre todos, oficialistas y opositores, aunque más le cabe al Gobierno de turno apurar una ley de transparencia, por su propio bien. Si llegase a suceder se llevaría los aplausos, pero mientras eso no ocurra y sólo haya amagues y declaraciones de ocasión, forzadas, siempre estarán bajo sospecha. Todos.
