El caso de Alperovich confirma la inutilidad de la Justicia a medida - LA GACETA Tucumán

El caso de Alperovich confirma la inutilidad de la Justicia a medida

24 May 2021 Por Irene Benito

José Alperovich fue el gobernador que mayor cantidad de vacantes judiciales cubrió en la historia democrática de Tucumán. Durante su estancia de 12 años en el Poder Ejecutivo llegó a designar a tres de los cinco vocales de la Corte Suprema y al jefe del Ministerio Público Fiscal. En una Legislatura donde reinaba sin sombras, incluso los nombramientos más polémicos lograron un acuerdo automático. Alperovich sólo tuvo dos límites: el kirchnerismo que le obligó a descartar a Francisco Sassi Colombres y la antigua Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que le impidió manejar directamente el Consejo Asesor de la Magistratura. Si no eligió más magistrados fue porque no quiso. Este poder le sirvió mientras mandaba, en particular para incrementar su fortuna de origen sin contratiempos y de un modo fenomenal. Pero en el plazo largo está empujando al senador hacia el peor destino para una figura pública, que es sufrir -como cualquier otro ciudadano- la inexistencia de un sistema judicial capaz de esclarecer acusaciones de un modo ágil y creíble.

Los déficits institucionales por lo pronto dejaron a Alperovich sin su banca -la licencia se encamina a llegar hasta el final del mandato- y a Tucumán en desventaja en el Senado. En la última entrevista que concedió, el defensor Mariano Cúneo Libarona se quejó de que la denuncia de supuesto abuso sexual presentada por la sobrina y ex colaboradora de su cliente esté surtiendo los efectos de una condena anticipada para este, pese a los esfuerzos desplegados para probar su inocencia. El ex mandatario ni siquiera consiguió, por lo que trascendió, llamar la atención de los Tribunales locales con el descargo en el que expuso su hipótesis de que entre su ex secretario privado, el hoy concejal capitalino David Mizrahi; el diputado justicialista Carlos Cisneros y el abogado Gustavo Morales instrumentalizaron a la joven para “destruirlo”. En lugar de generar una investigación, esta contradenuncia gravísima produjo al menos una querella por calumnias de Morales contra el senador.

El revés más significativo para Alperovich radica en el hecho de no haber logrado que la causa de la presunta violación se haya quedado en la Justicia de “Trucumán”, que, como se dijo, está poblada de magistrados que le deben el cargo. Lo más impactante es que en la decisión de unificar los procesos en los Tribunales de la Nación con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) pesó una opinión que sostiene, entre otras razones, que la judicatura porteña “estaba en mejores condiciones de dar la respuesta judicial oportuna” a una impugnación tan delicada. Esta línea sobresale en el dictamen del procurador general interino Eduardo Casal, un parecer que hicieron suyo los ministros de la Corte argentina. La creencia de que en la CABA podrán manejar con mayor destreza el proceso admite lecturas técnicas y políticas múltiples, entre ellas que la institucionalidad tucumana carece de las calidades que demanda la resolución del conflicto. Otra línea del procurador refuerza esa idea. “La institución (porteña) puede garantizar un acceso adecuado a la justicia por parte de la víctima de violencia de género”, dijo.

Cómo estarán las cosas para que la Justicia de la CABA, que no luce como una panacea, sea considerada mejor que la local. La realidad es que en el año y medio en el que las acusaciones de la sobrina de Alperovich fueron tramitadas en ambas jurisdicciones, allá no sólo hicieron mayores progresos, sino que, además, fueron más transparentes. Los fiscales nacionales Santiago Vismara y Mariela Labozzetta llevaron adelante medidas investigativas que comunicaron oportunamente hasta el punto de que en diciembre solicitaron la citación de Alperovich para declarar como imputado, un pedido que representa toda una novedad. ¿Lograrán aquellos las rendiciones de cuentas y explicaciones que sus pares tucumanos jamás pudieron obtener? Ocurre que el ex gobernador fue denunciado por supuestos actos de corrupción al menos 29 veces entre 2005 y comienzos de 2018, y, por lo que trascendió, las justicias local y Federal nunca estuvieron ni cerca de indagarlo.

Por el contrario, Alperovich se las ingenió para no pisar los estrados tribunalicios ni como denunciante, ni como denunciado, ni como testigo. En julio de 2018 y con una interpretación extensiva de los fueros, la Corte tucumana lo eximió de asistir al juicio oral y público del homicidio de Paulina Lebbos, y le otorgó el beneficio de prestar testimonio por escrito. A comienzos de 2020, el ex senador faltó a la audiencia oral y pública que había generado a partir de un recurso interpuesto para lograr, justamente, que el presunto abuso sexual sea investigado en Tucumán. Tampoco concurrió para defender su intención de que la contradenuncia sea agregada a la denuncia de su sobrina. Curiosamente, su ex colaboradora presenció ambos actos, aunque resguardada por un vidrio que le permitía ver, pero no ser vista.

Dos meses antes de que Vismara y Labozzetta peticionaran la indagatoria, el juez provincial Raúl Armando Cardozo paralizó de oficio el proceso que le había tocado hasta que la Corte de la Nación resolviera el conflicto de la competencia. Lo más curioso es que esta decisión trascendió un mes después a partir de la consulta con las partes: el Poder Judicial tucumano omitió dar cuenta de una suspensión de plazos tan sensible como la resuelta por Cardozo. A ciencia cierta no se sabe en qué estado irá el expediente a Buenos Aires, pero, allí, la difusión de los detalles de esta causa dejará de depender de la buena voluntad de las autoridades al quedar esta comprendida en la ley nacional de acceso a la información pública.

Es difícil saber cómo le irá a Alperovich en la capital del país, donde su defensor litiga como pez en el agua, pero en Tucumán el proceso parecía dirigirse hacia ningún lado. Lejos de ayudar al senador, la debilidad institucional del órgano de control terminó volviéndose en su contra. Es un buen ejemplo para los gobernantes actuales empecinados en concebir su propia Justicia a medida. Una ley no escrita prescribe que la independencia judicial es la mayor garantía para los poderosos, sobre todo en el momento declive, pero, claro, estos siempre preferirán creer a las sirenas que les cantan que serán eternos y que nunca padecerán el infortunio ajeno.

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