ARCHIVO LA GACETA
El aumento exponencial de casos de coronavirus detectado en las últimas semanas en la Argentina también se ha visto reflejado en un incremento en la ocupación de camas en unidades de terapia intensiva (UTI), llegando a niveles superiores al 75% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) según datos oficiales al 11 de mayo último recogidos de la web del Ministerio de Salud de la Nación.
En Tucumán, de acuerdo a cifras de la misma cartera nacional y para esa misma fecha, el 80 % de las camas de terapia intensiva se encontraban ocupadas.
Ante este escenario, surge una pregunta: ¿qué pasaría en un hipotético escenario de ocupación plena? El 26 de junio de 2020, el Gobierno nacional creó por decreto el Comité de Ética y Derechos Humanos en Pandemia Covid-19, que funciona en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación y tiene como objetivo brindar asesoramiento.
Ahora bien, en agosto de ese año, el comité elaboró una serie de recomendaciones para la asignación de recursos limitados en cuidados críticos. Ese protocolo sugiere que, ante la necesidad de tener que elegir a qué pacientes ingresar a la UTI, los profesionales deberán seguir el criterio de maximización de los beneficios. Esto significa que deberán asignar los recursos escasos a quienes tengan mayor posibilidad clínica de beneficiarse o salir airosos.
Pero, ¿si dos personas tienen iguales probabilidades de beneficiarse de los cuidados intensivos? Llegada esta situación, el Comité sugiere que el proceso más justo sería una elección aleatoria; es decir, al azar. En ese sentido, recomiendan definir por el orden de llegada: el criterio primer llegado, ‘primer ingresado’.
En otro punto de ese documento se aclara que las prioridades no deben definirse por criterios relacionados con la edad de los pacientes y por ningún otro criterio no médico. De hecho, en una nota con el sitio de verificación de noticias Chequeado, una integrante del comité, la doctora en Filosofía Luisa Pfeiffer, dijo que los protocolos se han propuesto para aliviar al médico, con equipos de triage y comités de ética para respaldar su decisión.
Finalmente, desde el área de Prensa del Ministerio de Salud de la Nación señalaron a Chequeado que el protocolo es un consenso sobre el uso de recursos críticos. Pero no tiene fuerza de ley: cada institución de salud puede aplicar sus propios criterios.
