Por Marcelo Aguaysol
18 Mayo 2021
ARCHIVO LA GACETA
La inseguridad vuelve a ser el principal tema que inquieta a los tucumanos. Esa conclusión surge de una encuesta realizada por Sociología y Mercado, a la que accedió LAGACETA.COM, en la que se muestra que un 87,8% de los ciudadanos sondeados por la consultora han respondido de esa manera. Muy por detrás de ese problema se encuentra el desempleo (un 39% de las respuestas lo ubicó en el segundo lugar) y más atrás el estado de las calles y de las rutas (12,8%).
En el sondeo de la consultora dirigida por la socióloga Roxana Laks y por el contador Julio Chit, la inflación no se vislumbra dentro de las preocupaciones, ya que se enfocó en cuestiones de índole social. La encuesta, difundida en estos días, fue realizada a mediados de abril en base a respuestas múltiples (el consultado puede elegir entre una o varias opciones de un listado de cuestiones posibles). "Se trata de un sondeo de tipo estructural y sociológico, más que de problemas coyunturales, como los económicos", advierte Laks.
Que casi nueve de cada 10 personas sostengan que la seguridad es su principal problema en la actualidad, implica un profundo fracaso de las políticas públicas en la materia, sostiene Matías Lorenzo Pisarello, especialista en Criminología y coordinador Area de Seguridad y Derechos Humanos ANDHES.
No caben dudas que la “inseguridad” se instaló en la agenda pública en la última década del siglo XX y desde entonces se consolidó como un tema central tanto en la cobertura de los medios de comunicación como en las conversaciones cotidianas. En este sentido, según el abogado, el aspecto más convocante sobre “la seguridad” ha remitido casi exclusivamente a aquel que la vincula y circunscribe a la cuestión de la criminalidad y la violencia.
El estudio de opinión de Sociología y Mercado, titulado "Tucumán, Ciudadanía y Democracia", puntualiza que "reformando la policía (52,7% de las respuestas múltiples) y la justicia (55,6%) para evitar la corrupción y la complicidad con el delito" son dos de los principales caminos para mejorar la seguridad en la provincia, seguido por el aumento de las penas para los delitos (46%).
"Al analizar lo que espera la sociedad para modificar esa realidad, nos encontramos con una variedad de respuestas que demuestran una sensación de responsabilidades compartidas entre los poderes del Estado, aunque se destaca la creencia de que funcionarios estatales gestionan o encubren actividades delictivas", advierte.
Y explica: "el bajo porcentaje de respuestas destinadas a señalar las políticas públicas educativas, sociales, culturales y recreativas como una alternativa para mejorar la seguridad, ratifican que la misma es vista como un problema más individual que colectivo, lo cual se condice con el pedido de aumento de penas para quienes cometen delitos".
En lo que respecta a la reforma policial exigida al Poder Ejecutivo, se encuadra en el desgaste de iniciativas y acciones sin una perspectiva estratégica de abordaje del problema y, en consecuencia, sin coherencia ni continuidad inter- temporal.
En los últimos 20 años se repitió una y otra vez la misma fórmula: más policías, más patrulleros y mayor equipamiento para agentes policiales y sin embargo los índices delictivos y casos de violencia policial aumentaron sin parar, fundamenta Pisarello, convocado por la consultora privada para brindar su punto de vista.
"Es imperiosa una reforma policial amplia. Una reforma que prevea cambios profundos en el ingreso y formación del personal policial y sobre todo que contenga mecanismos y herramientas para impedir y erradicar la violencia institucional, ello por cuanto la violencia policial se encuentra arraigada en las prácticas habituales del personal policial", acota.
En el caso del pedido de reforma del Poder Judicial, a criterio del especialista en Criminología, todo parece indicar que logró adelantarse al reclamo social y durante el año 2020, avanzó rápidamente en la puesta en vigencia del proceso penal oral y la creación de nuevas oficinas para brindar mayor confiabilidad y celeridad en la investigación y sanción de delitos.
"El tiempo dirá si las modificaciones implementadas dieron resultados y si cuentan con aceptación de la ciudadanía. La creciente violencia que sufre nuestra provincia debe ser estudiada. La falta de información genera dudas, ideas falsas y opiniones desacertadas. Que casi un tercio de las personas encuestadas consideren que se resolverá el problema bajando la edad de imputabilidad implica a las claras que los diagnósticos deben realizarse sobre bases fundadas y que correspondan a la verdad de los hechos. La seguridad requiere una respuesta integral que aborde la problemática de una manera seria, sostenida, participativa y democrática; y la prevención exige que se adopten medidas donde se origina la causa del problema", finaliza.
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