Convenios por los pobres y caravanas contra el acoso en una contrastante jornada judicial

El reclamo de que se haga justicia con las denuncias por presunto acoso sexual que promueven trabajadoras y ex empleadas del Poder Judicial contra autoridades de los Tribunales llegó ayer a la sede de la Justicia tucumana en la forma de una caravana de protesta. Entre bocinazos y vehículos con banderas que decían “Judiciales” y “Juventud Judicial Independiente”, los manifestantes cuestionaron al titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila, quien ha sido denunciado por presunto acoso sexual por la contadora Érika Romina Juárez. Según afirmó la profesional en un video difundido por YouTube, el funcionario judicial amenazó con despedirla (era secretaria administrativa del Ministerio) si ella no accedía a mantener relaciones sexuales con él. Sostiene que, dada su negativa, la echaron el año pasado. Navarro Dávila, en tanto, no sólo desmiente la acusación sino que además ha denunciado a Juárez por supuesta extorsión.

En contras con la movilización, Navarro Dávila suscribió durante la mañana, en su despacho, un convenio marco de colaboración institucional con el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Gabriel Yedlin, del que también participó el vicario general de la Arquidiócesis de Tucumán, José Abuín. “Es importante como punto de partida de la colaboración entre la Justicia y el Ejecutivo con la finalidad primordial de llegar a las personas más necesitadas”, subrayó el ministro pupilar.