PARA ANALIZAR. La Justicia tiene en su poder otros teléfonos para ser peritados en esta causa.
Un celular desde hace bastante tiempo es una pieza clave en cualquier investigación. En su interior siempre se guarda información vital para el esclarecimiento de un hecho. Y en un caso en el que se investigaba una estafa telefónica, mucho más. Por eso el escándalo que se desató por la desaparición del aparato de un acusado de realizar este tipo de maniobra fue mayúsculo.
Manolo Jesús Juan, de 21 años, fue acusado de haber estafado a una mujer de 88 años el 10 de abril. Según la investigación realizada por la fiscalía que conduce Ernesto Salas López, el sospechoso junto a una mujer no identificada, habría llamado a la víctima y, haciéndose pasar por su hija, le pidió $ 100.000. Como respuesta, la mujer le entregó U$S 2.400, un anillo de oro y $ 960. El sospechoso fue detenido por este hecho.
La auxiliar fiscal María José Agüero solicitó que se le dictara la prisión preventiva por 30 días, pero la jueza Cynthia Rocha ordenó que sea por 16. El defensor Ernesto Baaclini impugnó el fallo y logró que se ordenara su libertad una jornada antes de que se cumpliera la medida cautelar que se había dictado en su contra. Pero nunca pudo abandonar el calabozo de la seccional 2ª que ocupó.
Ese mismo día, desde Santiago del Estero, llegó un exhorto pidiendo su detención. Fue acusado de haber despojado mediante el mismo engaño de al menos U$S 100.000 a una mujer de edad de esa provincia. Por ese motivo, fue extraditado a esas tierras donde afronta esa acusación y es investigado por otros hechos similares. Por ese motivo, se realizaron varios allanamientos en distintos sectores de la provincia y en el campamento de gitanos de Río Seco, donde vive el imputado. Allí se secuestraron varios teléfonos celulares que aún están en poder de los investigadores.
Sorpresa
El miércoles, una comisión policial se presentó en la Seccional 2ª a buscar el teléfono para realizar las pericias correspondientes. El personal encargado de la custodia descubrió que el celular había desaparecido. El celular, que estaba guardado en un sobre blanco, había sido la única prueba que no se encontraba en la oficina donde, supuestamente, deberían estar preservados esos elementos.
“Se notificó a la fiscalía de la situación y se abrió una investigación interna para saber qué ocurrió con esa prueba. Es una falta gravísima y estamos investigando quién fue el responsable, más allá de las actuaciones que realice la fiscalía. No vamos a tolerar este tipo de casos. Ya fueron separados de sus cargos los responsables”, señaló el comisario Joaquín Girvaux, segundo jefe de la Unidad Regional Capital.
El fiscal Salas López enterado de la situación giró la causa a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos que conduce su par Alejandro Noguera. El investigador ordenó que el Equipo Científico de Investigación Fiscal (Ecif) realizar una inspección en el lugar y que secuestraran las cámaras de seguridad que están instaladas en la dependencia policial para obtener las imágenes que hayan registrado.
La teoría que manejan los investigadores es que, mientras se encontraba detenido, el imputado pudo haber mantenido algún contacto con algún uniformado al que lo podría haber “contratado” para que sustrajera el celular.
“Entiendo, partiendo de un razonamiento lógico, un elemento secuestrado que es considerado como prueba y que luego debe ser peritado, corresponde que esté en resguardo del Ministerio Público Fiscal y no de la Policía”, indicó Baaclini, defensor de Juan.
Los inconvenientes
Salas López consideró que la desaparición de este teléfono no significa un problema para la investigación del caso por el que fue detenido, ya que tienen otros elementos que pueden ser utilizados como pruebas en contra del acusado.
Sin embargo, sí puede representar una complicación para avanzar con la pesquisa que se viene investigando desde hace varios meses en contra de una organización que se dedica a cometer este tipo de maniobras en nuestra provincia, Santiago del Estero, Salta y Jujuy.
En una causa iniciada por el fiscal Pedro Gallo, en colaboración por la auxiliar fiscal Florencia Cuccimano, lograron identificar a varios miembros de un grupo que había cometido este tipo de ilícitos. Los acusados, a los que se les dictó la prisión preventiva, son parientes de Juan, que fue extraditado a tierras santiagueñas. Los investigadores esperaban los resultados de las pericias al teléfono para analizar las posibles vinculaciones del grupo sospechado.
