Hoy debería ser el Día de la Política Provincial

Hay que mirar este día con conciencia histórica. Repensar su ubicación en el almanaque y darle el contexto y la importancia que se merece. El 30 de abril merece convertirse en la primera efemérides provincial contemporánea: desde hoy para la posteridad. Debiera ser consagrado, sin mayores trámites, como el Día de la Política Tucumana.

Ya el calendario es suficiente razón: se ubica, exactamente, una jornada antes del Día de la Constitución y una jornada después del Día del Animal. La fecha está embarazada de simbolismos...

Por un lado, la Política Provincial (así, con mayúsculas) siempre está al borde de cumplir con las declaraciones, los derechos, las garantías y los deberes de la Ley Fundamental, pero no llega. Las prácticas no son del todo constitucionales, pero casi.

Por otro lado, las conductas políticas pueden parecer, muy a menudo, una especie de sucesión de animaladas, pero sus autores de ninguna manera pueden ser equipados con animales. Y como Aristóteles no es por estos días un best seller, tal vez algunos se ofendan si se los considerase “animales políticos”. (Dicho sea de paso, si no puede certificar con normas ISO al poder político, por lo menos lo etiquetemos como “Libre de crueldad animal”) Por el contrario, los actores de la primera escena política provincial son gente por demás avanzada.

Los que llevan adelante la Política Provincial tienen una sensibilidad diferente que la del común de los mortales. Una perspicacia única. Una inteligencia, si se quiere, superior. Por eso, ellos entienden la política de una manera que resulta, sencillamente, incomprensible para los ciudadanos de a pie.

Principios, principes y principitos

¿Qué considerarían los tucumanos (equivocadamente, por supuesto) que debieran ser las prioridades de la Política Provincial? Muy probablemente, en la lista estaría la inseguridad, que no es responsabilidad de las autoridades sino de los ciudadanos. Si todos hicieran caso y se quedaran en sus casas ahora que hay pandemia, no habría a quien asaltar en las calles. Entonces no habría inseguridad. Ni covid-19. Es decir, los delincuentes son víctimas de la gente que reclama libertades (léase, libertinos), porque los obligan a salir a robar y, encima, capaz que se contagian. Así que a no caer en el reclamo desestabilizador que cuestiona la falta de vacunas: eso es parte del plan de seguridad nacional.

No faltarían tampoco los preocupados por el empleo. Y esto incluiría a los empresarios y comerciantes y a los trabajadores. Es decir, una demanda más del capitalismo salvaje, donde los dueños de los medios de producción quieren seguir expoliando al empleado; y donde los proletarios piden a gritos que los sigan explotando. Mejor ni pensar a dónde nos llevaría esto si se los inmunizara con las vacunas del capitalismo. Por suerte, aquí sólo llegan virus de Rusia y de China, camaradas. Revolución o virus…

El podio de preocupaciones mundanas muy probablemente se completaría con una queja típicamente burguesa: la inflación. Bueno, es que Adam Smith no les dijo todo: así como hay una mano invisible que debería repartir el derrame de la riqueza, también hay un pie invisible que castiga a patadas a los consumistas desenfrenados.

Queda claro, entonces, que los ciudadanos creen que saben lo que les hace falta, pero están errados. Las necesidades no están ahí. Ni remotamente. Las prioridades de Tucumán son claramente otras y hoy -qué lindo es dar buenas noticias- nuestros representantes están abocados a esa fanea. ¿Cuáles son las verdaderas urgencias de la provincia? A ver sí aprenden: que a los legisladores que se declararon manzuristas les repongan los 1.100 contratos que les dieron de baja; y que a los legisladores que se declararon jaldistas les restituyan las designaciones que les hicieron caer en el Poder Ejecutivo, incluido el código de descuento de haberes a los empleados públicos para la Mutualidad Provincial.

¿Alguien se había dado cuenta de que lo que realmente importa hoy en Tucumán era esto? No. Es que “Lo esencial es invisible a los ojos”, dijo “El Principito”, de Antoine de Saint-Exupery, que de grande se convirtió en “El Príncipe”, del que nos habla Nicolás Maquiavelo...

Menos mal, entonces, que son “otros” los que están a cargo de la Política Provincial, porque ellos sí lo notaron. Eso se llama “olfato político”. Basta ya con esa cultura tan típicamente argentina donde todos son directores técnicos de fútbol o estadistas de la república. El fútbol y la política son sólo para entendidos. Y si el fútbol “no tiene lógica”, puede que la política tampoco… Entonces, sólo gente que está más allá de la lógica puede ocuparse de ella.

Pasionales, contractualistas y tiempistas

Estas cuestiones vinculadas con nombramientos caídos, funcionarios depuestos y códigos de descuesto anulados no sólo son trascendentales: son apasionantes. Tanto que, en la reunión de Labor Parlamentaria del martes pasado, la discusión entre dos legisladores casi deriva en pugilato. ¿Era un debate sobre la pobreza o el narcotráfico? No. Eso debaten los principiantes: los “amateur” de la política. En cambio, los políticos de raza discuten sobre contratos. Por caso, John Locke y Jean-Jacques Rousseau escribían sobre el contrato social y pasaron a la historia como contractualistas. Como esa cuestión ya se zanjó, en Tucumán ahora discuten sobre contratos, nomás.

Pero “la gente” no ve esta evolución científico política. Luego, la Política Provincial no es para cualquiera. ¿Imagínese por un momento lo que podría llegar a ocurrir si los que no tienen experiencia en la Política Provincial se ocuparan de ella y pusieran el Estado al servicio de conseguir mejores indicadores sociales, de alentar la generación de trabajo genuino y de producir crecimiento económico y riqueza legítima? Da escalofríos de sólo pensar una barbaridad así… Por fortuna, están los especialistas. Los expertos. Los que tiene un sexto sentido para la “oportunidad”. Los “tiempistas”.

Por desgracia, como son legión los que no entienden de política, los estadistas tucumanos son incomprendidos. Por fortuna, ahí es donde funciona la república. No lo hará en los términos de la Carta Magna, pero sólo mañana será el Día de la Constitución. Entonces la Justicia en Tucumán no está para contrapesar al poder político, pero sí para demostrar que si no hubiera políticos gobernando, tendríamos problemas infinitamente más serios...

Togados, auditores y pedagogos

¿Qué pasaría si gobernaran los jueces? Para muestra basta con un barrio cerrado de San Pablo. Un country es -como definió hace un mes el columnista Roberto Delgado en su Panorama Tucumano- una suerte de ciudad a escala, donde los vecinos acuerdan normas, administran recursos para obras comunes y gestionan la seguridad privada.

Sin embargo, cuando esto ocurría, la Justicia dispuso (a instancias de la presentación de la esposa de un juez residente) la intervención de la administración electa por las 250 familias que habitan el lugar. La intervención trajo consigo un funcionariado y una nueva empresa de seguridad. Iba a durar 90 días y su tarea era auditar las cuentas. Resulta que ya lleva dos años, durante los cuales generó una deuda de $ 3,7 millones con la firma de seguridad privada. Y ello a pesar de que siempre hubo recursos para cancelar compromisos, como lo demuestra el hecho de que el interventor y su gabinete cobran al día el cuarto de millón de pesos que se llevan mensualmente de las expensas de los vecinos. Porque al Gobierno lo ponen los Tribunales, pero de los sueldos se hacen cargo los intervenidos.

El interventor, por cierto, no se presenta a trabajar hace 50 días en el barrio cerrado. Durante ese tiempo, en cambio, ha sido encontrado y filmado por los vecinos en un café de la zona de tribunales. Eso sí: cada vez que hay presentaciones o denuncias contra la intervención, sus miembros se defienden contratando abogados que pagan con el dinero de las expensas. Y no sólo eso: con la plata de los residentes hasta hisopados privados se han abonado.

Sin embargo, la Justicia tucumana no escucha los planteos de los ciudadanos, ni lee sus escritos, ni hojea LA GACETA. El resultado es la instalación de un desgobierno feroz (en el colmo de las paradojas, la casa de otro miembro del Poder Judicial ha sido víctima de uno de los asaltos semanales que azotan en el vecindario). Lo único que ha evitado prolijamente la intervención es que las obras que adeudan los desarrolladores del country sean realizadas. Es más: así como gestan deudas con la empresa de seguridad (dado que su origen es inexplicable, habrá que auditar a los auditores enviados por la Justicia), también permiten que los miembros del fideicomiso incrementen su pasivo: los desarrolladores adeudan más de $ 9 millones sólo en concepto de expensas.

Si esto puede pasar en una “ciudad a escala” con un Gobierno emanado de los jueces, ¿qué sucedería a escala provincial?

Nótese, pues, el servicio de la Justicia a la democracia: queda pedagógicamente esclarecido que toda intervención que interrumpa lo que la gente ha elegido, venga de donde venga, es lesiva. Y, además, resulta pavorosamente claro que siempre es preferible el gobierno de los políticos por sobre cualquier otra opción. Porque si no se está de acuerdo con ellos, basta y sobra con no volver a votarlos.

Habría que consagrar un Día de la Política Provincial aunque más no sea para recordar que aquí los gobiernos no son de los mejores, pero cualquier opción sólo puede ser peor.