Por Gustavo Rodríguez
22 Abril 2021
TODO UN DESAFÍO. La virtualidad fue el pilar del funcionamiento del nuevo código desde que se puso en vigencia hasta estos días.
La aplicación del nuevo Código Procesal Penal se transformó en una especie de acelerador de la Justicia. A saber: la resolución de causas se ha incrementado en casi un 50% con respecto al viejo digesto. Se dictaron más de 1.000 prisiones preventivas y hubo condenas en hechos que normalmente no se resolvían, como los casos de violencia de género.
Una de las grandes virtudes que brinda el código es la celeridad de la resolución de las causas. En estos siete meses se resolvieron más de 500 causas (al menos dos por día) a través de mecanismos alternativos. Con el viejo digesto, en todo el 2019, según fuentes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, se resolvieron poco más de 300 expedientes.
Hasta el momento, se dictaron 200 suspensiones de juicio a prueba. También conocida como probation, esta herramienta consiste en anular la acción penal respecto del imputado que cumplió determinadas reglas de conductas durante un período de prueba fijado por el tribunal que la concedió, siempre que se reúnan los recaudos legalmente establecidos. En caso de que incumpla con el acuerdo, inmediatamente se le abre el proceso nuevamente y ya no puede utilizar este beneficio.
También se realizaron unos 300 juicios abreviados desde que está en vigencia el nuevo digesto. De ese número, más del 30% fueron penas de cumplimiento efectivo, mientras que el resto terminaron siendo condicionales, es decir, continúan en libertad, pero si reinciden, deben cumplir la pena de manera efectiva.
“Lo importante es que se llega a una condena porque el acusado ya tiene una sentencia. Por ejemplo, en estos siete meses se concretaron más de 40 penas en casos de violencia de género que hasta hace no mucho tiempo quedaban olvidadas en el sistema”, indicó un operador del sistema de Justicia.
Estos números generan diferentes lecturas. “Trabajamos con un profundo compromiso, resolviendo los casos que llegan a nuestro conocimiento con rapidez y urgencia, conscientes de lo importante que resulta la celeridad en el servicio de Justicia”, explicó la presidenta del Colegio de Jueces María Alejandra Balcázar.
Alberto Lebbos, referente de la lucha contra la impunidad, tiene un pensamiento muy crítico sobre este tema: “ser delincuente en Tucumán es muy barato”.
Se consignó que de las 500 resoluciones de causas por vías alternativas, al menos 110 fueron rechazadas. “Los jueces tenemos que velar para que los acuerdos de probations y los juicios abreviados tengan un marco legal. No se trata de que se llegue a un acuerdo entre las partes, se ponen las firmas”, indicó Balcázar.
Un paso más
El nuevo código se implementó en un escenario complicado: en medio de la pandemia. “En este contexto adverso, desde muchos aspectos, humano y sanitario, tecnológico, instrumental, de coordinación, tanto los magistrados y magistradas que integran el Colegio de Jueces de la Capital, como el personal Judicial, otros poderes y la abogacía, asumieron un desafío sin precedentes: poner en marcha un nuevo sistema de justicia penal, en medio de las restricciones que impuso la pandemia, en el inédito escenario de la virtualidad”, indicó la magistrada.
Pero más allá de todos los inconvenientes, Balcázar informó que 46 causas quedaron o de ser resueltas en juicios orales y ya se produjeron cinco debates que terminaron todos con condenas en contra de los acusados. También informó que en esta instancia se encuentran 1.356 legajos, por lo que a partir de las próximas semanas, comenzarán a ser resueltos.
Problemas
El informe estadístico que brindó la Corte tiene varios datos para analizar. Con el nuevo código, para los funcionarios judiciales no existen fines de semana ni feriados. En estos siete meses sólo los 17 miembros del Colegio de Jueces realizaron unas 3.500 audiencias (en promedio 17 por día) y autorizaron unas 5.000 medidas (unas 26 por jornada) que incluyen órdenes de allanamientos, detenciones, protecciones de persona y exclusiones del hogar, entre otras.
El cuerpo de magistrados está funcionando a la mitad de su capacidad. La Ley estableció que deberían ser 36 los jueces que llevaran adelante el nuevo sistema de justicia en el Centro Judicial Capital. El 1 de septiembre eran 14, pero sufrieron las bajas por jubilación de Pedro Roldán Vázquez y Marcelo Mendilaharzu. Ante el déficit, se incorporaron a cinco magistrados subrogantes: Fanny Siriany, Cinthya Rocha, Carmen López, Gonzalo Ortega y Eduardo González. Pero existen otras situaciones que complican el panorama.
Por ejemplo, en el Colegio, Ana María Íacono (que subroga un juzgado de Ejecución) Judith Solórzano y Federico Moeykens son los tres jueces especializados en Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) que sustentan la mayor carga de trabajo dentro del cuerpo, según lo exhiben las estadísticas. Deben intervenir en todos los casos en el que un menor esté acusado de un delito. Además, tienen a su cargo la adecuación de las más de 1.500 causas en la que están procesados adolescentes al nuevo código y cumplir con los turnos tanto de menores como de adultos que se les asignan y presidir las audiencias que por sorteos le corresponde. Todo ello sin que sea posible que los 14 magistrados restantes puedan intervenir en las causas de menores por carecer de la especialidad. Otro dato: los magistrados Rafael Macoritto, Dante Ibáñez y Diego Lammoglia solicitaron por escrito a la Corte integrar la Sala Conclusional IV.
La Corte envió en estos días un listado de entre cinco y seis candidatos a ocupar cargos de magistratura como subrogantes. “Será una bocanada de aire. En estos momentos estamos en una habitación de dos por dos. Con esos nombramientos, será como instalar una ventana. Pero para que no colapse el sistema, se necesitan 36 jueces, y aún estamos lejos de ese número”, concluyó Balcazar.
Se dictaron 1.000 prisiones preventivas
Es un dato que podría tirar a tierra el mito de que en la Justicia existe la puerta giratoria. En los siete meses de vigencia del nuevo código, se dictaron 1.000 prisiones preventivas, es decir, que en promedio quedaron tras las rejas cinco personas por día. “Es un número importante y habla del trabajo que realizamos los magistrados”, explicó María Alejandra Balcazar, presidente del Colegio de Jueces. “Este número seguramente irá creciendo con el correr de los días, puesto que se están incrementando mes a mes el número de audiencias. Por ejemplo, en febrero tuvimos más de 500 debates y en marzo casi llegamos a las 800”, explicó. Además, el Ministerio Público Fiscal dio instrucciones a sus funcionarios que soliciten la medida cautelar en todos los casos.
Más números
- 3.500 audiencias se desarrollaron en siete meses.
- 17 debates por día se llevaron adelante en promedio por día.
- 17 magistrados prestan servicios, deberían ser 36.
- 300 juicios abreviados se gestionaron.
- 200 prabations se confirmaron.
- 5 juicios orales se realizaron hasta ahora.
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