18 Abril 2021
ANTE LA JUSTICIA. Denunciaron por atentado contra la salud pública y por sedición a referentes del PRO.
El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la CABA, Carolina Stanley, y la ex ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich -todos, del PRO- fueron denunciados por atentado a la salud pública y por sedición.
El planteo fue presentado a raíz de que los acusados habían impulsado acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 -firmado por el presidente, Alberto Fernández, que precisaba restricciones para menguar los efectos de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
La denuncia fue presentada hoy por la abogada Valeria Carreras, que consideró que los referentes del PRO incurrieron en conductas tipificadas por los artículos del Código Penal 205 -atentado a la salud pública, que prevé penas de seis meses a dos años- y 230 inciso 2 -sedición, le corresponde una pena de uno a cuatro años-.
Carreras -que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos- afirmó que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó en y por la pandemia: "cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes".
A criterio de la denunciante, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen realizar lo que el DNU prohíbe, como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días -en el caso del jefe de Gobierno porteño, que se presentó ante la Corte Suprema por este tema-, o impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9 -como Stanley-.
Respecto de Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241) para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), sino también las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos.
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