Públicos secretos - LA GACETA Tucumán

Públicos secretos

Las cifras de los despedidos en la Legislatura sigue circulando sin precisiones. En cambio, hay cifras oficiales sobre las cuentas del Estado: el Gobierno que recibió superávits terminó 2019 con déficits. Pero alrededor sólo hay silencios.

11 Abr 2021 Por Federico Diego van Mameren
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El secreto es una de las condiciones fundamentales para ser dirigente político en este Tucumán. Es difícil precisar cuántos son los despedidos de la Legislatura. En la Cámara nadie asume la responsabilidad de ellos. Todo circula sin precisiones. Se trata de un veneno denigrante cual es el rumor, un primo lejano del virus asesino. Circula, entra, sale, mata, deteriora honores, promueve mentiras y sigue indemne. Hay periodistas, como la columnista y conductora Gabriela Baigorrí, quien se anima a dar una cifra: 1.138 dice ella y defiende lo que sostienen sus fuentes. Desde el arco político, sólo versiones. El miércoles a la noche en LGplay, el canal televisivo de LA GACETA, cuatro legisladores, dándole la razón a la periodista, dejaron traslucir que serían aproximadamente 1.000 y no 3.000 como algunos habían exagerado.

Sigamos esa pista. Los despedidos se hacen en nombre de una reestructuración de la Cámara. Lo curioso es que pertenecen a un solo grupo –no bloque-. Son personal que trabaja con legisladores que defienden la postura del gobernador Juan Manzur y que no están entre los seguidores del presidente de la Cámara, Osvaldo Jaldo. Entonces esos 1.000 corresponden a contratos de sólo 14 legisladores. Haciendo gala de ser pésimos en matemáticas y burdos a la hora de efectuar cálculos, podríamos afirmar que cada legislador tendría unos 70 empleados. Es difícil imaginar la tarea que cumplen esas 70 personas. A priori, parecen muchísimos. ¿Sabrá cada legislador qué tarea cumple cada uno? ¿Con 70 personas los debates de la Cámara podrían ser mucho más ricos? También se podría augurar profundos y estudiados proyectos con sesudos argumentos.

No hace muchos años un legislador necesitaba imperiosamente dos secretarios que atiendan su despacho. Era fundamental que dos auxiliares contribuyeran a la tarea diaria y por supuesto era indispensable un asesor general que pudiera coordinar todas las tareas. Esa persona era la mano derecha del legislador. Pero también se hacía imprescindible que cuatro o cinco expertos estuvieran a mano de la requisitoria del parlamentario. Se entiende que los temas que se abordan en la Legislatura implican un abanico de tópicos inmenso y, por lo tanto, no puede saberlo todo. Incluso, pensemos que ante un tema conflictivo pudiera temporariamente –hasta finiquitar el tratamiento de ese tópico- contratar otros dos asesores. Pero nos pongamos en el traje de ese legislador y le demos 10 personas más para que transiten por los barrios y las ciudades escuchando las preocupaciones de la ciudadanía y, en todo caso, llevando la voz del parlamentario que no es Dios y por lo tanto no puede estar en todas partes. Releamos este párrafo y sumemos. La suma da un total de 22 personas cuando mucho.

Los despedidos pertenecen a los “enemigos” y es sabido que desde el siglo pasado a los “propios” se los trata mejor. Se les paga más y se les da mayores beneficios. Pero mejor ni pensar ni hacer elucubraciones sobre la empleomanía. Hay dos argumentos rápidos que no aguantan muchas discusiones, pero que sí conforman a la dirigencia. Una es que contribuyen a combatir la pobreza porque dan empleo. Una falacia porque a la hora de promover soluciones los subsidios no son una salida. Y la segunda es la contención del dirigente. Es decir no ganó elecciones, no se destaca en nada, falló como funcionario, pero hay que contenerlo dándole alguna tarea. Pero, ¿no se trata de alguien al que no le fue bien?

El gran secreto

Los secretos son divertidos, son atractivos y hasta suelen ser un factor de poder. Eso dura hasta que los secretos se hacen públicos. Hasta hace muy pocos días era lo que ocurría con la Cuenta de Inversión de la provincia, que tiene un correlato idéntico al de la empleomanía.

La Cuenta de inversión no es otra cosa que un informe detallado de la gestión de gobierno. Precisa cómo se gastó el dinero, qué obras se realizaron, qué deudas se abonaron y, entre muchas, cosas cuánto fondos se destinaron a empleos y cuántos a tareas u obras. Leerla es dificultoso e interpretarla es más complicado aún. Pero una vez que se logra hacerlo se puede entender la intencionalidad que tiene cada gobierno. ¿Será por eso que nunca quieren mostrarla? ¿Será esa la razón por la que ningún gobierno la hizo pública. Se dan escuetos informes, pero no se la muestra completa ni detallada. De hecho el Gobierno, para cumplir, publicó una síntesis de 200 páginas cuando el total es de más de 1.400.

Con observar los números llama la atención cómo en Tucumán la situación financiera de la provincia tiende a ser negativa siempre que el año es impar. Cuando gobernaba José Alperovich, en esos años se reducían notablemente. Y, en el caso del gobierno de Juan Manzur y de Osvaldo Jaldo, aquellos superávit que les dejó Alperovich no sólo se reducían sino que también entraban en rojo. Lo curioso es que los peores números se dan, precisamente, en años impares.

La única respuesta es que en esos años hay elecciones y por lo tanto el gasto mira con mayor atención al candidato que al ciudadano. La Cuenta de Inversión de 2019 dice que el resultado financiero sobre el presupuesto pagado tuvo un déficit de -8,5%; y el resultado primario sobre el presupuesto abonado, en tanto fue de -6,5%.

El secretismo le ayuda a los gobiernos a disimular. Hace unos días se transparentaron las dificultades del ministerio de Educación para tener todas las escuelas en condiciones. Las palabras del ministro del área sólo servían para admitir el problema o para pedir un poco de tiempo. Con sólo hojear la Cuenta de Inversión queda absolutamente claro cómo se gastó y cuáles fueron las intenciones del Poder Ejecutivo. Baste como ejemplo que el presupuesto de Construcciones escolares se redujo de $1.600 millones a $434 millones en 2019. Pero más llamativo aún es que de aquellos 1.600 millones de pesos que se habían presupuestado sólo se ordenaron pagar 860 millones de pesos. Y no es porque las escuelas hubieran estado en condiciones óptimas, ni tampoco porque se intentó reducir el gasto ya que el déficit logrado fue brutal.

La deuda de la provincia al 31 de diciembre de 2019 (la cuenta de inversión se cierra en esa fecha y comienza su estudio para ser aprobada hasta septiembre del año subsiguiente) asciende, según el informe de Contaduría General de la provincia, a $19.000 millones. Pero el Tribunal de Cuentas puso la lupa en la foja 1.231. Allí advierte que faltan incluir en ese total algunos fondos. Claro que “algunos fondos” para la provincia no son los gastos en caramelos o algunos litros de nafta necesarios para llegar todos los días al trabajo. Se olvidó incluir 10.000 millones de pesos, nada menos.

La Contaduría General no incluyó dentro de la deuda púlbica la subcuenta 2115-01 denominada “pasivo cuentas corrientes bancarias” que está compuesta por un saldo negativo de dos cuentas bancarias. Una es la Z05 (su número es 97091/8) que mostraba un rojo de $7.000 millones. El otro olvido son los intereses por los adelantos en cuenta corriente N° 94159/5 del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán, cuyo rojo ascendía a $2.400 millones.

Esto implica que la provincia de Tucumán reconoce el pasivo de las cuentas corrientes bancarias en los estados contables, pero no lo incluye en la conformación de la deuda pública. Las interpretaciones pueden ser muchas, pero no reconocer un tercio de las deudas de la provincia deja entrever o un desorden (algo que se ve muy claro en la elaboración de algunos presupuestos en los que los montos son tirados al azar) o un grave desinterés por mostrar la realidad en la que está sumida Tucumán.

El déficit de 2019 llegó a 10.000 millones de pesos y el gobierno lo financió con deudas de diferentes fuentes. Una de ellas fue el propio gobierno nacional que ayudó con unos 3.000 millones aproximadamente. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo endeudó a la provincia a tres años con el banco oficial por otros 3.000 millones pagando para esa deuda la tasa oficial de mercado. Por lo tanto, actualmente, los tucumanos deben pagar intereses de la deuda en un gobierno que había asumido con superávit fiscal tal cual lo dejó el ex gobernador que les tendió la alfombra del poder al binomio Manzur-Jaldo, que hoy lo desconoce. Por la deuda con el banco Macro se pagan 1.000 millones de intereses por año. Los intereses de la deuda se triplicaron de 2018 a 2019: mientras en aquel año los tucumanos pagaron $600 millones por intereses, en 2019 pagamos $2.000 millones anuales. Los ahorros y los excedentes, según informa la propia Cuenta de Inversión, terminaron dilapidándose.

Los secretos de las cuentas públicas son una gran ayuda para la gestión hasta que se empieza tirar del ovillo. Por ahora en la discusión entre jaldistas y manzuristas se mantienen en silencio estas cuestiones. Todos prefieren hacer oídos sordos a estas consultas. Sin embargo, de a poco van saliendo a luz.

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