Transporte que se hunde en Tucumán

¿Cómo sería Tucumán sin transporte público? El “modo pandemia” anticipa la forma que puede llegar a tener el traslado por el Gran Tucumán a medida que se va hundiendo sin remedio el sistema, de la mano de la indiferencia política y de la amortiguada angustia de usuarios y choferes. También de los empresarios, que hasta no hace mucho tiempo eran los malos de la película. La protesta de ayer, que se repetirá hoy y probablemente se profundizará la próxima semana, anticipa cómo será ese Tucumán sin ómnibus. Una señora captada por una fotógrafa de LA GACETA lo muestra: una vecina de Villa Amalia, resignada a que el ómnibus no llegaría por tres horas a la parada, bastón en mano se volvió caminando a su casa.

El reinado de los “piratas”

Esa situación están viviendo desde hace muchos años los tucumanos del interior. La crisis con que comenzó el siglo XXI ya traía de arrastre la debacle ferroviaria desde tiempos de Carlos Menem y la declinación de los ómnibus en el interior, que fueron lentamente reemplazados por los taxis rurales, autorizados por ley a circular según la libre competencia de oferta y demanda, sin regulación estatal. Esos vehículos -muchos transformados en “autos pirata”- reinan en las calles y caminos de las localidades tucumanas. En estos tiempos de limitada circulación, de cuarentena y de actividades restringidas, la merma de pasajeros afectó a los transportistas rurales pero los “piratas” hallaron una salida: duplicaron el valor del pasaje a los usuarios, en vista de que por protocolo podían llevar la mitad de los pasajeros. Estrategia consentida por la indiferencia o la impotencia de las autoridades, que no se pudo utilizar en los servicios de colectivos que quedan en el área rural ni los del Gran Tucumán. Estos están regulados desde hace muchos años por la provincia y por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, y esa regulación se ha convertido en un corset que está ahogando a todos, porque tanto las tarifas y los recorridos están determinados por los acuerdos organizados con la administración (lo que no ocurre con los transportes rurales, que circulan según sus necesidades) y a las empresas les cae encima el aumento de costos que trae aparajada la inflación, tanto en combustible como mantenimiento de vehículos y en salarios.

De hecho, ese corset determinó que el costo salarial, que hasta el año pasado era sostenido con los subsidios nacional y provincial, ahora desborde la olla de la ayuda: las empresas de colectivos tucumanas reciben unos $240 millones en subsidios y la planilla salarial de los 3.600 trabajadores del sector ahora llega a los $ 300 millones. Si a eso se agrega que la única opción que tenían para completar esa planilla era la venta de pasajes, ahora, con la caída de ingresos por ese rubro -llegó el año pasado al 70% o más- la ecuación no cierra. El corset se ajusta hasta la asfixia. Ya no se facturan 400.000 pasajes diarios.

¿Lo que viene es la liberación de las normas? El libre juego de oferta y demanda, sin intervención de las autoridades obligadas a resolver los problemas y necesidades de los habitantes, acarrea el riesgo de que haya lugares sin servicio y a que la gente se vea obligada a depender de sí misma y de sus posibilidades económicas, como la vecina de Villa Amalia que se volvió a casa a pie.

Aislados del mundo

En el interior tucumano hay muchos de esos casos. Gente aislada del mundo. Pasa en otros lugares del país, como en pueblos de La Rioja como Anillaco, que tiene terminal de ómnibus pero no servicio de colectivos. Los habitantes hacen pool para trasladarse de un lugar a otro, porque el servicio de remises o taxis es caro, y recurren al uso intensivo de motos.

No es que las regulaciones hayan sido la panacea. Hasta hace dos años había sospechas sobre prácticas empresarias vinculadas con la concesión de los servicios y hasta con la circulación de los subsidios -que tienen un largo sendero burocrático- esas sospechas a veces tuvieron denuncias como la que hizo en la Justicia en 2019 el legislador José Ricardo Ascárate, a propósito de un video que circuló en el que presuntamente se hablaba de corrupción con los subsidios. “No sé que haya avanzado esa investigación”, dice el legislador.

De eso hoy ya no se habla. Ahora el debate transcurre en la llegada o no de subsidios, debate que se da dos veces al mes, siempre a comienzos de mes, como ahora, y en la forma de acomodar los precarios servicios. Al cabo de un año de pandemia en el que hubo 64 días de huelga y hasta un copamiento del microcentro, ya hay amortiguamiento de las autoridades frente a la hondura de la crisis, como si no importara que en días como ayer u hoy, durante seis horas no circulen colectivos. “Ahora hay inacción completa”, dice Maxi Villagra, de la línea 19. “Ya no se discute de subsidios ni de sistemas de transporte y mucho menos se habla de cómo se va a financiar, cómo va a funcionar cualquier sistema que se emplee”, agrega.

Efectivamente, de las grandes discusiones del año pasado sólo quedó una ley que aprobó la Legislatura para que se obligue a las empresas a destinar íntegramente los subsidios a sueldos. Ni siquiera se controla que esa ley se aplique, ni mucho menos se discute que tampoco esos subsidios y la recaudación alcanzan para completar la planilla salarial, con lo cual va a haber un conflicto mensual constante.

Asimetrías aumentadas

Tampoco se discute la desproporción de reparto entre el AMBA (provincia de Buenos Aires) y la Capital Federal en relación con todo el interior, pese a que este año empeoraron notoriamente las cosas: las asimetrías se agravaron y la Nación, que antes reconocía el problema, ahora afirma que a Tucumán ya le dio lo que correspondía. Finalmente, tampoco la Provincia y la Municipalidad han resuelto el problema del congelamiento de tarifas y hasta de subsidios locales. Desde hace un año y medio el Gobierno provincial otorga $ 80 millones fijos por mes pese a que la inflación va comiendo el sistema. Según dice el legislador Walter Berarducci, en el presupuesto del año pasado estaban destinados $ 2.000 millones para este rubro pero sólo se ejecutó la mitad.

Tampoco se ha discutido qué se quiere hacer con el transporte. Se ha hablado de cómo funciona en Salta, en Córdoba o en Mendoza. Se ha propuesto hacer corredores. El ingeniero Pedro Katz le hizo llegar al ex legislador Eduardo Cobos (hoy defensor del Pueblo) una propuesta para dar vuelta el sistema y hacer un recorrido integral con “boleto cero”. Nada se discutió. Nadie se mueve. El Gobierno provincial se ha quedado como aletargado en el tiempo, sin decir ni hacer nada. Más allá de los subsidios, no se ayuda a las empresas y tampoco se las sanciona.

Las únicas novedades han sido la implementación en Tafí Viejo de un servicio local de colectivos (un ejemplo que podrían revisar otras ciudades como Yerba Buena, cuyas autoridades acaban de decir que están estudiando cómo organizar la circulación interna) y la advertencia de la Municipalidad capitalina de poner en funcionamiento 160 combis contratadas para el caso de que haya huelga de los grandes colectivos.

En este caso, no está claro cómo va a funcionar el servicio. ¿Reemplazar sólo en la capital el recorrido de 450 ómnibus con capacidad para 40 pasajeros cada uno (con restricciones serían 14) por 160 combis con capacidad de siete pasajeros cada una? ¿Por qué recorridos? No está claro eso y mucho menos qué pasará con seguros y con las medidas de protección sanitaria en estos momentos. La lógica diría que, para garantizar la salud en tiempos de coronavirus, y habiendo restricción de pasajeros, debería haber más unidades circulando para que se pueda cumplir con los protocolos. Para eso hay que financiar el sistema.

¿Quiénes se perjudican con esto? Principalmente, los usuarios. Salvo que eso ya no importe. Estamos viendo el anticipo de lo que sería Tucumán sin transporte público.