ASÍ COMENZÓ TODO. En un control caminero de Santiago del Estero, la pareja fue detenida por trasladar unos 119 kilos de marihuana.
La tecnología le puso un freno a la investigación de uno de las causas de narcotráfico más complicadas de los últimos años. Los peritos anunciaron que no pueden analizar el celular de Jesús Busto, el ex empleado del Siprosa que fue detenido cuando transportaba droga junto a una mujer. Se trata de una pericia clave para poder avanzar con la pesquisa.
El 26 de octubre pasado, según las actuaciones de la policía, Mónica Mabel Costilla, quien circulaba en auto con Busto, se entregó a los efectivos que realizaban un control de rutina en Isca Yacu, Santiago del Estero. Los uniformados requisaron el Chevrolet Onix en el que se movilizaba la pareja y encontraron 119 kilos de marihuana. Ambos quedaron detenidos por traslado de estupefacientes.
ACUSADA. Mónica Costilla fue trasladada a la cárcel de mujeres.
La fiscala federal santiagueña, Indiana Garzón, está a cargo de la pesquisa. Ella, como los investigadores de la vecina provincia, sospecha que los detenidos podrían ser unos meros transportadores de la marihuana. Días después de las detenciones, se supo que en nuestra provincia estaba frenada una causa en la que se analizaba la posible intervención de otros empleados del Siprosa en el tráfico de droga. Según la misma línea, los sospechados, que estaban vinculados al gremio de ATSA, podrían haber utilizado el Departamento de Transportes Móviles para acopiar y distribuir la sustancia en la capital y en toda la provincia. Pero la investigación no avanzó (ver nota aparte). Los pesquisas sospecharon entonces que la carga que trasladaba la pareja podría haber sido para ese grupo.
ACUSADO. Jesús Bustos hacía controles sanitarios.
Costilla, que fue trasladada de Santiago del Estero al penal de Mujeres de Banda del Río Salí en Tucumán, declaró que ella había sido engañada por Busto, quien le habría ofrecido una suma de dinero para trasladar a una persona desde Santa Fe, ya que por sus contactos podía incumplir con prohibición de ingresar a la provincia sin una autorización especial. El sospechoso, que fue exonerado del Siprosa después de que fuera detenido, se abstuvo de declarar, pero, según su defensor Javier Lobo Aragón, lo haría en las próximas horas.
Sorpresas
Los investigadores siempre aseguraron que los celulares hablan. Y esa teoría se sustenta en que la información que contiene es clave en un caso en el que, justamente, no hay muchos indicios. Garzón pidió a los peritos de Gendarmería Nacional radicados en Santiago del Estero que analizaran los teléfonos incautados a los detenidos.
El primer aparato que fue revisado por los especialistas fue el de Costilla. Tal como lo había anticipado LA GACETA semanas atrás, eso reveló que la mujer pidió ayuda al funcionario nacional Facundo Vargas Aignasse, al policía Víctor Nacusse y a un empleado o funcionario del Ministerio de Educación que no pudo ser identificado por este diario. Los mencionados negaron tener vínculos con la acusada.
Durante semanas se esperaron los resultados del análisis que se realizó al celular de Busto. Para muchos era clave, ya que lo habían señalado como la persona que tenía contactos con los mencionados en la causa del Siprosa. Pero el informe elaborado por los especialistas generó una sorpresa: informaron que el sistema que tienen para hacer esta tarea carece del software necesario para desbloquear el teléfono Samsung A207, por lo que no pudieron realizar el estudio.
Legalmente, la Justicia no puede obligar a que el acusado entregue la clave para que se analice el aparato. “No sabíamos nada de esta situación. Si nos hubieran comunicado no tendríamos problemas en aportar la clave porque él no tiene nada que ocultar”, explicó Lobo Aragón.
Cuestiones técnicas
“Técnicamente es posible. No hay impedimentos para no desbloquear un teléfono de ese modelo”, explicó Julio, un técnico de una casa que se encarga de reparar celulares. “Es una tarea que hacemos muy seguido y no lleva mucho tiempo”, agregó el experto, que pidió que su nombre se mantuviera en reserva.
Voceros de diferentes fuerzas federales explicaron que esta pericia se realiza a través de un programa conocido como UFED (Universal Forensic Extraction Device) con el que se logra extraer la información que puede tener un aparato.
“Si una autoridad judicial lo autoriza, podemos extraer todos los archivos que están en el celular. Es una práctica común”, explicó un perito. “No puedo opinar sobre algo que no vi, pero el sistema puede fallar no con este modelo en particular, sino con cualquiera. La actualización del software que tenemos es de 2019”, explicó la fuente.
Varios funcionarios judiciales confirmaron que, cuando se encuentran con este tipo de problema, lo que se hace es enviar oficios a distintas fuerzas de seguridad nacionales para determinar si están en condiciones de hacerlo. Ese paso, por el momento no se habría dado en este caso o, por lo menos, no se confirmó que se lo haya dado. “Lo ideal es que se haga primero esa averiguación para que, justamente, la información pase por la menor cantidad de manos posible”, concluyó el especialista.
Otro expediente: dos causas que se acercan peligrosamente
A las semanas de que se concretaran las detenciones de la pareja transportando marihuana, se conocieron los detalles de una investigación iniciada en 2016 en la que trabajadores del Siprosa aparecían sospechados de integrar un grupo que se dedicaba al tráfico de marihuana y de cocaína. La pesquisa también estableció que personas apodadas “Hombre Lobo”, “Liro” y “Leke” eran las responsables de una organización que utilizaba el Departamento de Operativos Móvil como centro de acopio y distribución de la sustancia.
La investigación, en la que también fue mencionado el concejal José Luis Coronel, aunque nunca se encontró un indicio en su contra, fue frenada por el juez federal Daniel Bejas. El fiscal Carlos Brito había solicitado que se realizaran más de 40 allanamientos y la detención de unas 15 personas, pero el magistrado no aceptó el planteo porque consideraba que no había pruebas suficientes. De los sospechosos, según trascendió, dos fueron cesanteados porque las autoridades habrían comprobado que ingresaron irregularmente al Siprosa.
Coronel y el legislador Reneé Ramírez negaron conocer a Bustos y a los otros tres investigados, pero con el correr de los días se probó que ellos habían trabajado en ATSA y que tuvieron una activa participación en las campañas políticas.
Las claves
Jesús Busto trabajaba en el programa “Tucumán te cuida” que tenia como misión custodiar los puestos fronterizos.
Mónica Costilla trabajaba como secretaria en un sanatorio privado y tenía contactos políticos.
Los investigadores sospechan que los detenidos eran meros transportadores de la droga, pero no saben de quién era.
(14647293)============
La información del celular de Busto no pudo ser analizada porque los peritos no lograron desbloquear la clave.
