En la política, las renuncias ya no mandan “a la casa”

Saltan fusibles por malas gestiones, irregularidades o diferencias, pero los defenestrados no se quedan en la intemperie.

LOSARDO. Trocó el Ministerio de Justicia por una embajada. LOSARDO. Trocó el Ministerio de Justicia por una embajada.

El funcionario público que se equivoca ya no se ve obligado a renunciar: la experiencia enseña que si goza del respaldo de “arriba”, a lo sumo se guardará durante el tiempo necesario para que “baje la espuma”, y su error caiga en el olvido o quede reducido a la anécdota por la aparición de nuevos escándalos. Pero, incluso si renuncia, ese “paso al costado” no significa necesariamente un alejamiento del Gobierno, sino un salto hacia otro cargo igual, peor y hasta mejor que el anterior. Esta tendencia oficialista a contener a las piezas caídas en desgracia se verifica en los distintos niveles del Estado. Las búsquedas en los archivos revelan que la mala gestión, las diferencias internas y las derrotas electorales no excluyen del poder como ocurría antes: tarde o temprano, sus protagonistas terminan en nuevos puestos en una trayectoria que en algunos casos llegaría a ser vitalicia.

El caso de Marcela Losardo, ex ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, expresa esa crisis del llamado “fin de ciclo”. La abogada y socia del presidente Alberto Fernández puso punto final a su trabajo en la cartera aparentemente por no comulgar con la estrategia de reforma judicial que anunció el jefe de Estado el 1 de marzo pasado, en su discurso ante la Asamblea Legislativa. La figura de Losardo fue, desde entonces, objeto de toda clase de elucubraciones hasta que el propio Presidente describió en una entrevista que su colaboradora “estaba agobiada”.

LOSARDO. Trocó el Ministerio de Justicia por una embajada. LOSARDO. Trocó el Ministerio de Justicia por una embajada.

Ese estado de ánimo no impidió que haya para ella una propuesta de continuidad en la función pública: la Embajada Argentina en la Unesco, organización multilateral con sede en París, Francia. La designación de Losardo ha de recibir el acuerdo del Senado, institución dirigida por el sector del oficialismo que impulsó su renuncia al Ministerio.

Con Ginés González García ocurrió algo parecido el mes pasado. Inmediatamente después de que Fernández le solicitara la dimisión como consecuencia del escándalo denominado Vacunatorio VIP, comenzaron a circular las versiones sobre el siguiente destino político del ex ministro de Salud de la Nación. A González García se lo ve casi de forma natural en una embajada puesto que ocupó la de Chile durante las dos administraciones presidenciales de la vice Cristina Fernández de Kirchner. Si se diese ese plan -no será en Bogotá, como se auspiciaba al principio-, el ex funcionario y ex diputado completaría dos veces el círculo de reciclaje político.

“Me quiero ir”

Guillermo Moreno y Hernán Lorenzino transitaron por el mismo circuito. El primero llevó adelante cuanta confrontación encontró en el camino en su condición de secretario de Comercio Interior -encabezó desde la intervención en el Indec luego popularizada como “apagón estadístico” hasta los controles de precios y la batalla cultural contra el Grupo Clarín-. Cuando su pólvora se agotó o las tensiones que producía en dosis diarias ya no les servían a sus superiores, Moreno “colgó los guantes”, pero no volvió a su casa: se tomó un avión hacia Italia para asumir como agregado económico de la Embajada Argentina en Roma. De un día para el otro pasó de máximo provocador a diplomático de la zona de influencia del Papa Francisco.

LORENZINO. De ministro de Economía a diplomático en Bélgica. LORENZINO. De ministro de Economía a diplomático en Bélgica.

Lorenzino fue ministro de Economía de Fernández de Kirchner, pero sobre todo es recordado porque, durante su gestión breve en aquella cartera indomable, no pudo disimular su incomodidad y verbalizó un “me quiero ir” durante una entrevista con una periodista extranjera. El economista terminó yéndose al poquísimo tiempo, aunque no a ganarse la vida como cualquier ciudadano común. Para él también hubo un reconocimiento en el primer mundo: las embajadas ante la Unión Europea, el Reino de Bélgica y el Gran Ducado de Luxemburgo.

Sólo las defenestraciones ligadas a condenas judiciales de prisión consiguen apartar del Gobierno a los funcionarios con desempeño controvertido. Es lo que sucedió con Ricardo Jaime, ex secretario de Transporte; con el tucumano José López, ex secretario de Obras Públicas; con el ex ministro Julio De Vido y con el ex vicepresidente Amado Boudou. Como escasean los castigos judiciales por hechos de corrupción, la mayoría de los funcionarios denunciados jamás llega a prestar una declaración indagatoria. Esto contribuye al “saneamiento” de los administradores cuestionados.

También el hecho de que el umbral de ética pública es bajo y existe un clima de tolerancia hacia su transgresión, como exhibe el caso de Daniel Reposo, el ex titular de la Sindicatura General de la Nación que presentó un curriculum con datos falsos durante su postulación a procurador general de la Nación. Reposo perdió aquel cargo, pero la jefa actual de la Afip, Mercedes Marcó del Pont, le dio contención en una de sus dependencias. Hay una excepción a esta regla: en 2005, el ex canciller Rafael Bielsa declinó la Embajada en Francia que le había ofrecido el ex mandatario Néstor Kirchner. “No estoy en condiciones de aceptarla. La ciudadanía privilegia la palabra pública antes que las necesidades de la gestión”, explicó Bielsa y asumió como diputado.

Sistema perfeccionado

Menos de 10 días tardó Marcelo Caponio en pasar de la Subsecretaría de la Unidad Belgrano-Norte Grande de la Nación a la calidad de adjunto del defensor del Pueblo de Tucumán, Eduardo Cobos. En este supuesto la dimisión se inscribe en la fractura que produjo en el oficialismo la instalación de Cobos, ex legislador afín al vicegobernador Osvaldo Jaldo, en el lugar que llenaba Fernando Juri Debo, un peronista alineado al gobernador, Juan Manzur. La conducción de los poderes Legislativo y Ejecutivo se han dedicado, desde entonces, a recoger a los heridos que la contienda generó. En estas condiciones beligerantes, dejar uno de estos espacios abre automáticamente las puertas del otro de forma tal que nadie, en definitiva, permanezca en la intemperie.

CAPONIO. Del plan Norte Grande a ombudsman adjunto en Tucumán. CAPONIO. Del plan Norte Grande a ombudsman adjunto en Tucumán.

En Tucumán existe un mecanismo de contención de la dirigencia perfeccionado por las ingratitudes de los lemas y, luego, de los acoples. Estas leyes electorales reproducen las candidaturas con el sólo fin de que los de abajo lleven votos para los de la cúpula. La promesa de tener un lugar reservado pase lo que pase incentiva a trabajar en la campaña y a integrar listas con chances mínimas. Después de las elecciones, los ganadores deben dedicarse a devolver favores, y a incorporar a los derrotados en los innumerables despachos políticos de la administración pública o como “asesores”.

La acogida es generosa: también abraza a quienes carecen de reelección. Para corroborar los alcances de esta tradición basta con observar las carreras de Juri Debo y de miembros de otras ramas de la familia justicialista, como Bordinaro, Morelli, Khoder, Gutiérrez, etcétera.

En la política, las renuncias ya no mandan “a la casa”

Sin importar la gravedad, las equivocaciones rara vez eyectan a los funcionarios en Tucumán, en parte porque la Justicia local casi nunca esclarece los acusaciones de corrupción. Pero sí hubo escándalos donde las renuncias dieron pie a nombramientos en otras posiciones estatales. Paradójicamente y a falta de embajadas esas reubicaciones ocurrieron en organizaciones de control. Un ejemplo paradigmático es el de Joaquín Ferre, quien tuvo que dejar la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de José Alperovich por su vinculación con un “affaire” impune: el caso de la polenta podrida.

Tiempo después, Ferre volvió como autoridad de dos instituciones fiscalizadoras, la Defensoría del Pueblo y, luego, el Ersept (Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán). A este último organismo llegó en su momento Eduardo El Eter tras la polémica que enfrentó en la Intervención de la Caja Popular de Ahorros por el manejo de $ 170 millones del fondo de garantía.

EL ETER. Salió de la Caja Popular y fue nombrado en el Ersept. EL ETER. Salió de la Caja Popular y fue nombrado en el Ersept.
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