29 Marzo 2021
EN CONCEPCIÓN. El recinto del Concejo fue el escenario de la discusión que generó diferentes reacciones entre los ediles. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
La agrupación La Pisarello (UCR Tucumán) expresó su solidaridad con la concejala Katherina Mazzuco, quien días atrás denunció que sufre constantes agresiones verbales y actos discriminativos por su edad, género y filiación partidaria en el ejercicio de sus funciones en Concepción, por parte del concejal Luis Zelarayán.
Los integrantes de la agrupación hicieron público su preocupación “por la actitud pasiva de los otros miembros del Honorable Concejo Deliberante ante tales actitudes, totalmente contrarias al espíritu democrático, respetuoso y plural que debe prevalecer en un cuerpo colegiado que justamente representa las distintas voces de la Ciudad de Concepción”. En este sentido, pidieron celeridad en tomar medidas tendientes a revertir “los repudiables actos discriminatorios que sufre la concejal Mazzuco”.
“Resulta totalmente contradictorio que en un momento histórico donde existe un consenso de gran parte de la sociedad en general y de la Argentina en particular, en revertir la discriminación contra las mujeres y donde el Estado en sus diferentes niveles (nacionales, provinciales y municipales) así como en los diferentes poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), ha tomado una activa participación desarrollando diversos mecanismos para luchar contra este tipo de actitudes, estas se den en el seno mismo de ello”, indicaron.
El comunicado está firmado por Fernando Valdez y Bárbara Steimberg.
La denuncia
En una nota enviada al presidente del cuerpo deliberativo, Mazzuco (Partido por la Justicia Social) solicitó que se adopten medidas correctivas tras "los reiterados comportamientos violentos" de Luis Zelarayán (Unidos por Concepción), durante el último encuentro de labor parlamentaria que tuvo el cuerpo.
Según la edil, el oficialista reaccionó de muy mal manera a su iniciativa que apunta a que se cumpla a rajatabla la ordenanza que establece que la Guardia Urbana debe funcionar las 24 horas, recorriendo la ciudad. “Zelarayán explotó de ira y se levantó de su silla de muy mala manera y gritando. Enseguida volvió para despacharse: ´no sabes. Presentas esto para hacer show en los medios. Esto no se puede” comentó Mazzuco.
“Insistí que lo que yo pido es lo que se hace en otras ciudades, a lo que siguió respondiendo de manera agresiva y descalificándome” dijo la concejala que reflexionó que, lo ´más lamentable fue que “nadie, incluso sus pares mujeres, se interpuso o frenó la reacción de Zelarayán”.
Por esa razón, advirtió, se retiró del recinto pidiendo a las autoridades que “hablen con esa persona porque que ya había cruzado un límite”.
Mazzuco presentó una nota pidiendo que “se arbitren contra el edil en cuestión las medidas pertinentes, correctivas y sancionatorias ante el trato injusto, discriminatorio y violento que sufrí de su parte”. No descartó efectuar denuncias similares ante otros organismos del Estado, entre estos el INADI.
La respuesta del oficialismo
El presidente del Concejo, Alejandro Molinuevo, dijo que estuvo en la reunión a que hizo referencia la denunciante y no advirtió que Zelarayán haya incurrido contra ella en “falta de respeto o malos tratos”. “La discusión se desarrolló dentro de un contexto de cruces de ideas” aseguró.
“Nadie va a permitir o amparar en nuestro cuerpo la falta de respeto ni ningún otro atropello”, aseguró. En consecuencia rechazó el reclamó de la edil de PJS.
Por su parte los concejales del bloque UxC difundió un comunicado mediante el cual repudió “la inconducta de una edil del PJS y de sus colaboradores al pretender victimizarse alegando circunstancias inexistentes de violencia o maltrato en un debate dado en labor parlamentaria”.
“En la reunión se encontraban presentes seis concejales y personal del cuerpo quienes son testigos y no permitirían falta de respeto o destrato como falsamente se publicara en notas y redes sociales con el fin de agraviar y sacar a relucir diferencias personales” dice el parte firmado por Molinuevo y otros seis miembros del bloque oficialista.
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