De la enunciación del lawfare se desprende que para consumarlo debe haber jueces y fiscales capaces de desafiar los intereses del Frente de Todos en las denuncias de corrupción administrativa. La institucionalidad “trucumana” circula en las antípodas de esa posibilidad. Martín Soria, el reemplazante de la ex ministra Marcela Losardo en Justicia y Derechos Humanos de la Nación, tiene un motivo menos de preocupación. El kirchnerismo dispuso aquí de un laboratorio de avanzada para crear una Justicia a su imagen y semejanza. Tales experimentos llevaron incluso el año pasado a implantar un gajo fertilizado en esta jurisdicción, Daniel Bejas, en la poderosísima Cámara Electoral Nacional. Fue un premio para un juez que entre 2015 y 2019 soportó una tormenta de reproches opositores vinculados a los antecedentes peronistas y alperovichistas de su curriculum.
La Justicia Federal de Tucumán expresa tan bien la política judicial del oficialismo que hasta desmiente el discurso del presidente Alberto Fernández. Este mandatario impulsa una reforma con un aumento extraordinario de cargos al solo fin de licuar el poder monstruoso concentrado en los Tribunales porteños identificados como Comodoro Py. Según la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, esa sede sería el epicentro del lawfare tramado en su contra por magistrados, periodistas, un sector de la oposición y los Estados Unidos. El argumento de la licuación que vale para Py aquí no importa, ¿tal vez porque en este lejano Norte nadie juega con el filo de la independencia judicial?
El caso del Juzgado Federal N°3 es un ejemplo elocuente de que la concentración de causas interesa si -y únicamente si- avanzan las investigaciones sensibles. Creada en 2013 con el objeto de descomprimir los despachos de primera instancia en manos de Bejas (N°1) y de Fernando Luis Poviña (N°2), esta unidad parece destinada a existir como mera abstracción legal. Cayeron en el olvido las premuras de los jubilados hoy “condenados” a juicios de extensión irrazonable o la impunidad de los narcos que habían motivado la ampliación de los Tribunales. La terna de candidatos a juez N°3 ingresó hace cuatro años al Poder Ejecutivo: cuando el ex presidente Mauricio Macri se inclinó por el concursante curtido en vetos, el funcionario de la Fiscalía Federal N°1, José Manuel Díaz Vélez, ya era tarde. Ante la posibilidad de recuperar el Gobierno, los senadores peronistas se habían unido para impedir nuevas designaciones. Ello permitió a Fernández “rescatar” en enero de 2020 alrededor de 200 nombramientos retenidos en la Cámara Alta, entre ellos el de Díaz Vélez y otros cinco para Tucumán.
Los hechos acaecidos en esta primera parte del mandato sugieren que el Presidente cubrirá las vacantes contra las preferencias del macrismo y que, allí donde eso no sea posible, dormirá las ternas sine die a la espera de que perezcan por “causas naturales”. El ascenso de Bejas, candidato descartado en su momento por el ex jefe de Estado, acredita la primera tesitura. Lo mismo que el desplazamiento de Vanessa Lucero para la Defensoría Oficial ante el Tribunal Oral (TOF). A Lucero no le perdonarían un servicio breve como asesora del diputado radical José Cano. El veto a esta funcionaria con perfil crítico comportó un costo para la posición oficial que defenestra el machismo: Lucero demandó a Fernández por haber escogido al tercer aspirante, Mariano Galleta, pese a que ella encabezaba la terna y a que no hay defensoras oficiales de la Nación en Tucumán. Los esfuerzos por detener este nombramiento fueron en vano. Poviña, quien aspira a ser camarista federal y hoy debería rendir el examen correspondiente, rechazó la cautelar y aún no resolvió el planteo de discriminación de fondo.
Un abogado autopostulado príncipe del foro asegura que la historia de Mario Leal desnuda la filosofía institucional del Gobierno. La escasez de magistrados y el desinterés por llenar las acefalías con el método constitucional, el único que garantiza las condiciones para la imparcialidad, llevó a los camaristas Ricardo Sanjuan, Marina Cossio y Gabriel Casas (TOF) a reiniciar los interinatos de los subrogantes Hernán Frías Silva (h) y Jorge David contra la ley que especifica que dichas suplencias caducan a los dos años sin más trámite. A instancias del fiscal federal general, Gustavo Gómez, la Cámara de Casación Penal certificó la ilegalidad de las extensiones acordadas a Frías Silva (h) y a David, quienes habían sido ubicados en la precariedad de la precariedad, y anuló una sentencia firmada por aquellos. El fallo de este tribunal sospechado de lawfare ¿coincidió? con el súbito apuro del oficialismo de concretar una de las dos designaciones en propiedad para la Cámara Federal pendientes desde 2018. El pliego de Leal, quien en el auge de La Cámpora en la Universidad Nacional de Tucumán se plegó al movimiento afín a la actual vicepresidenta, circuló por un tren bala: en cosa de días se incorporó al estrado de Cossio y de Sanjuan.
Como aparentemente no habría un “Leal” en las propuestas que confeccionó el Consejo de la Magistratura de la Nación para el Juzgado N°3 y la otra vacancia de la Cámara Federal, la cartera que Soria asumiría esta semana tendrá que fabricar uno entre las opciones disponibles, o bien sentarse sobre las ternas antipáticas y dejar que el tiempo haga su tarea. Esta pasividad desconcierta a quienes se preguntan por qué el Poder Ejecutivo estira la cobertura de la Fiscalía N°3 cuando se supone que allí sí hay candidatos con las credenciales requeridas por el kirchnerismo o de la Defensoría de la Víctima, cuando en principio ese despacho luce irrelevante. La inacción contrasta con la inscripción multitudinaria a los concursos para el TOF, el tercer cargo en la Cámara Federal y el ex Juzgado N°1 de Bejas. ¿Se verán estos procedimientos afectados por el reordenamiento de consejeros de la Magistratura que ocasionó la aversión a Soria? Una suspensión masiva de las coberturas podría dejar literalmente sin Justicia Federal a la provincia porque en simultáneo con la pugna por ocupar los puestos se desarrolla otra por desocuparlos a partir de las intimaciones dirigidas a quitar a la judicatura el acceso a las jubilaciones más altas del catálogo de la Anses. Este sacudón podría precipitar la renuncia de entre cinco y seis de los 12 integrantes del sistema judicial encargado de investigar y sancionar los delitos cometidos en Tucumán por el crimen organizado.
