Paraná.- La Policía entrerriana realizó ayer sin éxito nuevos rastrillajes para dar con pistas concretas que permitan esclarecer el secuestro de la adolescente Fernanda Aguirre, de 13 años, ocurrido en julio en San Benito.
Fuentes policiales indicaron que los nuevos procedimientos se realizaron en la capital entrerriana y que consistieron en rastrillajes y allanamientos, llevados a cabo especialmente en la casa del matrimonio Lencina, los principales sospechosos.
Además, los uniformados indicaron que también se requisaron zonas cercanas a ese lugar, donde existe un monte con arroyos y cañadas. Los operativos de búsqueda en ese sector fueron motivados luego de las declaraciones de Mirta Chaves, la viuda de Miguel Lencina. La mujer dijo que su marido ató a Fernanda a un árbol, en el que murió ahorcada mientras intentaba zafarse.
No obstante, para aclarar algunos aspectos vinculados con esta declaración, la Justicia Federal llamó a declarar a los familiares del principal sospechoso, hombre que apareció ahorcado en la celda donde estaba alojado. Entre los familiares de Lencina convocados está el sobrino, quien dijo haber visto cómo su tío llevando por la fuerza a Fernanda a una tapera cercana al cementerio.
En Termas de Río Hondo, por otra parte, el juez Rafael Macoritto le tomó declaración a Carlos Leguizamón, encargado del prostíbulo "Las Gatitas Mimosas", y también a la supuesta dueña, la detenida Mariana Gómez, quienes podrían ser imputados por corrupción de menores. (C y NA)
Quieren un "defensor del niño"
El secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Bernardo Lobo Bugeau, propuso la creación del cargo de "defensor del niño", para que se encargue exclusivamente de atender los problemas relacionados con menores. El funcionario se sumó a la polémica sobre la supuesta existencia de redes de prostitución y afirmó que sí existen. De esta manera, contradijo los dichos de policías que aseguraron que la presencia de adolescentes en estos locales obedece a situaciones circunstanciales.
Además, propuso que sean considerados imprescriptibles los delitos relacionados con la corrupción de menores. También promueve la separación de los ministerios públicos de la órbita judicial, y que los municipios asignen partidas para crear oficinas defensoras de los derechos del niño. Lobo Bugeau culpó de esta situación a "la inacción estatal". "Se viven las consecuencias del neoliberalismo, que desguaza al Estado, fraccionando los organismos investigativos", señaló. "Hay causas no esclarecidas porque se investigaron con criterios anacrónicos", añadió.