El juez Juan Francisco Pisa terminó asediado por el costado menos pensado: la atención o la desatención de la violencia de género. Algunos consideran que ese ángulo ligado a la criminalidad común fue un acto de justicia poética respecto de quien históricamente había fallado como querían los poderosos. Pero Pisa se presentó ante la comisión de Juicio Político de la Legislatura como víctima de una doble injusticia. Por un lado reivindicó su apego a la perspectiva de género y aseguró que el “único caso” de Paola Tacacho en el que intervino no estaba vinculado a esa categoría, sino que, según su criterio, se trataba de una hipotética desobediencia judicial atribuida al femicida Mauricio Parada Parejas cuya ofendida era “la administración pública”. Más allá de que Pisa separó el quebrantamiento de la imposición de la imposición misma -una restricción de acercamiento a Tacacho que podría haberle salvado la vida-, el todavía juez alegó que no entendía por qué él era el único llamado a dar explicaciones si había otras 12 causas penales (14 en total) iniciadas por el mismo motivo.
Es verdad que los promotores de la destitución de Pisa no han revelado el mismo interés por esclarecer las responsabilidades del resto de los integrantes de los Tribunales que desampararon a Tacacho. Ni siquiera hay claridad acerca de quiénes son y qué hicieron. La Legislatura no formó una comisión investigadora; la Corte no consigue acceso a los casos en poder del Ministerio Público Fiscal -los solicita desde noviembre- y este organismo comunicó que “el asunto atañe exclusivamente a la víctima”. En paralelo, LA GACETA empezó a difundir los detalles de las 13 causas penales “Tacacho” en una serie de publicaciones que denotan procederes irrazonables, como la decisión de la fiscala Adriana Reinoso Cuello de archivar la primera denuncia sin investigar a Parada Parejas, pero tras solicitar para él una restricción de acercamiento por un plazo indefinido. O la circunstancia de que, antes de que la fiscala dijera que los hechos no configuraban “delitos”, Tacacho ya había iniciado otro caso para advertir que su agresor seguía acechándola, pero, en una desconexión indigna de los tiempos del big data, la acusación fue a parar a otra fiscalía, la de Diego López Ávila, donde permaneció dos meses a la espera de la resolución de un conflicto de competencia con una tercera fiscala, Carmen Reuter.
La divulgación de este segundo expediente pone en cuestión un aspecto de la explicación que Pisa ofreció a los miembros de la comisión de Juicio Político. Textualmente dijo: “el hecho intimado (por López Ávila) no menciona a Tacacho como víctima mujer vulnerable, ni se percibe la causal de violencia de género”. Resulta que de otras piezas del expediente sí surge que Parada Parejas atemorizaba a la profesora de Inglés; que le hacía la guardia; que le mandaba mensajes obscenos con perfiles falsos de Facebook y que intentaba acercarse a ella por medio de su entorno. Y en el requerimiento de elevación a juicio desestimado por Pisa, el fiscal López Ávila mencionó que estaría probado el “hostigamiento constante”. Pero al juez nada de esto le hizo pensar que estaba en presencia de maltrato contra la mujer: por el contrario, objetó que el testigo citado no había sido preciso respecto del horario de una de las violaciones de la medida perimetral y desechó que hubiese pruebas para juzgar a Parada Parejas. Para pronunciarse, Pisa precisó ocho meses.
El análisis de las responsabilidades institucionales vinculadas a la joven que hizo todo como correspondía, pero igualmente fue asesinada, como la define un funcionario sensato, aparentemente cesó el 24 de febrero, cuando el gobernador Juan Manzur y la ministra Carolina Vargas Aignasse blindaron a Pisa. La conmoción que causó la aceptación de la renuncia condicionada a la percepción de la jubilación con el 82% móvil ocultó el detalle de que este funcionario cuestionadísimo iba a gozar también del limbo de máxima impunidad en el que quedan los magistrados que ya no pueden ser echados. Ese “no lugar” autoriza a incurrir en cualquier clase de excesos con la certeza de que nadie enjuiciará ni será capaz de retirar el beneficio previsional excepcional previsto para llevaron adelante el trabajo excelso de impartir justicia.
La norma otorga un plazo de 60 días hábiles (más de tres meses corridos) a Pisa para cumplir la condición a la que se supedita su renuncia, la liquidación del haber jubilatorio. Mientras tanto, el dimitente conserva sólo los derechos y privilegios inherentes a su cargo: el reclamo por el hipotético incumplimiento de las obligaciones no produciría efecto real alguno, más allá del simbólico. Un factótum de los Tribunales hoy situado en la vereda del frente del Poder Ejecutivo reniega en la calle porque, en función de su parecer, el mandatario y la ministra no hicieron lo mínimo que las circunstancias delicadas imponían: exigir a Pisa la presentación de una dimisión lisa y llana, cuya aceptación efectivamente lo envíe a la casa -y le impida seguir cobrando el salario de juez- y no, como sucedió, a continuar ocupando un puesto clave, como es el control de la mitad de las investigaciones preparatorias remanentes del Código Procesal Penal escrito y cerrado discontinuado el 1 de septiembre de 2020. Es decir, permanece sentado sobre la montaña de procesos que el legislador ultramanzurista Gerónimo Vargas Aignasse denominó “agujero negro” de la Justicia.
Un príncipe del foro colige que es fácil saber lo que pasará: alguien que se destacó por emitir resoluciones favorables al poder con el mayor secretismo seguirá haciéndolo hasta el final, ahora amparado en el descontrol absoluto. Las consecuencias de esta gestión aparecerán -si es que aparecen- cuando ya sea irremediable puesto que nadie sabe qué tipo de expedientes maneja Pisa. Tan juez sigue siendo que este mes la Corte hasta lo invitó junto a sus pares a un taller para aprender a dominar el estrés laboral. En otro episodio increíble “made in Trucumán”, “Pancho”, como lo llaman todos, está más pancho que nunca.
