Inflación: no sólo deben controlar, sino también bajar la carga impositiva, dicen los industriales

Referentes tucumanos hablan sobre el sistema de informes promovido por el Gobierno nacional.

Jorge Rocchia Ferro, UIA Jorge Rocchia Ferro, UIA

No están en desacuerdo con el control sobre la producción como tampoco con la fiscalización de las cantidades vendidas. Pero sí ponen reparos a la hora de poner los precios bajo la lupa porque, según entienden, gran parte de la cadena industrial y comercial en provincias como Tucumán no son formadoras de precios. En todo caso, para bajar la presión inflacionaria, consideran que el Gobierno debería revisar más la cuestión impositiva que, en muchos casos, encarece los productos que llegan a la mesa de las familias argentinas. Las opiniones son casi coincidentes entre los principales referentes del sector privado tucumano. El Gobierno nacional difundió hoy los lineamientos del Sistema Informativo para la implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), con el que obligará a grandes empresas del comercio, la construcción y la industria a otorgar información sobre precios y cantidades vendidas para hacer "más sencilla y transparente la cadena de comercialización" en el mercado interno.

Según la resolución de la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, la primera etapa de la iniciativa oficial alcanzará a firmas del sector alimenticio, materiales para la construcción, electrodomésticos y electrónica, químicos y muebles, entre otros. El objetivo oficial es combatir lo que observan como subas injustificadas de precios y se respalda en una decisión que el área dirigida por Paula Español había adoptado el mes pasado tras imputar a grandes empresas de alimentos por "retención en sus volúmenes de producción o falta de entrega de determinados productos de consumo masivo para su comercialización".  Se quiere evitar desabastecimiento de ciertos productos y combatir las distorsiones de precios.

Según el Gobierno, la información mensual que se suministre, del 1 al 10 de cada mes, sobre precios, transacciones, stocks en los distintos eslabones de la cadena de comercialización (producción, distribución y comercialización) tendrá "carácter reservado y confidencial".

Lo que se inicia con las grandes empresas continuará con las otras etapas de comercialización, advierten los hombres de negocios consultados por LAGACETA.COM. "Creo que es una buena noticia que el Gobierno nos pida un informe mensual sobre los costos, porque de esa manera se darán cuenta de que la industria está perdiendo plata con mayores costos laborales, de producción, de insumos, por el pago de facturas de servicios, en un marco de mayor presión fiscal", dijo el presidente de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), Jorge Rocchia Ferro. Según el azucarero, el complejo industrial está trabajando por debajo de lo que se conoce como utilidad razonable, sacrificando activos para sostener la eficiencia productiva de los establecimientos. "En la actividad azucarera, por ejemplo, tenemos los mismos precios que el año anterior, pero los insumos han subido casi un 100% y, paralelamente, tenemos que hacer malabares para cumplir con los impuestos", indicó. A su criterio, el control de producción y de precios debería ser coordinado con entidades como las universidades o la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, con el fin de que se obtenga la mejor fotografía posible de los costos, la producción y los precios.

Emilio Luque, administrador de dos ingenios de una planta industrial alimenticia, coincidió con Rocchia Ferro respecto de que no habrá grandes inconvenientes para el Estado en su tarea de controlar la producción. "Todo se informa debidamente y hay controles cruzados del fisco, pero el Gobierno nacional debería trabajar más en la cuestión de precios, ya que la superposición de impuestos encarece cualquier producto", señaló. Por caso, mencionó que el alcohol que sale de una destilería factura Ingresos Brutos cuando sale y también cuando se manda a deshidratar a las petroleras. "No sólo este producto, sino otros sufren las consecuencias de la alta presión impositiva que tiene el país. En todo caso, la cuestión pasa por mejorar la administración de los recursos, para no cargar tantos costos sobre las espaldas del sector privado", remarcó.

Luque afirmó que los industriales están dispuestos a cumplir lo que haga falta, pero advirtió que el Estado debe analizar todo el escenario, porque los costos fueron creciendo de un año para el otro y esto repercute, indudablemente, en producción y en precios. "Por ejemplo, el año pasado el gasoil costaba $ 54 el litro y hoy está en $ 80 más IVA; los insumos están dolarizados y ahora tenemos que negociar paritarias. La gente tiene razón en decir que no les alcanza, pero no siempre los mayores costos deben ser asumidos totalmente por las empresas o por las industrias. Algún esfuerzo debería hacer el Estado para contribuir a un mayor bienestar de todos", fundamentó.

Sebastián Murga, presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, considera que gran parte del sector productivo, como el agro, no es formadora de precios. Coincidió con los otros referentes del sector privado en lo difícil que resulta producir en un país en el que las semillas y los fertilizantes están dolarizados, mientras que el sector privado vende en pesos. Respecto del sistema de información mensual, Murga expresó que cualquier empresa tiene mensualmente un esquema de costos y de producción, por lo que no habrá contratiempos para cumplir con esa parte del SIPRE. Sin embargo, apuntó que esto puede generar un sobrecosto por la burocracia que puede demandar el sistema, además de el trabajo extra que tendrán los contadores que trabajan para tener toda la documentación en regla. "Uno observa que la leche sale del tambo a $ 25 y en la góndola se paga $ 80 u $ 85 el litro; o que un productor vende la carne a $ 170 y cualquier consumidor paga entre $ 700 y $ 800 ese mismo corte y que el trigo representa un 20% del valor del kilo de pan. Está claro que los impuestos representan casi el 50% de ese precio; entonces se requiere más responsabilidad del Estado a la hora de gastar, para que sea más eficiente y no tan grande, y deje de castigar con más impuestos a la actividad privada. Hay que buscar un mayor equilibrio fiscal", finalizó el titular de la Rural.

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