Los brutales ingresos brutos

Los tucumanos somos acosados por el impuesto más regresivo, inequitativo y abusivo que se conoce: el impuesto a los ingresos brutos tanto provincial como municipal. El provincial es regulado por la Ley Federal Convenio (Nación y provincias) N° 23.548 en tanto que el municipal denominado TEM resulta absolutamente contrario a la doctrina sentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en numerosos fallos porque tal impuesto solo está permitido -por vía de excepción- a los estados a provinciales, ya que se superpone con IVA, impuesto nacional coparticipable al consumo. Esta permisión a la provincia establecida en el art. 9 inc. b de la ley federal indicada se ha convertido en un abuso contra los contribuyentes.

El impuesto se denomina ingresos brutos, pero esa no es la causa que lo origina: los ingresos sólo son la base del cálculo. Es un impuesto a los consumos empleado en forma abusiva por el fisco provincial y en forma inconstitucional por la municipalidad (TEM), con la anuencia escandalosa del tribunal cimero local, que prueba con sus fallos una hegemonía de subordinación a la política fiscal dictada por el Gobierno provincial y la crisis republicana. Así se homologan leyes inconstitucionales emanadas de la Legislatura y de los concejos deliberantes en función de los proyectos que envían los respectivos ejecutivos. La alícuota general de este impuesto en Tucumán se encuentra entre las más altas del país. Y hay una mala noticia: en estos momentos se encuentra en tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de Nuevo Pacto Fiscal que autorizará a los gobiernos provinciales a elevar, por un año, al máximo las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos.

Por ser un impuesto a los consumos, lo paga el consumidor. Luego, el que tiene capacidad de ahorro, no paga por el porcentaje que ahorra, sino sólo el valor de lo que consume, y este porcentaje es igual para el más rico y el más pobre. Paga igual un jubilado que Rico McPato; un asalariado que Ricky Ricón, un desocupado que Bill Gates. Al comprar un paquete de yerba, por ejemplo, todos pagan lo mismo. Así, el principio del artículo 16 de la Constitución Nacional es violentado (“la igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”), al igual que el principio tributario que de que el que más tiene, más paga. Y estos principios nos vienen de Juan B. Alberdi, no de Carlos Marx: son la base de la tributación en una sociedad capitalista. Tanto el fisco provincial como el municipal gravan con este impuesto a los consumos a los medicamentos; a los sistemas de seguros de salud prepagos, que no son pagados por las empresas, sino que son cobrados en el precio al consumidor final, o sea, al pobre y sufrido ciudadano.

El comerciante no paga el impuesto, sino que lo cobra al consumidor dentro del precio. El consumidor es el pagador. Además, el fisco acumula cobros a costa del mismo contribuyente: cobra el impuesto de la venta de fábrica al mayorista, pero este pago se incorpora al precio al que el mayorista, a su vez, vende al minorista y este repite la carga como precio al consumidor final y único pagador de la cadena acumulada. Desde la fábrica hasta el minorista, no pagan realmente el impuesto, sino que todos lo acumulan en el precio que finalmente abona el consumidor. Es un impuesto acumulativo y distorsivo de precios: su magnitud explica, en buena medida, las diferencias de precios con iguales productos en plazas externas.

Ahora la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, mediante la Ordenanza 5.101 sancionada el 22 de diciembre de 2020, ordena cobrar el TEM a las profesiones liberales: este avance sin antecedentes lleva a esta medida de recaudación a un extremo de arbitrariedad inédito.

No es necesario esta enormidad para financiar el gasto púbico. Lo que sucede es que no existe política tributaria basada en los principios de la Constitución, sino un régimen arbitrario, inconstitucional, empobrecedor de la gente, donde los que más tienen pagan menos y los que menos tienen pagan más, y estos últimos son los verdaderos sostenes del gasto público. Acepto polémica con números en la mano.