Quieren acceder a la lista de inmunizados por una cautelar - LA GACETA Tucumán

Quieren acceder a la lista de inmunizados por una cautelar

Hay al menos tres denuncias penales por las irregularidades detectadas en la vacunación.

05 Mar 2021
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Vacunas contra el coronavirus.

Una denuncia penal se sumó a la presión que ejercen distintos sectores para acceder a la nómina de vacunados por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa). José Ascárate, legislador radical, solicitó a la Justicia Federal que obtenga dicha información mediante una medida cautelar en la presentación en la que requirió la investigación de “la vacunación fraudulenta” detectada en la provincia. Esta sería la tercera petición de investigación de supuestos delitos cometidos por autoridades públicas y particulares en la administración local de las inyecciones anti-covid-19: antes había radicado una denuncia en la misma institución judicial el médico Eduardo Gómez Ponce, ex director de Salud de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán. José María Canelada, legislador radical, también denunció a la ministra Rossana Chahla y a sus alfiles en el Siprosa, el médico Luis Medina Ruiz y el contador José Antonio Gandur. “Hay pruebas de que el vacunatorio VIP se replicó en Tucumán. Las autoridades no contestaron mis pedidos de informes y en las entrevistas no hicieron más que contradecirse al hablar de los casos que se filtraban”, dijo Canelada.

Más allá de pedir una medida cautelar, Ascaráte y el abogado Alejandro Javier Turbay explicaron por qué consideraban ilegales, ilegítimos y fraudulentos los casos de funcionarios públicos vacunados “en forma privada” (ver por separado el informe acerca de la agente estatal Iliana Gandur, la tercera hija del secretario del Siprosa, José Antonio Gandur, inmunizada con esta metodología). “Estas personas no reunirían los requisitos legales ni éticos para la colocación de la vacuna contra la covid-19 según el Plan Estratégico emitido por el Ministerio de Salud de la Nación el 23 de diciembre de 2020”, apuntaron.

Ascárate y Turbay refirieron que la legislación establecía el acceso gratuito y con “equidad social” a la inmunización. Y dijeron que, en el específico caso de la pandemia, el Gobierno había establecido un esquema de prioridades según el riesgo de enfermedad grave, y por la exposición y función estratégica. “El escalonamiento y la prioridad responden así a cuestiones de interés público, y dieron por resultado el siguiente orden de vacunación: 1) personal de la salud (escalonado en función del riesgo de la actividad); 2) adultos a partir de los 70 años; 3) adultos de 60 a 69 años; 4) fuerzas armadas, de seguridad y personal del servicio penitenciario; 5) adultos de 18 a 59 años de grupos de riesgo; 6) personal docente y no docente y 7) otras poblaciones estratégicas definidas por las jurisdicciones según la disponibilidad de dosis”, agregaron. Ascárate y Turbay expresaron que esta reglamentación era suficiente para advertir las anomalías. “Los hechos informados por la prensa dan cuenta de que personas que revisten la condición de funcionarios públicos, que no reúnen los requisitos, habrían obtenido ilegal e ilegítimamente la vacuna”, insistieron.

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