Disciplinamiento con remachadora - LA GACETA Tucumán

Disciplinamiento con remachadora

22 Feb 2021 Por Irene Benito

Enrique Pedicone está persuadido de que perdió su puesto en la Justicia y los beneficios superlativos que este acarrea por haber honrado el juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución “caiga quien caiga”. Por ahora cayó él. Este desenlace sin duda regocija a los componentes del orden que aquel amenazaba, incluidas las capas tribunalicias incómodas con su presencia. A esa mirada victoriosa un príncipe del foro le opone esta otra: el ex magistrado logró lo que ninguno de sus pares en cuanto a la exposición de los peligros que entraña el ejercicio de la imparcialidad. Para esa perspectiva es un espanto que echen a un juez por ser lo que debe ser, pero más espantoso resulta desempeñar la magistratura cuando no existen condiciones para hacerle los honores. Pedicone podrá ser criticado por su estilo peculiar e imprevisible, pero no por no haberse “jugado” en una cancha institucional y política tan inclinada en su contra que terminó por caérsele encima, con el abogado Javier Critto como ejecutor del golpe de gracia.

Los reproches que dieron pie al despido merecen un párrafo aparte. Alberto Binder, gurú del derecho procesal penal argentino y progenitor del sistema vigente en el fuero local desde septiembre, considera que, en pos de echar a Pedicone a como dé lugar, el oficialismo sentó precedentes que agravan los condicionamientos enormes que ya penden sobre el Poder Judicial. Dicho de otra manera, el cajón de herramientas de disciplinamiento incorporó una remachadora. Bastará que un sector de la Corte saque administrativamente a un magistrado de una feria o una “actuación sin competencia” de parte de aquel para que arrecien los pedidos de destitución. A los consabidos temores existentes para intervenir en las causas sensibles, que de consuno implican una rueda inacabable de inhibiciones, se añade este nuevo motivo de parálisis. El enjuiciamiento pedagógico recordó a los jueces el valor del “no te metas”: mientras ellos más vueltas den, mayor será la desprotección de la ciudadanía, en especial de las víctimas que la mayoría del Jurado “tuteló” en el tercer y último cargo admitido contra Pedicone.

Para marginar a este juez “problemático”, la Legislatura se vio obligada a tender la alfombra roja a un grupo de individuos ansiosos por descargar su ira contra el último eslabón de la cadena de seguridad puesto que la Justicia interviene en el crimen consumado y cuando han fracasado todos los mecanismos de prevención que dependen del Gobierno. Es curioso: a Pedicone se lo acusó de “violar sistemáticamente los derechos de las víctimas”, pero la comisión legislativa de Juicio Político no presentó testigos para sustentar esa objeción ni el Jurado admitió a los que propuso la defensa. En un rapto de sinceridad, el único denunciante embanderado con ese cargo que asistió a la audiencia del veredicto interrogó públicamente por qué estaba ausente la supuesta masa de damnificados por el ex magistrado. Es una pregunta retórica que alienta las sospechas. Otra vez: será suficiente que un juez ponga límite a, por ejemplo, una pretensión de venganza desmedida para desatar una cacería en su contra. Binder sostiene que este es un ataque no a Pedicone, sino lisa y llanamente al Estado de derecho porque a la magistratura le incumbe arbitrar los intereses contrapuestos: es tarea de los fiscales el representar de manera cabal la posición de la víctima y darle participación en el proceso.

El discurso “províctima” del oficialismo exhibe inconsistencias elefantiásicas. Los mismos legisladores preocupados por la falta de escucha de Pedicone a quienes padecieron delitos redujeron el poder de esta parte mediante una reforma introducida en agosto al Código de Binder. Llamativamente, la mayoría dispuso que la omisión de oír a las víctimas ya no constituya una falta grave achacable al fiscal. Feneció -antes de su aplicación- el incentivo colocado para comunicar al ofendido la decisión de no investigar los hechos denunciados. Como si este puñetazo fuese leve, en diciembre el gobernador Juan Manzur vetó los artículos de una norma que devolvía a las víctimas algo del protagonismo perdido. El decreto en cuestión explícitamente alude a la intención “de no afectar las facultades del Ministerio Público Fiscal -a cargo de Edmundo Jiménez, cuya licencia covid-19 está próxima a cumplir un año- ni las garantías de los imputados”.

La coherencia ha muerto hace tiempo en Tucumán, pero no por ello la manipulación de las víctimas deja de ser un episodio doloroso. La exaltación de las que cuestionaron a Pedicone contrasta con la indiferencia, y hasta el desprecio de las autoridades por las que reclaman justicia en las puertas de los Tribunales y en la plaza, en algunos supuestos desde hace una década y media, como es el caso de Alberto Lebbos. Otros ejemplos poderosos de ese calvario son los denunciantes de los desarrolladores inmobiliarios fallidos Otto Fernando Barenbreuker (h) y Miguel de la Cruz Grandi.

El final del procedimiento de destitución de Pedicone combina con un trámite plagado de controversias. Hay situaciones absurdas: mientras Mariano Cúneo Libarona, el defensor del senador con licencia José Alperovich, despotricaba contra la cobardía de los jueces, la hija de su cliente, la legisladora Sara Alperovich, se unía al oficialismo y a Critto para “atentar” contra la independencia judicial, como definió Binder. En paralelo, uno de los dos jurados que votaron en disidencia, el vocal de la Corte, Daniel Posse, lamentó los déficits de publicidad advertidos durante el jury. Es una crítica escalofriante en el siglo XXI, pero muy a tono con la opacidad general de la institucionalidad “trucumana”. En esa asimilación del ex Jardín de la República con el califato tiene mucho que ver la abogacía, que es la profesión de los magistrados y, en general, la de los estructuradores del Estado. Son abogados la mayoría de los que desplazaron a Pedicone. Hay quienes ven en Critto un emergente de la claudicación del estamento que ha de bregar por el imperio del derecho. Aquella renuncia empezó en noviembre de 2019, cuando sólo el 13% de los matriculados cumplió con la obligación de elegir a sus representantes en el Jurado de Enjuiciamiento. De este desinterés paupérrimo en el organismo depurador de la Justicia proviene la mano que torció el pescuezo a Pedicone.

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