Los femicidios exigen cambios institucionales

Los femicidios exigen cambios institucionales

Los femicidios exigen cambios institucionales

Los femicidios nos indignan y causan dolor. El de Úrsula Bahillo (foto) se agrega a una larga lista, lamentable lista, que el Norte del país lidera con estadísticas que son incomprensibles cuando la realidad indica que se pudo actuar de otra manera.

A inicios de febrero, en Tucumán se registraron tres femicidios, dos muertes violentas y cinco intentos de femicidios -dato que se comenzó a registrar en la pandemia por la cantidad de casos que no llegaron a concretarse, pero que generaban una importante alerta-. Los registros de organizaciones no gubernamentales indican que, en lo que va de 2021, hubo en la Argentina un femicidio cada 27 horas y el 12% de los femicidas pertenecía a una fuerza de seguridad.

Tras la muerte de Úrsula en Rojas, provincia de Buenos Aires, tal como sucedió en nuestra provincia con Paola Tacacho, surgieron numerosas fallas en los caminos que unen a las fuerzas de seguridad con la Justicia. ¿Se pudo haber evitado? Sí.

Bahillo realizó 18 denuncias contra su agresor. Tacacho había realizado 14. Ninguna de las denuncias avanzó en defensa de la víctima. Paola Tacacho actuó siguiendo los pasos que debe realizar una víctima de violencia, pero su femicida fue sobreseído. Una vez por el juez Juan Francisco Pisa quien, tal como publicó LA GACETA el sábado 13 de febrero, criticó los motivos del juicio político que se lleva adelante en su contra y dijo ser atacado “injustamente” por haber beneficiado al femicida Mauricio Parada Parejas en una de las 14 causas que promovió sin éxito la víctima Paola Tacacho.

Los registros de organizaciones civiles indican que, en lo que va de 2021, hubo en la Argentina un femicidio cada 27 horas: el 12% de los femicidios pertenecía a las fuerzas de seguridad

Todos estos fríos números nos dan un panorama de la complejidad sociocultural de la violencia machista y permiten graficar cómo funciona el sistema estatal que no termina de aceitarse para defender al más débil.

Las políticas públicas son necesarias, la implementación de la Ley Micaela es necesaria, y todo representa un punto de partida para pensar qué otras acciones se pueden sumar al abordaje que se viene desarrollando desde una mirada integral y articulada entre estas instituciones claves en resguardar la seguridad de los ciudadanos.

Tanto la Justicia como la Policía deben trabajar de manera coordinada en estos casos que conmocionan una y otra vez a la Argentina. El próximo miércoles el país se movilizará por el femicidio de Úrsula y ahí estará también el latente reclamo en conmemoración de muchas otras mujeres para que no suceda más esta inacción de los organismos del Estado.

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