Esa mala palabra en tiempo electoral

Los años electorales suelen ser de expansión en el gasto. No importa qué signo político gobierne en la Argentina, siempre hay más propensión a la emisión monetaria -si se trata del Gobierno nacional- y al incremento de partidas para asistencia social -en el caso de las provincias-. Claro que en períodos como el actual, de pandemia de la Covid-19, todo se potencia y, en definitiva, las mayores erogaciones deberían enfocarse en atender la crisis sanitaria y sus derivaciones: incremento de la pobreza, aumento del desempleo o caída del poder adquisitivo de la sociedad.

Transcurrido el primer mes de este 2021 de elecciones, el gobernador Juan Manzur ha cosechado promesas nacionales para la ejecución de obras públicas, con financiamiento federal y con préstamos internacionales, para empezar a recuperar la imagen de una provincia que no ha logrado posicionarse, por el lado de la infraestructura, como el eje regional que supo ser. Pero estas ayudas de la Casa Rosada no son gratuitas. Más allá del sentido de pertenencia al proyecto político que encabeza el presidente de la Nación, Alberto Fernández, la administración provincial tiene que comenzar a hacer los deberes fiscales para cumplir lo que el Ministerio de Economía de la Nación ha planteado como una medida de fondo: las restricciones al gasto público, no sólo en el orden nacional sino también en las conductas financieras de cada uno de los 24 distritos de la Argentina. La premisa del área que conduce Martín Guzmán tiene un objetivo: mostrarle al FMI que, esta vez, será distinto y que el país puede regenerar la capacidad de pago para llegar a un acuerdo, antes de que deba pagarse una cuota millonaria al Club de París, en mayo próximo.

La palabra ajuste, mala en períodos de elecciones, comienza a rondar en la cabeza de los funcionarios que buscan sinónimos y eufemismos para disimular el escenario que se avecina. En la práctica, aquellas correcciones ya están en marca. Una prueba de ello es el incremento permanente que ha tenido el precio del combustible durante el primer mes del año. El otro está relacionado con el reacomodamiento de las tarifas de los servicios públicos privatizados. De a poco, el Poder Ejecutivo nacional está permitiendo las readecuaciones y ese proceso, al menos, continuará justamente hasta mayo. Luego sería un gran escollo electoral. Ni el Presidente ni los gobernadores quieren llegar a agosto, menos a octubre, con un pésimo humor social que luego impacte en las urnas. En el medio, habrá paritarias. Los gremios estatales vienen reclamando una mejora similar a la inflación acumulada hasta fines de diciembre, es decir, de un 36% como piso. En la Casa de Gobierno creen que no están en condiciones de otorgar tal incremento. El argumento oficial es claro: más del 56% del total de gastos previstos para este año, estimados en $ 215.000 millones, se destina al gasto en Personal. Un reajuste en las remuneraciones con aquel porcentaje implicaría una erogación extra que rondaría los $ 2.300 millones mensuales (casi el mismo monto que recauda Rentas en ese período).

La situación se complica más porque las dos áreas esenciales demandan, al menos, que el Gobierno les reconozca el esfuerzo realizado durante la pandemia: Salud y Seguridad. A ellos se suman los docentes, que vienen siguiendo de cerca los anuncios respecto del posible inicio de clases, con un esquema dual (presencial y virtual) a partir del 1 de marzo. Esta semana se realizarán los primeros contactos previos a las paritarias. El Gobierno recibirá a los sindicalistas, en el mes en que la administración pública provincial vuelve a la nueva normalidad, con el fin de las licencias masivas.

El primer mes del año, a su vez, ha dejado un indicio de lo que puede ser la evolución de los precios para el resto del período: una inflación que rondará el 4%, particularmente por el incremento en el precio de los alimentos. Eso, a su vez, implica una mayor probabilidad de crecimiento del nivel de pobreza y de indigencia. Sucede que las familias tucumanas destinan más del 46% de sus ingresos a cubrir las necesidades alimentarias, en un escenario en el que el poder adquisitivo viene acumulando alrededor de 40 meses de caída consecutiva. Si a alguien beneficia la inflación, el Estado es uno de ellos. Una devaluación de la moneda licúa el endeudamiento público que, en el caso tucumano, asciende a los $ 27.000 millones.

¿Qué debería hacer Tucumán si Guzmán reclama ajuste a las provincias? Desde hace años, el Ministerio de Economía aplica dos medidas. La de mínima, que implica un ahorro del 5% del gasto (este año serían $ 10.700 millones); la de máxima, contempla un ajuste del 15% de las partidas, esto es $ 32.000 millones, tomando como base el Presupuesto vigente. La mochila que dejó 2020 no ha sido tan mala como el propio Manzur había proyectado hace seis meses (déficit de unos $ 18.000 millones). La ayuda de la Rosada contribuyó a disimular un rojo financiero en las cuentas públicas para el año de la pandemia. Manzur arrancó el año electoral con cierto oxígeno fiscal. Una prueba de ello es que el pago de los salarios estatales se ha realizado sin apelar, al menos públicamente, a la gran mano federal. Pero una golondrina no hace verano, más en un año electoral, de tentación para aumentar el gasto.