Por Homero Terán Nougués
29 Enero 2021
VIVIENDA. Así era la casa de la denunciante antes de que la tiraran abajo.
Teresa Jesús Caro, mayor de 80 años, denunció en 2017 que un hombre usurpó sus tierras y hoy, más de tres años después, no logra recuperar el terreno, según explicó Juan Sebastián Bauque, abogado de la víctima, a LA GACETA, luego de leer el caso de Gabriela Peralta publicado en la edición de ayer.
La mujer, a mediados de 2017, debió salir de su casa, ubicada en la localidad de Atahona (Simoca), para realizarse una serie de estudios médicos en la capital tucumana durante algunos días. Al volver a la propiedad donde vivía con dos hijas (una discapacitada) y dos nietas, se encontró con tractores, camionetas, autos y cerca de 10 personas adentro que habían instalado una casilla, según el abogado, muy similar a la que ubicaron en la propiedad que sería de Gabriela Peralta. Al parecer, los sujetos estarían comandados Jorge Antonio Bravo, que sería un hombre conocido por causas de usurpación de tierras.
“Al preguntar qué hacían en su casa, Bravo le dijo que era el propietario y que había iniciado un amparo de simple tenencia ante la jueza de Atahona, María Inés Juárez Chale. La señora Caro, como es mayor, llamó a sus familiares y fue a la comisaría de Simoca a denunciar la usurpación y al Juzgado de Paz de Simoca para hablar con la jueza y ver qué estaba pasando en su finca de poco menos de 20 hectáreas”, dijo Bauque.
Luego, la familia de la víctima también presentó un amparo de simple tenencia, sustentado con boletos de compraventa del terreno.
“El señor Bravo adjuntó unos boletos de compraventa truchos. Aparecía en esos documentos que el esposo (ya fallecido) de la señora Caro le había vendido la finca. Pero en la fecha en que hace aparecer esos papeles el esposo de Caro ya estaba muy enfermo y murió a los pocos días, nunca hubiera vendido esas tierras porque es donde vivía”, aseguró.
HECHA AÑICOS. Una mujer acudió a la Justicia para denunciar una usurpación de tierras y el denunciado le habría tirado abajo su vivienda, en Simoca.
Tiempo después, la jueza salió favorable al presunto usurpador: “hace esto porque se entrevista con dos personas que encuentra misteriosamente en la ruta y le dijeron que Bravo había vivido ahí, cosa que es falsa porque él se dedica a la agricultura y vive en Burruyacu”.
Ante esto, la víctima presentó una denuncia en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia contra la jueza, ya que creyó ver una manifiesta parcialidad en favor del supuesto usurpador. Además, iniciaron una causa penal por usurpación de tierras que fue tramitada en la Fiscalía de Monteros.
La fiscal encargada citó a ambas partes, Bravo y Caro, quienes presentaron la documentación que tenía para justificar sus acciones. “Bravo llevó unos títulos raros, unos boletos en los que supuestamente el esposo de Caro apoyaba su dedo pulgar y no firmaba los documentos, raro... Es más, ese año falleció y había estado postrado y ciego los últimos meses de vida, es imposible que haya vendido algo”, insistió Bauque.
Desalojo violento
Luego de las presentaciones ante la Justicia, Caro y el grupo de presuntos usurpadores vivían en la finca a la espera de la resolución judicial.
Cuando la jueza de Paz, Juárez Chale, hizo lugar al amparo del usurpador salió una orden de desalojo, por lo que fue la Policía y exigió a Caro que se retire.
En ese momento, según denuncia la familia de la víctima, los policías actuaron con malicia. Habrían tirado todas las pertenencias de Caro fuera de la finca: heladera, cocina, garrafa y las pequeñas cosas que ella guardaba en el humilde hogar. “La dejaron tirada como si fuera una delincuente, a la vera de la ruta en un camino de tierra, un lugar inhóspito. Hasta golpearon a la señora a sus 80 años”, relató con dolor el abogado.
Ese mismo día, habrían llevado una máquina topadora al lugar, con la que tirarían la casa en que vivía Caro hasta reducirla a escombros. También, habrían talado todos los árboles que había alrededor de la casa, con el aparente objetivo de sembrar la tierra.
La causa fue trasladada para ser tratada como un problema Civil -y no Penal- por el hecho de que ambas partes presentaron documentación del lugar. “Mi clienta no está en condiciones de afrontar un juicio civil que podría durar años. Es una mujer grande”, concluyó Bauque.
Deterioro
Ante este hecho, Caro fue hasta Palominos, un pequeño paraje de Simoca, donde vive con sus hijas y nietas en un lugar que le prestaron.
“Está muy mal desde que perdió su tierra. Se crió y vivió con su esposo toda la vida ahí. Y por un tipo que fue a apropiar su casa, puso plata a la jueza de Atahona y a los vecinos para que digan que él vivía ahí, ahora mi mamá está sin hogar”, dijo Laura Lezcano, hija de la víctima, en una entrevista telefónica con LA GACETA.
La situación, el estrés y el tiempo, le pasan factura a Caro, que aún sueña con recuperar su finca. “Hace tres años que está en Palominos, cada vez más enferma. Está sufriendo porque quiere recuperar sus tierras”, finalizó Lezcano.
Propuesta “anti tomas”: el legislador presentó el proyecto en 2020
Ante las últimas noticias de usurpación en Tala Pozo (Burruyacu) y los robos en Mista (Leales), el legislador Raúl Albarracín destacó la importancia de regular la situación. La idea de la propuesta es la conformación de un “equipo anti tomas” y surgió como respuesta a las usurpaciones del año pasado; está inspirado en una Ley que rige en Mendoza y contempla un equipo interdisciplinario. El objetivo sería evitar que se consuma el delito. “Muchas veces la falta de coordinación y esperar los procesos ordinarios hacen que el delito se produzca y eso queremos prevenir porque cuando se produce el desalojo, por más que sea legal, también genera situaciones traumáticas”, explicó el legislador. La idea fue acompañada por los legisladores Walter Berarducci y José María Canelada; con el apoyo de Gerónimo Vargas.
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